Está fuera de discusión que Galicia fue especialmente perjudicada por el ingreso de España en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE). El tratado de adhesión incluyó una drástica limitación a nuestra producción de leche, al igual que sucedería con la capacidad pesquera. La negociación se hizo, en tiempo del gobierno de Felipe González, con perspectiva mediterránea, con Levante y Andalucía como grandes beneficiarios. Eso sostienen los expertos más críticos. Se dio la espalda a las fachadas atlántica y cantábrica, aceptando pulpo como animal de compañía porque la prioridad absoluta era entrar en la Europa comunitaria lo antes posible y al precio que fuera.
De ahí arrancan las tan controvertidas cuotas lácteas, que serán historia el 1 de abril de 2015. Durante años los ganaderos gallegos se movilizaron contra esa limitación con «tractoradas» que están en la memoria de todos porque lograron colapsar los accesos a las ciudades. Tenían una lógica aplastante: a un país deficitario en leche se le prohibía autoabastecerse y se le multaba -con la denominada supertasa- por producir por encima de los topes que tenía asignados, no tanto por decisión de Bruselas, sino sobre todo en virtud del reparto entre comunidades que se hacía en el Ministerio de Agricultura.
Paradójicamente el brutal impacto de la política de cuotas, aunque de forma dolorosa, incluso traumática, operó una extraordinaria transformación de los sectores y actividades productivas más negativamente afectados por las condiciones de la incorporación a la CEE. En apenas veinte años el sector lechero se reestructuró por completo: muchas menos explotaciones, modernas, profesionalizadas y eficientes, producían bastante más leche que antes. No pocas granjas, para crecer, se embarcaron en la compra de tierras y de derechos de producción (es decir, cuota), amén de poner al día sus instalaciones. Algunas necesitarían años para amortizar las deudas contraídas.
Por eso las organizaciones profesionales, los mal llamados sindicatos agrarios, que tanto lucharon contra los perniciosos efectos de las cuotas, ahora se oponen a su desaparición en la medida en que un sector superprotegido queda a la intemperie. Temen que nuestros productores no sean capaces de competir en un mercado libre de regulaciones, que nos invada la leche foránea, que bajen sistemáticamente los precios, en beneficio de las industrias transformadoras y de la distribución. Cierto que, gracias a la competencia sin restricciones, el consumidor compraría aún más barato que ahora, pero para muchos ganaderos podría ser la puntilla.
Que las cuotas desaparecen el año que viene es algo que se sabe desde 2008. Había margen para un aterrizaje suave en el nuevo escenario. Según los especialistas, en España y en Galicia se ha perdido mucho tiempo que había que haber dedicado a prepararse para el libre mercado, como hicieron los países del norte de Europa, que en esto como en tantas cosas nos llevan una enorme ventaja. Era necesaria una nueva reconversión que diera lugar a una estructura productiva más competitiva. Aquí el tamaño vuelve a importar. Hay un reducido grupo de cooperativas y de grandes explotaciones, de concepción empresarial, con capacidad de reacción. Por quien hay que temer es por el resto de las granjas, en especial las endeudadas, porque la desregulación las va a arrollar. Sus dueños, tal vez mal asesorados, asumieron un riesgo. Si se equivocaron, ya no hay remedio. Que nadie les venda ahora una solución imposible.
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