El Ministerio de Agricultura amenaza con establecer mediante un Real Decreto medidas que, de forma indirecta, garanticen un precio mínimo de la leche como se ha hecho en Francia.
«De la reunión de hoy, lo más importante es que las cadenas de distribución han aceptado que a partir de ahora se sepa el precio al cual compran la leche a la industria», asegura uno de los presentes en la decisiva negociación que, este martes por la tarde, reunió a todos los actores de la cadena alimentaria en el sector lácteo (ganaderos, cooperativas, industria, distribución y Gobierno) durante varias horas en el Ministerio de Agricultura y a cuyo término todos quisieron dar a los presentes su versión de los hechos. Sea esto lo más importante o no, lo cierto es que la distribución (representada en la mesa por Anged, ACES y Asedas) también se ha comprometido a «promover la identificación del país de origen de la leche y los productos lácteos mediante la inclusión de dicho origen en folletos promocionales, publicidad, cartelería, así como en los propios lineales». De esta manera, se busca que el consumidor al menos conozca realidades, como la abundancia de productos lácteos de Países Bajos, Francia y Alemania en algunas de las cadenas de supermercados más importantes del país.
De la reunión ha salido un borrador que las distintas organizaciones tienen ahora que aprobar y que no se haría efectivo como pronto hasta septiembre. Otros representantes de la distribución consultados por Vozpópuli puntualizan que este cambio no supondrá tanto, ya que «durante un tiempo se hizo, aunque luego se olvidó». El objetivo del mismo es que haya más transparencia con los precios de la leche y también que se controle mejor la venta a pérdida, que aunque es negada por activa y por pasiva por las cadenas de distribución, supone una realidad incontestable para las organizaciones agrarias y «es algo que nos destroza», en palabras del secretario general de COAG, Miguel Blanco. «Hemos visto leche a 55 céntimos el litro en grandes superficies», insiste el portavoz ganadero, para quien las grandes cadenas han seguido utilizando la leche como reclamo para atraer a los consumidores a sus pasillos como lo demuestra el aumento de denuncias por venta a pérdida.
La lista de precios de compra entre industria y distribución no ofrecerá datos supermercado por supermercado, pues ello atentaría contra los derechos de las propias empresas, pero sí será un pull agregado en el que se podrá ver el precio conjunto al que compra la leche todo el sector.
COAG representa, junto a UPA, la posición más desesperada dentro de las organizaciones agrarias. Especialmente porque, según fuentes del sector, tras la denuncia que acabó con la multa millonaria de la CNMC a un buen número de industrias lácteas, las represalias no se han hecho esperar y esas industrias están dejando de comprar su producción a los ganaderos que antes lo hacían, ubicados muchos de ellos en Galicia. Es por ello que para ambas organizaciones, y especialmente para los ganaderos gallegos, el acuerdo firmado apenas supone un alivio ya que no marca un precio mínimo al que se puede vender la leche. «La industria se ha ido de rositas cuando les hemos preguntado si el precio que se paga ahora lo consideran justo», ha recordado el responsable del sector lácteo de UPA, el gallego Román Santalla.
Sin una medida al estilo francés
La ministra Isabel García Tejerina, que ha intervenido ante los medios al término de la reunión intersectorial, ha recordado que es contraria a derecho una intervención pública para asegurar un precio mínimo, algo que es en realidad lo que ha realizado el gobierno francés, que hace apenas unas semanas propició en el país vecino un acuerdo entre los distintos eslabones de la cadena que sí tenía un precio mínimo de referencia: 34 céntimos de euro por litro como mínimo era el precio al que la industria gala le comprará la leche a los ganaderos, lo que en la práctica ha sido un precio propiciado por el ejecutivo de París aunque se disfrace de acuerdo entre las partes.
En caso de que este acuerdo voluntario arrancado este martes entre Fenil (la patronal de la industria láctea), la distribución, cooperativas y ganaderos tampoco se cumpliera, Agricultura se reservaría, entonces sí, la posibilidad de, mediante un Real Decreto, tratar de asegurarse de que los precios que se pagan a los ganaderos son justos. Como quiera que no se puede intervenir directamente en los precios tal y como aseguró la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se trataría de llegar al mismo resultado mediante otros vericuetos legales, tal y como reconocieron diversos actores presentes en la reunión a este periódico.
La situación, según volvió a recordar Tejerina, no es simétrica en todo el país pues los precios que se pagan difieren hasta en un 23% dependiendo de la comunidad autónoma. En Andalucía y Asturias, por ejemplo, los precios son los más altos del país (se da la casualidad de que ambos cuentan con importantes cooperativas, como son Los Pedroches en Pozoblanco, Córdoba y Central Lechera Asturiana). Los precios más bajos se están pagando, por su parte en Galicia y Cantabria, comunidades que tienen, especialmente la primera, un sector más atomizado y por tanto con menos poder de negociación frente a la industria.
Los compromisos de la industria
La patronal del sector lácteo Fenil acudió a la reunión con una representación muy amplia, pues todas las grandes compañías también enviaron a sus representantes de esta forma, Calidad Pascual, Leche Río, Iparlat, la citada Covap (Pedroches), Entrepinares, Lactalis, García-Baquero o Schreiber Foods (el interproveedor lácteo de Mercadona) enviaron a sus propios representantes al encuentro. Y firmaron un compromiso, como es el de «aplicar en sus contratos precios de compra que permitan remunerar los costes de producción a los ganaderos, al menos para los volúmenes que venían produciendo hasta el pasado 1 de abril», cuando se pusieron fin a las cuotas lácteas.
Sin embargo, las organizaciones agrarias criticaron que, al no establcerse cuál debe ser ese precio, «la industria seguirá decidiendo a su antojo lo que paga a los ganaderos, como hasta ahora».
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