Mucho se habla acerca de có-mo la balanza de las relaciones laborales se ha torcido de manera abusiva en favor de los sindicatos durante estos últimos gobiernos. Y de cómo, lejos de ser una medida de justicia social, la situación actual es un obstáculo muy serio para el desarrollo productivo y para la llegada de nuevas inversiones al país. Pocas cosas dejan esto más en claro que el conflicto actual en Conaprole.
Si bien el sindicato ha suspendido las medidas que venían golpeando a la empresa y generando desabastecimiento a la población hasta hoy jueves, todo lo que se ha conocido en estos días pinta un panorama alarmante.
Durante la comparecencia de las autoridades de la empresa a una comisión del Parlamento, se supo que las medidas decretadas por el gremio en el marco de la negociación salarial han generado problemas graves en la cadena productiva de un rubro particularmente delicado en esa materia. Y que el sindicato exige en su plataforma, entre otras cosas, regresar a un sistema de pago por antigüedad que implicaría un alza de costos sangriento para la cooperativa.
Pero mucho más grave que estos reclamos y medidas concretas actuales, es el historial que los jerarcas de la empresa narraron en el Parlamento. Un historial que muestra que durante el conflicto del año pasado se realizaron paros específicos y asambleas de más de cuatro horas en el sector helados que golpearon a la empresa en el corazón de su zafra anual.
Según la versión taquigráfica a la que accedió El Observador, en mayo pasado ocurrió un «insuceso» en la planta de Villa Rodríguez cuando a unos funcionarios que estaban realizando un asado les «explotó uno de los bidones» que estaba en la inmediaciones. Uno de los operarios sufrió quemaduras graves, pero el gremio impidió que se realizara un sumario, bajo amenaza de apagar las calderas de ese complejo, uno de los principales de Conaprole.
Asimismo, los representantes de la empresa narraron historias de amenazas y violencia física contra empleados de empresas tercerizadas, así como bloqueos que impidieron la presencia de técnicos de la Unión Europea que venían a realizar trabajos para potenciar la exportación de productos a ese mercado.
Este clima de prepotencia, falta de respeto a las jerarquías, y demandas desmedidas, ha afectado seriamente la relación entre la parte industrial de la cooperativa, y quienes son sus verdaderos dueños, los productores lácteos. Un comunicado publicado por los productores hace algunas semanas alertaba que mientras los trabajadores industriales exigen aumentos salariales y anacrónicos pagos por antigüedad, el precio de la leche al productor no ha aumentado en tres años.
Un 50% de los productores ingresan menos de 30 mil pesos al mes, con lo cual deben sostener la estructura productiva, a la vez que asumir los riesgos climáticos y la volatilidad de los mercados internacionales. Además de realizar una de las tareas más sacrificadas que existen en el mundo rural. En contraste, un salario de ingreso para el trabajador industrial supera los 40 mil pesos, una jornada laboral inferior a las 7 horas diarias, y en los últimos años han tenido un crecimiento salarial del 34%.
Pese a todo esto, el gremio se ha lanzado a un conflicto sangriento, que pone de rodillas a toda una industria, que es clave para el desarrollo nacional y que se encuentra en uno de los momentos más delicados de su historia por la coyuntura de precios internacionales.
La situación se ha tensado tanto, que los productores no aguantan más y han mandatado a sus representantes en la empresa a «no acceder a las exigencias de un sindicato que parece no entender la grave situación por la que atraviesa la lechería uruguaya, que ya ha ocasionado el cierre de tres plantas industriales con la pérdida de más de 600 puestos de trabajo directos y tiene en una profunda crisis a otras tres plantas al día de hoy».
Lo de Conaprole es expresivo, porque se trata de una cooperativa histórica, modelo en muchos aspectos en cuanto a su funcionamiento y que es la cara visible de una industria agroexportadora vital para el país. Pero estas historias de prepotencia sindical, de demandas exorbitantes que ponen en riesgo la vida misma de las empresas y que les hace imposible competir en el mercado global, es común en mucha otras ramas de actividad. Es uno de los motivos por el cual se ha frenado la llegada de inversiones productivas, y por el cual las pocas que llegan, exigen al gobierno garantías muy especiales en el rubro. La balanza se ha torcido de una forma que es insostenible para el país.
Autor: Editorial
Fuente: El País
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