La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y portavoz, Rosa Valdeón, ha reclamado este jueves al Consejo de Ministros de Europa que aborde el problema que vive el sector lácteo de todo el país «con seriedad» y «al más alto nivel» desde el reconocimiento de que a nivel autonómico no se puede hacer nada más que tratar de mediar y asesorar a las partes.
«La UE tiene que tomar la palabra», ha reiterado, quien ha recordado al respecto que Europa es mucho más que unificar políticas económicas sino que también es unificar respuestas a problemas concretos, como es este caso.
«No es un problema de Castilla y León; es un problema de toda España y de Europa», ha insistido Valdeón quien, tras insistir en esa intervención «al más alto nivel», ha considerado que tampoco es lógico que en Europa se permitan distintos enfoques y políticas, en referencia a la decisión de Francia de fijar unos precios mínimos para la leche sin que se haya considerado un obstáculo para la libre competencia, una medida que, según ha explicado, por la que podría optar España pero que no puede hacerlo porque es ilegal.
Valdeón ha expresado la preocupación de la Junta de Castilla y León por la situación que vive el sector de vacuno de leche de la Comunidad Autónoma ya que la bajada de precios que se ha producido tras la liberalización del sector el pasado 1 de abril no permite cubrir los gastos de producción lo que lleva a la inviabilidad de las explotaciones.
En este sentido y preguntada sobre si la Junta sigue defendiendo que la desaparición del sistema de cuotas es una oportunidad para los ganaderos de Castilla y León, como defendió el Gobierno autonómico hace cuatro meses, Valdeón ha reconocido que, aunque debería ser, con los datos de la situación actual «no lo es».
Rosa Valdeón ha aclarado al respecto que era «lógico» que se iba a flexibilizar el sector pero ha lamentado la «profunda» caída del precio de la leche que se ha producido en los últimos meses. La vicepresidenta ha abogado en todo momento por la importancia de que se pueda alcanzar un «gran acuerdo mínimo» entre los ganaderos y la industria transformadora desde la premisa de que en este sector «no puede perder nadie».
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