A un solo mes de que se liberalice el mercado, España sigue sin aprobar el nuevo paquete lácteo, clave en las relaciones entre productor e industrias. Se han hecho los deberes en la modernización, pero no en el minifundismo.
Queda poco más de un mes para que el campo gallego viva otra fecha histórica. Después de 28 años, el sector lácteo, una actividad estratégica en la economía de Galicia, podrá producir libremente. Desde el próximo 1 de abril ya no habrá cuotas. Un escenario que abre enormes oportunidades para Galicia, pero sobre el que también planean sombras. La principal y más inminente es que España sigue sin aprobar la reforma del llamado paquete lácteo, el marco normativo que regula las relaciones entre productores e industrias. La garantía obligatoria de la figura del mediador en caso de conflicto en la negociación de los contratos y un mecanismo que asegure los volúmenes de recogida son, a día de hoy, las grandes ausencias del marco legal.
Máxime en un país como España, donde a diferencia de otros territorios, como Francia, los diferentes actores de la cadena de valor de la leche se singularizan por actuar en función de sus intereses comerciales y nunca en clave de sector. Solo así se entiende, por ejemplo, que mientras la cotización internacional de los productos lácteos va al alza, en Galicia se mantengan los precios más bajos de todo el Estado, con el valor del litro a 0,30 (y con industrias ofreciendo incluso 0,27). Una realidad que una parte del sector productor atribuye a una estrategia industrial para cuadrar los balances del 2014.
En un escenario de producción libre, el contrato entre productor e industria cobra una singular relevancia. Y el actual marco normativo establece como regla general una duración mínima de un año, con la excepción de que, salvo que lo demande el ganadero, pueda tener una vigencia inferior. Así consta también en la reforma del paquete lácteo aún sin aprobar. La experiencia dice que lo que estaba pensado para proteger al ganadero se ha convertido en un filón para las industrias, quienes ante la volatilidad de los precios obligan a los productores a acogerse a esa cláusula para firmar contratos más cortos.
La cara y la cruz
Así las cosas, Galicia encara el último mes antes del final de las cuotas sin resolver una de sus grandes carencias: la posición de debilidad del ganadero en la cadena de valor en un contexto en el que el principal riesgo no será la volatilidad de precios (ya existente desde el año 2007), sino que se garantice la recogida de leche. La comunidad gallega sí ha hecho los deberes en lo que concierne a la modernización de las granjas, pero sigue sin resolverse el problema endémico de la base minifundista de la propiedad. Después de tres décadas, las inversiones millonarias de dinero público para la concentración parcelaria, iniciada hace más de 40 años, han servido para agrupar tierras que ahora no tienen uso agroganadero.
Las explotaciones gallegas tendrán que competir ahora con una menor base territorial, la baza que les permitiría reducir el coste de alimentación del ganado y les ayudaría a evitar una mayor caída de rentas en los momentos en los que desciende la cotización de la leche en origen.
Precisamente, Unións Agrarias pidió ayer al Gobierno central una mayor coordinación en la aplicación de los fondos europeos para desarrollo rural, de forma que se pueda ayudar a estabilizar los ingresos de las explotaciones más vulnerables. Castilla y León, por ejemplo, ha habilitado ya un fondo de 14 millones de euros a este fin.
Con todo, el final de las cuotas plantea importantes retos para Galicia: España consume 9,5 millones de toneladas anuales de productos lácteos y ahora solo puede producir 6,4, con lo que las granjas gallegas están llamadas a cubrir una parte de ese déficit interno. La previsible evolución de la demanda internacional de productos lácteos también juega a favor. Según datos de la UE, las entregas de leche aumentarán en el viejo continente en 12 millones de toneladas en la próxima década, con más producto destinado a la elaboración de queso.
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