El Gobierno de Uruguay comenzará a cobrar, en diciembre, un impuesto a propietarios de predios que sumen entre 2.000 y 5.000 hectáreas de tierra, de acuerdo con la reglamentación de la nueva medida conocida el Martes.
Deberán pagar ese impuesto, anualmente, personas físicas, núcleos familiares, sucesiones indivisas, empresas nacionales o extranjeras cuyos predios tengan un determinado índice de productividad, que mide la Comisión Nacional de Estudio Agroeconómico de la Tierra (CONEAT), de acuerdo con la capacidad productiva de los suelos.
El llamado «índice CONEAT», que se usará para la fijación del impuestatero, determina la ubicación y la capacidad de los suelos del país, evaluados en kilos de carne bovina, ovina y kilos de lana por hectárea de campo natural.
Se considera la productividad como la capacidad inicial del suelo para producir un cierto rendimiento por hectárea por año y que teóricamente se puede expresar como porcentaje del rendimiento óptimo que se obtiene en el suelo.
El producto generado por el nuevo impuesto corresponderá a los gobiernos departamentales e integrará un fondo que constituirá un patrimonio de afectación independiente.
El objetivo será «atender los gastos e inversiones derivados de las reparaciones pertinentes a la caminería rural departamental y el acceso a los establecimientos industriales y comerciales ubicados en el departamento».
Las gremiales agropecuarias de medianos y grandes productores han criticado este impuesto y hasta el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, expresó su discrepancia, aunque precisó que el impuesto «tiene cosas que son mejorables».
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