Ordena un plan de inspección para determinar si los acuerdos cumplen la ley.
Los ganaderos gallegos esperaban que en la reunión de ayer con representantes del Ministerio de Agricultura se diese una solución a los 1.200 contratos «basura» que el sindicato Unións Agrarias (UUAA) le remitió para denunciar que ocho compradores ofertaban a los productores lácteos acuerdos por debajo de los costes de producción. Se trata de más de un millar de casos -los sindicatos estiman que podría haber hasta 3.000 afectados en la comunidad- que se han visto obligados a firmar contratos por 20 céntimos el litro, un 33% por debajo de los 30 céntimos fijados como límite para cubrir los gastos, además de unos 200 productores que venden la leche a la industria a 18 céntimos.
El sector esperaba que ayer el Gobierno anunciase la anulación de estos acuerdos y reubicarlos a precios de mercado. Pero esa decisión no será inmediata sino que antes Agricultura remitirá los ocho modelos de contratos que les hicieron llegar las organizaciones agrarias a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Agricultura, que será el que finalmente se encargue de abrir una investigación para determinar si los contratos son legales o no.
El secretario general del Ministerio de Agricultura, Carlos Cabanas, aclaró que para iniciar este plan de inspecciones se necesita «información complementaria» para determinar si los ganaderos han firmado toda su producción láctea bajo este tipo de modelos con tarifas insuficientes para hacer frente a los gastos. La AICA comprobará además si esta situación perjudica a más de un millar de productores de Galicia, tal y como denuncian los sindicatos.
Xóvenes Agricultores también se facilitó al Gobierno información sobre actuaciones de la industria que su presidente, Francisco Bello, califica de «incomprensibles» debido a una aplicación «torticera» del nuevo paquete lácteo. El sector denuncia que hay casos en los que se obliga a renunciar a un año de contrato -cuando es el plazo mínimo fijado por ley- y otros en los que la industria «abusa» de su poder y establece el precio bajo presiones y amenazas al productor de dejarle de recoger la leche.
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