La industria lechera está siempre expuesta.
La industria lechera, uno de los pilares del sector agropecuario que apuntala la actividad exportadora, está siempre expuesta, como todos los rubros del campo, a los vaivenes de los mercados externos y las adversidades climáticas. Pero su mayor pesadilla actual es el doble golpe que le propinó el gobierno con los aumentos de tarifas y, sobre todo, con el papelón oficial en el cobro de las ventas a Venezuela. El Poder Ejecutivo anunció el año pasado, con bombos y platillos, un acuerdo con el régimen del presidente Nicolás Maduro para venderle alimentos por US$ 300 millones. Poco después, el presidente Tabaré Vázquez aseguró que el trueque de combustibles por alimentos era “oxígeno puro” para el país y la lechería. Pero inexplicados manejos financieros internos dejaron en blanco a Vázquez, convirtiendo su oxígeno puro en dióxido de carbono.
El acuerdo confirmado por Vázquez era que US$ 276 millones, pagados por ANCAP para saldar deudas por petróleo venezolano, quedarían depositados en un fideicomiso en la sucursal Bandes del banco de la nación caribeña en Montevideo para pagarle a los exportadores por sus ventas de leche en polvo, quesos y otros productos. Pero los millones, en vez de quedar en Uruguay, no se depositaron en Bandes Montevideo sino que fueron misteriosa e inexplicablemente girados por ANCAP a una cuenta de la petrolera estatal venezolana Pdvsa en un banco de China, dejando sin cobrar a quienes habían confiado en el gobierno.
En una reciente reunión con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, las gremiales que integran la directiva del Instituto Nacional de la Leche (Inale) reclamaron que el gobierno adelante a los productores los cerca de US$ 100 millones que todavía les adeuda el gobierno de Maduro. La propuesta era que el gobierno, además de implementar alivios tributarios y en las acrecentadas tarifas públicas, recupere esa suma cuando Venezuela finalmente pague lo que debe, frágil esperanza teniendo en cuenta la ruinosa situación financiera en que Maduro ha hundido a su país. Uruguay logró semanas atrás que Venezuela hiciera un pago parcial, por US$ 50 millones. Pero la incertidumbre que rodea al cumplimiento venezolano fue reflejada por el ministro Aguerre cuando comentó que a nuestro gobierno le preocupa la postergada llegada de un segundo pago de US$ 50 millones.
Otros factores fuera del control uruguayo golpean a la industria láctea. La actual escasez de lluvias ya la afecta seriamente, igual que a otros sectores del agro. Y la concertación de negocios en el exterior, en mercados más confiables que el venezolano, se dificulta por la caída de precios y menor demanda. La empresa neozelandesa Fonterra, referente en el mercado mundial de productos lácteos, lleva varios días de caídas consecutivas en los precios, incluyendo un preocupante 10,4% en la leche en polvo entera, el principal producto lácteo de exportación de Uruguay. Pero todos estos problemas se habrían atenuado si el gobierno hubiera sido algo más transparente y efectivo en el confuso caso de los pagos de ANCAP, que se esfumaron en China pese a que Vázquez les aseguró a todos que quedarían en Uruguay para que los exportadores pudieran cobrar lo que le habían vendido a Venezuela, cayendo en el error ingenuo de tomar como un hecho seguro las etéreas palabras oficiales.
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