El Ministerio de Economía y el de Agricultura mantienen posiciones enfrentadas sobre la obligatoriedad de que en las etiquetas de la leche y los productos lácteos figure el país de origen, así como el de transformación del producto. Para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), dependiente de Economía, la exigencia puede tener un efecto proteccionista, mientras que para el departamento de Isabel García Tejerina, es una medida demandada por el sector y los consumidores para tener más información que ya ha sido adoptada por otros países de la UE y está amparada por la legislación comunitaria. Tampoco las asociaciones agrarias se ponen de acuerdo.
La ministra señala que estudiará todas las recomendaciones, pero seguirá adelante con el etiquetado, como han hecho otros países. Ha defendido en Bruselas que no es partidaria del aumento de este tipo de actuaciones en algunos países como Francia o Italia, que pueden esconder una cierta política de renacionalización de la demanda. Pero a la vez defiende que España está en su derecho de aplicar esta medida, al igual que hacen otros Estados. Actualmente, el origen en las etiquetas de la leche lo aplican ya Italia, Francia, Portugal, Grecia, Finlandia o Lituania; Francia lo hace también en carnes e Italia en pastas.
Voluntariedad
La normativa vigente, de 2011, contempla la voluntariedad de que en las etiquetas figure el lugar de origen del producto. Pero también abre la posibilidad de que un país lo haga obligatorio cuando su omisión pudiera inducir a error al consumidor o cuando este lo demande. Por este motivo, el sector de la apicultura no entiende que España no exija el origen de la miel y se haya conformado con que en la etiqueta solo figure si es o no comunitaria o mezcla de ambas, lo que es una puerta abierta a la importación de mieles chinas sin identificar.
Agricultura elaboró hace un año el proyecto de real decreto sobre la obligatoriedad de indicar en el etiquetado el país de origen y el de transformación de la leche, texto pendiente de publicación. La CNMC, por su parte, reclama más argumentos para justificar esa indicación, como el posible interés público o la protección a los consumidores. Para este organismo, este tipo de medidas podría constituir una restricción a la libre circulación de mercancías y, por ello, a la competencia efectiva, con la posibilidad de tener un efecto proteccionista para la industria nacional, contribuyendo además a la compartimentación de los mercados por zonas geográficas. Por todo ello, el supervisor reclama precaución.
No es la primera vez que surgen diferencias entre Agricultura y Economía en materia de mercados agrarios. Ya se han dado en sectores como el del pollo o el aceite, en la defensa de los precios y la rentabilidad del sector agrario y alimentario desde un lado y en defensa de un IPC a la baja desde el otro. Con la actual Administración de popular, las diferencias más graves entre ambos departamentos se produjeron con motivo de la actual Ley de la Cadena Alimentaria en 2014. Entonces, frente a la posición de Agricultura para perseguir la venta a pérdidas, desde la CNMC se valoró y sacó adelante la importancia de la competencia entre grandes grupos de la distribución para bajar los precios en beneficio de los consumidores.
Autor: Vidal Maté
Fuente: EL PAÍS
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