El gobierno enfrenta una alternativa compleja cuando inicie el lunes una serie de reuniones con los dirigentes del agro. Largueza oficial ante las demandas es más que improbable, dada la restrictiva situación fiscal. Pero si no colma en buena parte las expectativas de los productores, estallará nuevamente la latente y justa protesta agraria, que hasta hace poco convulsionó al país y amenazó la actividad continuada del principal rubro de la economía. Este primer encuentro de seis gremiales y el movimiento Un Solo Uruguay con ministros y otros jerarcas será de tanteo, como primer paso hacia la creación de varios grupos sectoriales de trabajo. Pero los dirigentes del agro esperan recibir de entrada señales de hacia dónde se inclinará la balanza en la atención a sus reclamos.
El inmediato es que el gobierno amplíe las modestas concesiones que anunciara para solo la lechería, los arroceros y los productores de legumbres y frutas. Esto supone la baja sin demora de las tarifas de energía eléctrica y del precio de los combustibles para todos los sectores del agro, medida costosa pero que el gobierno mal podrá eludir. Pero las exigencias contenidas de la proclama de Durazno, que los productores presentaron al presidente Tabaré Vázquez, incluyen otros puntos de manejo más difícil. Están dirigidos no solo a mejorar la rentabilidad rural sino también a reducir el agobiante peso del Estado sobre la totalidad de la actividad privada, tanto en el agro como en la industria, el comercio y los hogares.
Es comprensible que el gobierno haya descartado de plano el pedido de que se modifique la política monetaria para que un dólar más fuerte torne más rentables las exportaciones y reduzca costos internos en moneda nacional. Acceder a esta demanda significaría desequilibrar una política en la que incide un cúmulo de factores. Más atendible es el reclamo contra el exceso de gasto público de mala calidad. Es posible que haya coincidencia de objetivos entre el agro y el gobierno, que ha adelantado su intención de imponer austeridad en la revisión presupuestal de este año, en la mal llamada Rendición de Cuentas. Pero llegar a esa meta requiere algo más que intención oficial. Solo podrá alcanzarse si se impone un recato fiscal que ha faltado hasta ahora en el sector público y si el gobierno es capaz de manejarse con realismo y ecuanimidad en los más de 200 Consejos de Salarios que se realizarán este año.
Una inmediata rebaja más amplia de las tarifas de electricidad y combustibles y el compromiso gubernamental de abatir el peso del Estado sobre el sector privado, mediante menos volumen y mejor calidad del gasto público, aparecen como el mejor camino para restablecer la calma. Lograrlo dependerá de la actitud que asuman los protagonistas del tironeo que se producirá en los grupos de trabajo. A los productores les compete admitir que es inviable atender en forma completa la totalidad de sus reclamos. Y el gobierno tendrá que ver cómo alivia sin demora la difícil situación del agro sin empeorar el abultado déficit fiscal y hasta dónde puede comprometerse al crucial objetivo de bajar el gravoso peso actual del Estado sobre toda la estructura económica. Si no se dan estos requisitos en ambas partes, quedará en puerta una crisis aun más grave que la vivida semanas atrás.