-COAG y UPA creen que los productores quedan «desamparados» -La ministra alega que un acuerdo voluntario no incluye sanciones.
Casi sesenta rúbricas se estamparon ayer en el «Acuerdo para la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del sector de vacuno de leche», pero solo dos provenían de productores: la de Asaja y la de las Cooperativas Agro-Alimentarias, que lo recibieron como un logro «histórico». Las organizaciones que representan a la mayoría de ganaderos lácteos en España, UPA y COAG, se atuvieron a lo anunciado y rechazaron firmar un convenio que consideran que deja al sector productor «desamparado» y «a merced» de industria y distribución.
Sin embargo, sobre el papel, y tal y como destacó ayer la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, estos dos eslabones de la cadena asumen deberes. Así, destacó el compromiso de la distribución no solo a dejar de utilizar la leche como producto reclamo o a colaborar en identificar mejor su origen, sino a tener fórmulas de contratación con la industria a largo plazo, lo que permitirá a la industria organizar sus compras con los ganaderos y a estos organizar las producciones. «Se trata», resaltó, «de dos medidas importantes que, sin duda, van a generar más valor y más renta para los ganaderos».
La distribución, mediante un comunicado de sus tres principales asociaciones (Anged, Asedas y Aces), expresaba su «acuerdo en promover una mayor estabilidad en las relaciones entre todos los agentes de la cadena en favor de la sostenibilidad del sector, de manera que los ganaderos puedan mejorar sus condiciones de comercialización». Estas empresas remarcan que asumen el acuerdo bajo el «estricto cumplimiento» de la normativa de Competencia, «respetando en todo momento la libertad de cada operador para definir sus propios modelos y estrategias comerciales».
La industria, por su parte, se compromete en el texto a facilitar al Ministerio los precios netos de cesión o venta de la leche a la distribución y a «compartir con los ganaderos la revalorización que obtengan sobre los precios de cesión como resultado de la revisión de las modalidades de contratación con la distribución». Además, según añadió García Tejerina, «también se compromete en un contrato tipo». Luis Calabozo, director general de Fenil (que integra a más de 70 empresas), consideró los compromisos adoptados «muy positivos» y un «punto de partida» pera alcanzar la sostenibilidad de los actores de la cadena.
Frente a estos compromisos, las organizaciones agrarias que no firmaron echan en falta, como apuntaba ayer el Sindicato Labrego Galego, que el acuerdo (que, a su juicio, «empeora» la propuesta inicial del 18 de agosto), «no garantice precios dignos ni la recogida de la leche», además de no incluir sanciones para quien incumpla. Al respecto, la ministra defendió ayer que el acuerdo fue «tan ambicioso» como el ordenamiento jurídico español lo permite. Reiteró que fijar un precio mínimo «no es legal» y, sobre las sanciones, puntualizó que en España solo se pueden establecer con normas con rango de ley y que en un acuerdo voluntario no cabe un régimen sancionador.
La ministra, que recordó que su departamento ejercerá de «garante» del acuerdo (que entra en vigor en diez días), está convencida de que supondrá una mayor creación de valor del sector lácteo y que «se traducirá en mejores precios y más remuneradores en cada tramo de la cadena de valor». «Es un acuerdo del que estoy segura todo el mundo se beneficiará, pero donde los mayores beneficiados serán los ganaderos de leche españoles», proclamó.
El PSOE criticó que el acuerdo nace «cojo» al no contar con «los principales representantes de los productores», en alusión a UPA y COAG, mientras el PP aseguraba que «no se entiende» que no se quieran sumar.
Por su parte, los productores permanecerán «vigilantes» de su cumplimiento, desde los que le dieron el visto bueno, como Asaja, a UPA y COAG. Estos últimos lamentaron que el texto no recoja la posibilidad de nuevas adhesiones de organizaciones de ganaderos ni garantice precios que cubran los costes de producción. Advirtieron de que las «movilizaciones no están desconvocadas», sino «latentes», a la espera de ver cómo se comportan industria y distribución en próximos días.
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