No es solo en la educación, donde el corporativismo gremial ha llegado a extremos de intolerancia que pagan quienes nada tienen que ver, como los niños y los jóvenes. Es uno de los casos más notorios pero no es el único.
En la industria lechera se recogen desde un tiempo a esta parte con frecuencia llamativa, una serie de desbordes sindicales, que aun en estos tiempos resultan sorprendentes: una industria que no puede despedir personal, un reclamo de salarización del aumento del precio internacional de los lácteos pero sin previsiones si baja, o una intervención de hecho en todos los negocios de una industria. Este último es el caso de Indulacsa, empresa instalada en Salto y Cardona, primera exportadora de quesos, que amenazó con cerrar si continuaban las medidas de lucha de su durísimo gremio. Ante la posibilidad cierta de perder su fuente de trabajo, los funcionarios se movieron, cambiaron la dirigencia gremial con apoyo de todo el pueblo de Cardona, y ahora el Pit-Cnt expulsa a los nuevos dirigentes. No solo esto; amenaza con la generalización del conflicto a toda la industria láctea. Buena ocasión pues para pensar sobre los derechos de cada uno y su límite en los de los demás.
Antecedentes.
A mediados de 2010, el gremio de Conaprole generó un salvaje conflicto, oponiéndose al despido de un trabajador. Su dilucidación hizo ver cuán lejos ha llegado el desborde sindical: para reorganizar el trabajo hay que pedir permiso al gremio, primó aquella vez la patota, lo que costó la renuncia del Ing. Lapido, director en esa época. En abril de este año saltó otro conflicto con reclamos increíbles. En efecto, los trabajadores demandaban ajuste salarial por IPC, más porcentajes por encima del índice, a los que agregaban en su demanda una partida fija de dinero, ajustable a futuro por el precio internacional calculado por la FTIL (Federación de Trabajadores de la Industria Láctea). Esta partida debía «salarizarse», es decir quedar como conquista, sin reducirse aunque el precio descendiera. Y, por supuesto, ninguna referencia de productividad. Ahora, el tema que va a generar un conflicto seguramente de toda la industria, tal como lo amenaza un vocero gremial, es por una cuestión que podríamos llamar de fueros, de cacicazgos. Ocurre que la dirigencia empresarial señaló que la planta de Cardona cerraba si no cambiaba la dirigencia de su sindicato. Los trabajadores la cambiaron, la empresa dice seguir, pero ahora es la FTIL la que no acepta la nueva situación; el Ministerio de Trabajo señala no poder intervenir…
Es una probabilidad cierta que den batalla quienes se creen dueños del destino de una empresa, o de toda la rama, ahora que han sido cambiados por quienes prefieren mantener su fuente de trabajo. Y también es más que probable que el pato lo vayan a pagar no solo esta empresa sino las demás que conforman la rama, las exportaciones y los consumidores. El punto es que más allá de este caso, es bueno discutir hasta qué punto hay derecho a que una reivindicación gremial, aun siendo justa, pueda extenderse sin límites a perjudicar a los que nada tiene que ver con ella.
La huelga.
El derecho de huelga no puede ejercerse con total prescindencia de los efectos sobre quienes no tienen nada que ver con el conflicto. En este sentido, resentir el suministro de lácteos, o la salud de los rodeos lecheros por imposibilidad de recoger la leche o de ordeñar, son todos abusos que nos hemos acostumbrado a tolerar porque se trata de actuaciones gremiales; pero no es así. En mi opinión, si el conflicto entre gremio y empleador genera efectos serios en la gente, sencillamente no son moralmente válidos. Por eso rechazo que los bancarios traben el clearing, que los transportistas impidan levantar una cosecha, que los trabajadores del ómnibus dejen a la gente en las paradas, o que los enfermeros dejen a la gente sin atención. Se acepta que los derechos de uno terminan donde empiezan los de los demás, llenamos el país de reglas para intentar que la libertad de unos no se desborde, pero ese principio se deja de lado cuando se trata del sindicalismo cuyas acciones no tienen límite en el perjuicio a terceros. El sistema de derechos no hace una excepción con los temas sindicales. La lucha gremial, absolutamente legítima, no cambia los derechos; y no convierte en aceptable el uso de rehenes ajenos al conflicto para aumentar la fuerza de los planteos. Por otra parte, hay también un límite al perjuicio que se le pueda causar a la empresa; hay afectaciones a la libertad de trabajo de los que no quieren parar, a la libertad de la empresa de trabajar, y hay daños irreversibles que los trabajadores no están en condiciones de honrar y se siguen produciendo sin límite alguno. Así, cuando se pierden negocios, se afectan muchos derechos, incluido el de propiedad. Es obvio que es aceptable algún tipo de presión, pero con límites. Estos son los que derivan de la ley y los que proceden del contrato. Precisamente, creo que el ministerio del ramo no está para mirar para el costado, ni para generar aprietes, sino precisamente para cuidar el cumplimiento de contratos, de leyes y no, en cambio, para proteger la estabilidad del gremialismo oficial.
Por todo lo anterior no parece legítimo que la acción gremial haga cerrar una planta, si este fuera el caso de Indulacsa. Y si así fuera, alguien va a tener que hacerse responsable. Algo más: en este caso los productores con seguridad remitan a otra planta, ya que tienen esa posibilidad. Pero si así ocurriera, y si Indulacsa perdiera oferta de leche, el cierre sobrevendría en este caso no por cancelarse exportaciones sino por falta de materia prima.
El fin.
Cuando el gremialismo es solo la expresión de la lucha de clases, cuando el conflicto gremial se ve como un paso a la sociedad sin clases, o al socialismo real, o a tomar por asalto los bienes de producción sacándolos a sus dueños -sin pagar-, cuando en el país prosperan ideas de este tipo, solo se fogonea una creciente separación de uruguayos cada vez más tensos en su resentimiento. Unos contra otros en lugar de cooperar. Hay en cambio un gremialismo posible, que sale al encuentro de cada parte para sumar con lo mejor de cada una al bien común general, y al particular. No es fácil, es cierto, menos aún con la actual ideologización sindical. Pero con esta lógica de tierra arrasada es difícil imaginar ganadores, hay solo perdedores.
Cuando la sociedad del trabajo contempla la enseñanza parada, los frigoríficos sin faena, las amenazas de paralización en la industria láctea por temas de cacicazgo, se pregunta legítimamente: ¿hasta cuándo?
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