El sector cuestiona la eficacia de la normativa en vigor desde 2012.
Este otoño se cumplirán dos años de la última gran huelga en el sector lácteo, espoleada por unos precios de venta en origen que los costes de producción superaban. El paro se saldó entonces con un acuerdo para incentivar los contratos anuales y limitar la exposición de los ganaderos a la volatilidad y la dependencia de los distribuidores. Los cambios en la normativa y el buen comportamiento del mercado trajeron un 2013 tranquilo, pero la marejada ha vuelto. En abril del año próximo desaparecerá el sistema de cuotas en la Unión Europea y los productores se preparan para hacer frente al mercado libre en toda su crudeza. Entre tanto, los precios vuelven a tambalearse. En julio cayeron de nuevo por debajo del coste de producción, situando a Galicia a la cola de España. Los sindicatos dan la voz de alarma ante la incertidumbre. Xunta e industria piden calma.
Las razones tras el bajón veraniego son varias y no está claro cuál es la que tiene mayor incidencia. De un lado está el cierre del mercado ruso tras el veto europeo con motivo de la guerra en Ucrania. De otro aflora de nuevo la especulación con las materias primas. “La FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura] indica caídas mundiales del 20%”, señala en ese sentido José Luis Antuña, director general de Feiraco. Y en tercer lugar aparece la controvertida aplicación de los contratos anuales entre productores e industria, resultado del llamado Paquete Lácteo, un conjunto de medidas protectoras implantadas en un decreto en 2012, como transposición de la normativa europea. Desde el sector productivo consideran que el control es escaso. “A día de hoy, ni el 10%”, asegura Roberto García, secretario general de Unións Agrarias (UU AA), que se queja de la “permisividad” administrativa para que las cosas sigan más o menos como antes.
La Xunta niega la mayor. “La Administración controla de forma continua para que la totalidad del Paquete Lácteo funcione correctamente. Los contratos se hacen de acuerdo con la normativa”, contesta por correo eléctrónico un portavoz de la Consellería de Medio Rural, que critica a su vez que son las organizaciones de productores lácteos las que “no están haciendo absolutamente nada” para negociar mejores condiciones, y rechaza las críticas sindicales como “demagogia sin fundamento”. José Luis Fernández, de Capsa (propietaria de Larsa, entre otras), entiende que la situación es “coyuntural” y que el otoño traerá un repunte de los precios.
El propio Gobierno estatal reconoce, sin embargo, que las medidas llamadas a traer equilibro al sector no funcionan todo lo bien que se esperaba. El Ministerio de Agricultura planea introducir cambios en la normativa en 2015, para evitar recovecos legales como la firma de contratos inferiores al año, o las adendas a los mismos. “El paquete no es una herramienta suficientemente desarrollada y por sí solo no funciona”, apunta Antuña, que confía en que la nueva regulación que estudia el Gobierno traiga mejoras. “Con el fin de las cuotas no parece que esto sea fácil de gestionar sin una herramienta que regule las relaciones”, opina.
Roberto García razona que “lo que no puede ser es que la mitad de la producción del Estado salga de Galicia pero que sea la comunidad en la que menos se cobra” y recuerda que “desde 2009 han cerrado 3.500 explotaciones. Eso en términos de empleo sería el equivalente a dos bazanes [el astillero ferrolano integrado ahora en Navantia] pero como este sector no crea tensión económica porque no se cobran pensiones de desempleo parece que no se tiene en cuenta la gravedad de esta destrucción”. La caída del sector no cesa: si hoy se mantienen unas 10.000 explotaciones, hace una década eran más del doble.
Todos contra todos a partir de abril
La liberalización del mercado plantea nubarrones para los ganaderos gallegos, que temen que la gran industria europea reviente los precios a partir del 1 de abril, fecha en la que desaparecerán las cuotas lácteas que operan desde 1987. En previsión de tiempos peores, muchas explotaciones aumentaron la producción en los primeros meses del año, cuando los precios fueron ventajosos, pero arriesgándose a pasarse de la cuota asignada, un exceso que con la regulación vigente conlleva la imposición de multas muy gravosas. “El fin de las cuotas nos permitirá aumentar la producción pero también que otros países con industria grande y diversificada nos tumbe los precios”, alerta Roberto García de UU AA, que señala el problema histórico en Galicia, la escasa base territorial por el abandono de tierras.
El cambio de escenario también supone un incentivo para la modernización de explotaciones, una de las tareas para las que la Unión Europea asigna fondos. Resulta que este año las solicitudes han sido denegadas por la Xunta más que en ejercicios previos. “Para ahorrar”, critica García. La Xunta dice que “es normal” que los fondos vayan menguando, porque corresponden a un programa que llega ahora a su fin tras ocho años, y achaca el retraso en aprobar el siguiente a la tardanza en la modificación de la Política Agraria Común.
http://ccaa.elpais.com