El presidente Santos y el ministro Cárdenas están comprometidos en toda clase de soluciones puntuales para salvar sectores.
Como el marco institucional para este tipo de medidas se desmontó en los últimos veinte años, no han ahorrado medios e improvisaciones para subsidiar a los productores agrícolas, otorgar compensaciones temporales a los sectores que enfrentan dificultades, como el café, la papa, los lácteos la metalurgia, las confecciones, etc. Los ministerios de Hacienda y el de Agricultura están cumpliendo muchas de las tareas que el IDEMA realizó en el pasado.
Mal podría decirse que la inconformidad generalizada sea el producto del camino fácil de culpar al Gobierno y recibir a cambio compensaciones y subsidios. El problema es más serio. La política de aranceles, revaluación y TLC crearon un estado generalizado de precios industriales y agrícolas superiores a los internacionales. Así lo confirma la del índice del Big Mac del Economist, la encuesta de la SAC y el desplome generalizado de las exportaciones y la producción industrial. No es aventurado afirmar que la mayoría de las actividades transables se encuentran al borde de la quiebra.
La solución no podría ser distinta a la de un sistema combinado de aranceles y tipo de cambio orientado a armonizar el mercado interno y el externo. Sin embargo, los TLC y la proscripción de los aranceles reducen el margen de maniobra a la devaluación del tipo de cambio, que fue el camino iniciado por el ministro de Hacienda e interrumpido por el paro agrícola y el deterioro de la imagen presidencial en la encuesta de opinión. A los pocos días el Presidente le pidió al Banco de la República suspender la compra de dólares y el ministro de Hacienda lo ratificó en la última reunión de la Junta. En el último mes se registró un revaluación que borró la mitad de la devaluación del año anterior.
Al parecer, los estrategas oficiales no ven bien una rectificación cambiaria que frene el abaratamiento de las importaciones que constituyó la principal causa del aumento de los ingresos de los grupos medios en los últimos diez años. En su lugar, se inclinan por los acuerdos sectoriales, subsidios y compensaciones directas que le permiten al Gobierno manifestar su solidaridad y generosidad con quienes enfrentan serias dificultades por el dictamen de la naturaleza.
La duda es hasta donde este manejo puede reemplazar las políticas generales comercial y cambiaria. La respuesta es negativa. El país no tiene los recursos fiscales ni las instituciones para compensar a los productores por la monumental revaluación del tipo de cambio y los TLC. Los damnificados consideraran siempre que las medidas no cumplen con las aspiraciones y no evitan las quiebras. La economía quedará expuesta a improvisaciones para evitar manifestaciones que atenten contra el orden público y lesionen la popularidad oficial.
El futuro de la economía es incierto. El país está expuesto a un desajuste comercial de grandes dimensiones que tenderán a amplificarse por las condiciones mundiales. Mientras se mantenga la modalidad cambiaria flexible, y más con las escasas compras del Banco de la Republica, la economía quedará expuesta a precios nacionales superiores a los internacionales y al resquebrajamiento de la industria y la agricultura. Si a esto se agrega que el mundo se aparta cada vez más del mercado libre y las exportaciones mundiales decaen, no es aventurado advertir que el siguiente cuatrenio presidencial no la tendrá fácil. Se verá enfrentado a modificar el régimen cambiario, renegociar los TLC y adoptar un marco coherente de aranceles que concilie el mercado interno y el externo.
Por: Eduardo Barajas Sandoval
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