Las organizaciones agrarias han saludado el anuncio de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sobre la apertura de un expediente sancionador a varias industrias lácteas por presunto cártel para fijar los precios de la leche pero, algunas de ellas, piden más: investigar a la distribución.
Así lo han afirmado a Efeagro responsables de las organizaciones que valoran que la CNC haya tomado en consideración unas quejas de los ganaderos que se han venido producido durante años.
En concreto, el expediente afecta a Danone, Puleva Food, Grupo Leche Pascual, Nestlé España, Grupo Lactalis Iberia, Corporación Alimentaria Peñasanta y Cooperativa Agrícola y Ganadera del Pirineo, además de al Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña y a la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, aunque aún se desconoce si acabará en la imposición de sanciones y su cuantía.
El responsable de la sectorial láctea de Asaja, Ramón Artime, ha recordado que llevan años denunciando «acuerdos tácitos» de las industrias lácteas para aplicar determinados precios a los ganaderos, a pesar de que a éstas «se les llenaba la boca de hablar de mercado, mercado y mercado, aunque siempre para los mismos».
Artime ha criticado que estas empresas llevan años «utilizando a los productores como conejillos de india» y «manejándolos a su antojo».
«Cuando a la industria no le salen las cuentas, se ponen de acuerdo para bajar el precio de la materia prima», ha denunciado.
Por otra parte, el responsable de Asaja reclama una mayor vertebración de la cadena alimentaria para regular mejor los beneficios entre los distintos eslabones y que «todos puedan vivir».
A su juicio, con pocos céntimos de variación del precio que reciben los productores por leche o quesos podría arreglarse la situación, sin que ello suponga encarecimiento para el consumidor.
El responsable lácteo de COAG, Gaspar Anabitarte, ha remarcado su satisfacción porque la CNC «se decida al fin tomar cartas al asunto» frente a la «manifiesta manipulación de los precios» de la industria pagar menos a los ganaderos por la leche, lo que se traduce en que estos últimos perciban las cotizaciones más bajas de Europea.
Anabitarte pide además a la CNC que «no se quede ahí» sino que «vaya a la cabeza del problema, donde se origina», que es la gran distribución comercial, según ha argumentado.
De igual manera, ha criticado que la decisión de Competencia «llega tarde» porque el sector ganadero atraviesa por una complicada situación económica y, además, «se verá arrastrado» por la nueva crisis de precios que se hace «muy fuerte» en la Unión Europea.
Sobre posibles sanciones, el responsable de COAG no pide «multas ejemplares», que en su opinión «acabarían pagando los ganaderos», sino que exista control en el mercado para evitar actuaciones anticompetitivas y lograr una mejor regulación de la cadena.
Por su parte, el responsable de Ganadería de UPA, Román Santalla, ha valorado la actuación de la CNC en un momento en el que «el mercado no funciona, no hay competencia y el eslabón más débil, el productor, está absolutamente desprotegido.
No obstante, Santalla ha pedido a las autoridades de Competencia española que «inspeccionen y vigilen» a la gran distribución comercial «que permanentemente presiona a la baja los precios» y acaba «imponiéndolos».
Ha denunciado prácticas que detecta «en todos los hiper» como la venta de la leche como «producto reclamo».
También ha apuntado la existencia de la denominada «venta a pérdidas» -por debajo de los costes de producción para atraer clientes a los hipermercados- y las «subastas a ciegas» -un mecanismo que no es público ni transparente, según comenta Santalla, y que utilizan para conocer las distintas ofertas del sector e imponer la más económica de todas ellas-.
«La distribución tiene al menos tanta responsabilidad como la industria», ha recalcado Román, quien recuerda la situación actual de «ruina total y absoluta» del ganadero lácteo español.
En el marco de la investigación abierta por la CNC, el 11 y 12 de julio de 2012 se realizaron inspecciones domiciliarias en las sedes de empresas y asociaciones de la industria láctea en Galicia, Cantabria y Cataluña que ha dado lugar al expediente.
La Dirección de Investigación de la CNC concluye que «existen indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas» por la Ley de Defensa de la Competencia (LDC).
Se abre ahora un plazo máximo de 18 meses para la instrucción y resolución por parte de la Comisión Nacional de la Competencia, según ha precisado el comunicado.
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