La organización Asaja de Castilla y León ha valorado positivamente la iniciativa del ministro Miguel Arias Cañete de exponer en el Consejo de Ministros de Agricultura, celebrado ayer en Bruselas, la problemática del sector lácteo español, y pedir medidas orientadas al mercado que sirvan para impulsar una subida de los precios en origen.
«Medidas como la restitución a las exportaciones a países terceros o la intervención de leche en polvo son instrumentos positivos, pero que difícilmente se va a poner en marca en el corto plazo aun habiendo voluntad política para ello». No obstante, la organización agraria considera que «lo urgente es conseguir una distribución más justa de los márgenes de beneficio en la cadena de valor que va desde la producción a la distribución, pasando por la industria agroalimentaria, algo que se puede conseguir en el marco de la legislación nacional, como se está haciendo con éxito en otros países».
Asaja exige una «intervención directa de las autoridades del ministerio de Agricultura para que no se admita la venta a pérdidas en los lineales, para impedir que la leche se utilice como un producto reclamo, para que los precios en origen cubran los costes y permitan un legítimo margen razonable de beneficio, dando un respiro al sector productor». Además, recuerda que España, «que importa un tercio de la leche que consume, está entre los países de la Unión que peores precios perciben los productores de leche, y que la inmensa mayoría de las ventas de leche no son negociadas, pues la industria establece el precio de forma unilateral al mes siguiente al de las entregas y pagando en el mejor de los casos a 45 días. En otros países los precios se fijan entre productores e industria láctea, y son fruto de una negociación en el marco de la interprofesión».
Desde Asaja se señala que «otra de las competencias que tiene el Gobierno español es la referente al cometido que, en materia agroalimentaria, ha de tener la Comisión Nacional de la Competencia, un organismo que hasta ahora únicamente ha perjudicado al sector primario, beneficiando a la industria agroalimentaria y a la gran distribución, y en ningún caso al consumidor. Las prerrogativas que aquí se están dando al sector de la gran distribución están haciendo que los productores cobren menos que en el resto de Europa, mientras que los consumidores pagan más y además consumen, en contra de su voluntad, productos importados».
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