La comisión de Agricultura del Senado escuchó diversos planteamientos de sectores que acusan a la iniciativa de afectar la competencia e incrementar costos de alimentos.
Diversos planteamientos han realizado ante la comisión de Agricultura del Senado, algunas asociaciones gremiales respecto del proyecto de ley del gobierno que regula las transacciones de productos agropecuarios en busca de que el Ejecutivo perfeccione la iniciativa que cumple su segundo trámite legal.
Los ajustes son relativos al texto que establece en forma obligatoria un procedimiento de análisis de muestras y contra muestras de los productos agropecuarios que se transan en el mercado nacional y que no están regulados por una ley especial. En el caso de productos importados, se contempla la obligatoriedad al importador de obtener, conservar y presentar una muestra de dichos productos para su análisis en laboratorio.
La Asociación de Molineros del Sur planteó que el proyecto contiene “diversos vacíos claves de la comercialización de trigo y los procedimientos establecidos resultan muy engorrosos y solo harán entorpecer y encarecer fuertemente el proceso de comercialización del trigo nacional”.
Por tanto, plantean que para mejorar tanto los productos de la cadena como la transacción de ellos, resulta fundamental implementar una tipificación de las harinas y que ella sea de carácter obligatoria”.
En tanto, Iansa sostuvo en la comisión que el proyecto “debe necesariamente excluir los productos agrícolas perecibles y las transacciones de productos agrícolas que se realicen al amparo de un contrato suscrito previamente entre las partes”. Asimismo, plantean que “forzar la relación entre privados mediante la incorporación de figuras amparadas por una ley (veedor, laboratorio de ensayo arbitrador, laboratorio de calibración, contramuestra, entre otros) incrementa los costos de transacción y resta competitividad al país”. Por ello señalan que “al incrementar el costo de transacción se encarece el producto final, es decir se puede generar un alza en el costo de ciertos alimentos que afecte al consumidor final”.
Por su parte, la Asociación de Productores Avícolas (APA) sostiene que “la comercialización de maíz no tiene problemas de transparencia y por tanto, la ley debiera dirigirse a granos y lácteos, que los laboratorios de análisis deben ser acreditados, que los productos importados deben ser muestreados por el interesado para evitar discriminación” y estimaron los costos adicionales en 1,5 a 2,0 $/kg de maíz.
El Consorcio Agrícola del Sur indicó que en el sistema se deben incorporar los productos importados, que los laboratorios sean certificados según normas ISO o NCh; y que exista un poder notarial para la función del inspector delegado.
Defensa del sistema
El asesor legislativo del ministerio de Agricultura, Andrés Meneses, señaló que luego de recibir a los actores involucrados y recoger sus visiones “esta iniciativa ha encontrado un apoyo unánime de parte de las distintas organizaciones y representantes de agricultores, quienes además han hecho un valioso aporte a la discusión. Tales opiniones serán un insumo importante para perfeccionar el proyecto durante su discusión en particular, especialmente en lo que se refiere a mejorar algunas definiciones, así como también incrementar la expedición y reducir la burocracia del sistema”.
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