La política de cuotas y una asignación de producción muy por debajo de la demanda nacional han lastrado durante tres décadas al sector lácteo español, beneficiando a la competencia de otros países comunitarios. El Gobierno sólo puede tirar de chequera, mientras negocia -sin mucho éxito- con Bruselas.
En este muy complejo mundo de la agricultura española, en donde el rey es la PAC (Política Agraria Comunitaria) -que anualmente reparte cerca 4.999 millones de euros a 880.000 agricultores-, no hay nada que no se resuelva con dinero. Por algo la cultura de la subvención se lleva en la sangre como contraprestación a un sector secularmente intervenido desde antes de que naciera Franco y en el que lo importante es fijar población al medio rural, con independencia de que las explotaciones alcancen niveles de rentabilidad razonables.
Lo de la rentabilidad, el mercado y la competencia no va con el sector agrario, ni aquí ni en ningún país del mundo que se precie. Sobre todo cuando las negociaciones –muy deficientes- que el gobierno español ha mantenido en Bruselas, desde sus orígenes, han estado supeditadas a los intocables intereses franceses y holandeses, sobre todo en lo que se refiere al sector lácteo.
Las negociaciones agrarias, sobre todo en lo referente al sector lácteo, de España en la UE han estado supeditadas a los intocables intereses franceses y holandeses
Por eso, y aunque pueda parecer una aberración económica, la eliminación de las cuotas lácteas ha alterado el mapa de producción de leche en España. El frágil equilibrio existente hasta ahora ha saltado por los aires, aunque el gobierno español ha corrido en apoyo del sector, concediendo una subvención de 300 euros por vaca lechera para las explotaciones que no alcancen umbrales de rentabilidad o, lo que es lo mismo, no lleguen a cubrir el coste de producción por el bajo precio de compra de la leche que, dicho sea de paso y según cifras oficiales, en origen ronda los 0,28 euros el litro frente a un coste real por litro de 0,34 euros.
Los 300 euros por litros se unen a otras ayudas ya existentes contempladas en la PAC 2015 asociadas a explotaciones que mantengan vacas nodrizas, las explotaciones de vacuno de leche y a ganaderos de vacuno de leche que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico.
La ministra del ramo, Isabel García Tejerina, al no poder pactar los precios, tira de talonario para resolver el problema del sector lácteo
Se esperaba que con la desaparición de las cuotas, implantadas por la Comunidad Europea hace 30 años, comenzara una deslocalización de la producción dentro de cada país y en el conjunto de la Unión Europea. Por ello Bruselas, tan pulcra, contemplaba la posibilidad de que tanto las comunidades autónomas como los Estados miembros pudieran instrumentalizar apoyos a través de los programas o planes de desarrollo rural para sostener la actividad en el medio rural. La ministra española del ramo, Isabel García Tejerina, al no poder pactar los precios, al ir en contra del ordenamiento jurídico español y comunitario en materia de competencia, tiró de talonario hasta que resolvió el problema. Por ahora.
La política de cuotas y la asignación de un volumen para España de sólo 4,5 millones de toneladas frente a una demanda total de productos lácteos de casi 9 millones de toneladas ha condicionado durante tres décadas el desarrollo de la actividad del sector ganadero español y de las industrias lácteas, lo que ha beneficiado al mismo sector en otros países de la Unión.
Con la liberalización del sector en marcha, los expertos esperan que el sector se ponga las pilas y que, al menos a medio plazo, se despeje el panorama de oportunidades para aquellas explotaciones y empresas que sean cada vez más eficientes, innovadoras y competitivas y no todo se reduzca a la permanente y rancia confrontación entre productores, intermediarios y comercio.
La reducida cuota de producción asignada a España a lo largo de los 30 años de vida del modelo ha condicionado el desarrollo de los grupos industriales -toda la cuota española es equivalente a la que dispone solo un gran consorcio industrial francés, danés o alemán-. Por ello se espera que el proceso iniciado ahora beneficie a grupos españoles que no han podido competir con las grandes empresas europeas como Lactalis, Bongrain, Danone o Nestlé que se han ido apoderando del mercado mediante procesos de concentración en los que se han visto involucradas firmas “españolas” como Lauki, Puleva, Prado, Prèsident, Castillo, Forlasa, Flor de Esgueva, Peñasanta o Senoble, entre otras.