Caso. Acudieron a Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia
Los remitentes de leche a Indulacsa decidirán en las próximas horas si presentan una denuncia contra la empresa por incurrir en «prácticas abusivas». Los tamberos dicen que la empresa baja el precio de la leche y ellos no tienen otro a quien remitir.
El presidente de la Intergremial de Productores de Leche (IPL), Martín Lindholm, informó que el pasado viernes tuvieron una reunión con las autoridades de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. En ese encuentro los tamberos plantearon que desde el mes de abril sufrieron cuatro bajas en los valores que reciben de parte de la empresa Indulacsa, lo cual llevó a que pasaran de recibir $ 7,80 por litro remitido a los $ 6,30 actuales.
Lindholm aseguró que los remitentes buscan, desde hace varias semanas, tener una reunión con el presidente de la empresa, pero por diferentes motivos, la misma no se ha concretado.
«Consideramos que la compañía está realizando una práctica abusiva aprovechando la situación de inmovilidad que sufrimos los productores, ya que las otras empresas lácteas no están aceptando nuevos remitentes por falta de capacidad de recibo. En este contexto la única alternativa que tenemos es abandonar la lechería», afirmó el gremialista a El País.
Los remitentes se quejan de que los precios que está pagando Indulacsa «son claramente inferiores a las de otras compañías del sector» y argumentan que sus valores de exportación no han bajado de forma tan sensible como para aplicar las cuatro bajas.
Sin embargo, consultados en Indulacsa justificaron a El País la baja con una política de alineación de precios a los del mercado mundial de lácteos por lo que consideraron que «una posible denuncia de este tipo no tiene asidero».
Asimismo dijeron que con los valores que Indulacsa venía pagando antes del ajuste, se estaban perdiendo US$ 800.000 mensuales y que de no haber realizado esta disminución deberían haberse retirado del mercado o habrían quebrado.
«Durante varios años pagamos el precio más alto del mercado. ¿Por qué en ese momento los productores no pensaban en denunciar a las empresas que abonaban valores menores a los nuestros?», dijeron fuentes del directorio.
Por su parte, Lindholm sostuvo que puede entender que dada la disminución de los precios internacionales de los lácteos, Indulacsa pueda estar resguardándose para futuros negocios, pero consideró que incluso esta situación «no justificaría bajas tan marcadas como las aplicadas». Para un productor de mediano o pequeño porte, que remite unos 2.000 litros diarios, la pérdida desde que comenzaron las bajas -tomando como referencia un valor de $ 7.20 por litro- habría sido de unos US$ 10.000.
«Es claro que Indulacsa no domina el mercado pero se aprovecha de una situación (de inmovilidad) y domina al productor a su conveniencia mediante una baja de precios injustificada y abusiva. Aún no hemos decidido qué camino tomar. Algunos tamberos quieren directamente denunciar a la empresa, mientras otros prefieren optar por una consulta formal, pero como un posible paso previo hacia la denuncia», explicó.
En los próximos días se concretará una reunión considerada clave en Cardona, donde los remitentes decidirán qué alternativa tomar.
Lindholm explicó que la situación fue presentada al Instituto Nacional de la Leche (Inale), organismo que funciona bajo la órbita del Poder Ejecutivo y que su presidente, Manuel Marrero, los derivó a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.
La comisionada en Defensa de la Competencia, Luciana Macedo, informó que la misma posee la facultad para investigar presuntas conductas anticompetitivas, ya sea por una denuncia que se realice por parte de los damnificados, como de oficio, si se considera que estas existen.
«Las opciones (de los productores) son denunciar la existencia de una práctica anticompetitiva, con lo cual se investiga y determina cuál es la conducta aplicada y si existen los medios probatorios. Este es un camino que lleva más tiempo (que la consulta) por su complejidad, dado que requiere una investigación más profunda», explicó.
Si finalmente se concluye que se está incurriendo en una falta, «tenemos las facultades como para sancionar a la empresa». Las sanciones pueden ir de un simple apercibimiento hasta una multa. El mínimo es de 100.000 Unidades Indexadas (UI) y el máximo abarca 20 millones, el 10% de la facturación anual del infractor o tres veces el equivalente del perjuicio.
PABLO BESÓN
El País Digital