A partir de abril, la ganadería lechera se enfrenta a un escenario incierto con el fin de las cuotas. Se teme que el aumento de producción hunda los precios.
El 31 de marzo desaparecerán las cuotas lecheras, las restricciones a la producción por países vigente en la UE desde 1984 y en el Estado español desde 1986. Una desregulación del sector que genera un escenario de incertidumbre para las ganaderías lecheras que muy probablemente signifique “abrir las puertas a la destrucción de las pequeñas y medianas explotaciones y el aumento de la concentración en grandes unidades industriales”, además de “una bajada muy fuerte de los precios”, en palabras de Lidia Senra, europarlamentaria de Izquierda Unitaria.
La ganadería española, en especial la del norte penisular, lo tendrá difícil para competir con la del norte de Europa, que dispone de amplias superficies de pasto y no tiene que alimentar a los animales con piensos, y no se da en zonas en las que la recogida es compleja. Desde 1995 han desaparecido en torno a 120.000 explotaciones lecheras, y en la actualidad rondan las 23.000.
Mercado libre ‘por abajo’
Senra defiende en el Parlamento Europeo, en línea con los planteamientos de Vía Campesina, la necesidad de una “nueva política lechera” que fije el volumen de producción en función de las necesidades de consumo interno de la UE y que fomente modos de producción en base a la tierra, es decir, a las posibilidades de producción de pastos y forrajes de la UE. Considera necesaria una regulación en oposición al modelo neoliberal e industrial que el fin de las cuotas alimenta: un modelo dependiente de piensos producidos en el Sur (soja, cereales…) y del agronegocio en tierras que los campesinos necesitan para producir la alimentación de sus pueblos, que condena a muerte las comunidades campesinas y el medio rural tanto del Sur como del Norte.
En lo que se podría llamar una implantación del mercado libre ‘por abajo’, y tras años soportando cómo suben los gastos de producción mientras los precios de venta se mantienen o incluso bajan, ganaderos y ganaderas, la pata esencial y más débil en la cadena de la leche, se enfrentan ahora a la total liberalización de un sector en el que la industria compite deslealmente, como muestra la multa de casi 90 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto a once industrias lácteas españolas por funcionar al modo de un cártel, pactando los precios de la leche.
Con la firma del acuerdo de libre comercio TTIP se verán, además, obligados a competir en un mercado único con productos de EE UU, con costes de producción muy distintos, por lo que se espera una importante reducción de la facturación y la desaparición de más de 25.000 puestos de trabajo en la ganadería en general, y 3.000 en el caso concreto de la leche.
En peligro de extinción
“Hay mucha incertidumbre, no sólo con las cuotas, sino con la PAC”, explica la ganadera Sara Alonso. Tiene 33 años y es titular desde 2005 de la explotación en Valdáliga (Cantabria) de más de 80 vacas que antes llevara su padre. Se dedica a la leche y a la venta de terneros porque “tengo una relación especial con el campo y los animales” y pese a que le cueste producir 34 céntimos un litro de leche que la industria le paga a 30. Alonso, quien forma parte de la ejecutiva de la Unión de Agricultores y Ganaderos Montañeses (UGAM), explica que desde el ministerio les han avisado de que lo más probable es que caigan los precios debido a un exceso de producción. A su juicio, “sólo van a sobrevivir los grandes, porque las empresas van a querer recoger en un solo punto muchos más litros en vez de hacer la ruta de los pueblos”.
Los cambios en la PAC, por su parte, hacen que se desconozca cuánto van a cobrar este año de una ayuda fundamental para su supervivencia.
Reajustar la cadena de valor
La ganadería pelea a diario con la industria y la distribución. Durante años, las industrias han llevado a cabo prácticas de cártel, pero, además, los y las productoras desconocían el precio que les pagarían por litro hasta el momento del cobro, situación amortiguada por la puesta en marcha del “paquete lácteo”, una serie de medidas que obligan a las industrias a firmar contratos e informar de los precios. La Ley de la Cadena Agroalimentaria, por su parte, incluye restricciones para las prácticas abusivas como la modificación unilateral de precios. También tienen que lidiar con la distribución y el uso de la leche como “producto reclamo” en las grandes superficies, que la venden por debajo de su precio para llamar la atención de los consumidores, como llevan años denunciando.
Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Charo Arredondo, ganadera cántabra y miembro de la ejecutiva del sindicato de ámbito estatal, incluido en la Vía Campesina, también defiende el mantenimiento de las cuotas. Abogan por una regulación que proteja el oficio, que consideran de alto valor social y medioambiental, y a los pequeños y medianos productores, pues las macro-explotaciones generan graves problemas ecológicos.
Para Arredondo, ha de regularse para que haya un reparto de beneficios a lo largo de toda la cadena, “estableciendo precios desde abajo hacia arriba”, aunque de modo que el Tribunal de la Competencia “no nos sacuda”, y recuerda que éste “está formado por políticos” (elegidos por el Parlamento a propuesta del Ministerio de Economía). Frente las promesas de Bruselas de que el fin de las cuotas permita ventas en países emergentes como China, ellos y ellas defienden los circuitos de comercialización cortos.
Mejor venta directa que concentración
El Gobierno propone concentrarse para afrontar el fin de las cuotas, y anima a formar organizaciones de productores –destinadas a la venta– para facilitar el trato con la industria. COAG, en cambio, considera por experiencias previas que vender en grupo no aporta apenas ventajas, pero, sobre todo, que el control queda en manos de administradores y gestores –con los costes correspondientes–, sin el conocimiento y la implicación necesaria con las necesidades de cada ganadería. No quieren más intermediarios. Alonso (UGAM) y Arredondo (COAG) consideran más interesantes las iniciativas de venta directa, que Alonso conoce del País Vasco, sin pasteurizar y puerta por puerta, o en Inglaterra, donde en algunos pueblos ponen una nevera y la gente se aprovisiona y paga. En Cantabria se colocaron expendedores de leche fresca, pero la maquinaria y la burocracia tienen un coste imposible para la mayoría de los ganaderos, y los consumidores no acaban de responder: “La gente no ha tirado mucho de ese tipo de leche y algunas han tenido que cerrar. Es una pena porque sería una opción fabulosa”, comenta Arredondo.
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