Las claves de la nueva normativa para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria
Luis Venta Diputado regional del PP, portavoz de agroganadería El «Boletín Oficial del Estado» (BOE), referencia obligada para medir la actividad de un Gobierno, acaba de publicar una ley clave para el futuro del campo asturiano: la ley para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria. Una norma especialmente importante para la ganadería de vacuno de leche, fruto de uno de los compromisos electorales del Partido Popular con los sectores agrario y ganadero.
Esta ley, que ningún Gobierno se atrevió a abordar hasta ahora, sirve de referencia para la legislación que se está desarrollando en la Unión Europea, por ser ésta la primera vez que se incluyen medidas coercitivas. Una norma que el Partido Socialista, después de ocho años en el Gobierno, fue incapaz de aprobar. El Ejecutivo de Mariano Rajoy lo ha hecho en 18 meses, ha tenido el valor de dar el primer paso. Otros no lo hicieron. Eso sí, los diputados y senadores por Asturias del PSOE y de IU siguen votando en contra.
Los problemas se solucionan, primero, diagnosticándolos, y posteriormente aportando soluciones. Todos sabíamos que el sector agroalimentario tiene una enorme debilidad, al ser muy sensible a la volatilidad de los precios internacionales y causar un fuerte deterioro en el precio para los productores. Precisamente para paliar estos problemas y lograr un sector más competitivo e innovador, con mayor capacidad para exportar sus productos y trasladar los costes a los precios finales, el Gobierno de España ha aprobado esta ley.
Para reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, se opta por un modelo mixto de regulación y autorregulación. Para ello se desarrollan tres elementos fundamentales para mejorar el funcionamiento de la cadena: los contratos alimentarios, las prácticas comerciales y el código de buenas practicas
La firma de contratos alimentarios pretende avanzar en la seguridad jurídica, y mejorar la equidad en las relaciones comerciales, siendo obligatorio formalizarlos por escrito e incorporar en ellos la identificación de las partes, las condiciones de pago y la duración del contrato, y las causas y efectos de su extinción. Con ellos no sólo se pretende que los precios obtenidos por nuestros ganaderos sean mas justos. También es objeto de la ley la transparencia en las relaciones comerciales en todo el ámbito de la cadena alimentaria.
Esta ley regula los pagos comerciales prohibiendo su exigencia cuando no estén pactados e incluidos en el contrato, concretándose en el contrato la información que las partes deban suministrarse para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y respetándose en todo caso la confidencialidad de la información.
Como decía, hay una parte de la ley que se basa en la autorregulación de las relaciones comerciales. Para lograrlo, se crea un código de buenas prácticas mercantiles en los contratos alimentarios, que si bien ha sido criticado por el carácter voluntario para adherirse al mismo, parece lógico pensar que la mayoría de los operadores se inscribirán en el registro estatal creado al efecto, pues no deja de ser un mérito más para ganar la confianza de los consumidores.
Quiero destacar también la creación de la Agencia de Información y Control Alimentario, por una razón importante para la ganadería de vacuno de leche en Asturias. Uno de los fines de esta agencia es la gestión de la información y el control de los mercados lácteos. El Ministerio lleva trabajando desde el inicio de la legislatura para remediar el problema de los precios que los ganaderos de leche perciben por litro producido. Es un objetivo del Gobierno de España mejorar los precios que éstos reciben y, específicamente, en esta ley se ha incluido al sector lechero, que el Gobierno de Mariano Rajoy considera estratégico, y que para Asturias lo es. Por cierto, en la enmienda al proyecto presentada para incluir al sector lácteo, los Areces, Iglesias y compañía también votaron en contra.
Queda una segunda parte, que afecta a las comunidades autónomas. Las infracciones y sanciones en materia de contratación alimentaria, excepto cuando las partes contratantes tengan sus sedes en diferentes comunidades autónomas, quedarán bajo el control de los gobiernos autonómicos, que deberán velar por el cumplimiento de la ley. Por eso exigimos al Gobierno de Asturias que se sume a trabajar por el sector ganadero de Asturias y, en el ámbito de sus competencias, elabore un plan regional de control de contratos alimentarios que tenga por objetivo, sobre todo, que los ganaderos tengan precios en origen dignos y justos.
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