La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha afirmado hoy que la liberalización del sector lácteo, que entrará en vigor el 1 de abril, no tendrá incidencia en el sector
lácteo de la región gracias a que las explotaciones «están bien dimensionadas y son altamente competitivas».
Así lo ha señalado en Alovera (Guadalajara) durante su visita a la empresa Lácteos Industriales Agrupados, en la que ha recordado la nueva normativa sobre las relaciones
contractuales en la compra y venta de leche cruda puestas en marcha por el Ministerio, en colaboración con la Junta, que «favorecen la transparencia, protegen a los ganaderos y
aportan estabilidad a las industrias».
La consejera ha indicado que «el fin de las cuotas puede traer nuevas oportunidades» las explotaciones e industrias al favorecer las relaciones comerciales «toda vez que España
produce un 33 por ciento menos de lo que demanda el mercado nacional».
La normativa entró en vigor el pasado 1 de marzo y abre un plazo hasta el 1 de abril para que todos los contratos se acojan a las nuevas condiciones.
Soriano ha explicado los cambios más destacados que incluye, como la obligación de que el comprador realice una oferta con dos meses de antelación a la finalización del contrato
en vigor o del inicio de la entregas en caso de un nuevo contrato, lo que pretende evitar posibles contratos con carácter retroactivo y que «el ganadero tenga tiempo para
estudiar y comparar ofertas», ha agregado.
Otra novedad es que se fija un plazo mínimo de un año para la duración de los contratos cuando el proveedor de la leche sea un productor -no un intermediario-, con lo que «damos
estabilidad a ambas partes, que podrán desarrollar su labor con un horizonte de doce meses de seguridad en el suministro, en el caso de las industrias, y de la venta del
producto en el caso del ganadero».
La consejera ha indicado que por motivos «plenamente justificados» el productor podría rechazar la duración mínima y notificarla a la administración correspondiente.
Soriano ha resaltado otros cambios que conlleva la normativa, como la inclusión de un porcentaje máximo del diez por ciento de tolerancia en el volumen suministrado, a la vez
que prohíbe que haya contratos simultáneos entre un mismo suministrador y un mismo receptor.
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