Propone aunar los 45,5 millones disponibles para que lleguen a todos los ganaderos.
La consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, ha indicado que el Principado reclama al Gobierno central un sistema de reparto de las ayudas al sector lácteo que aúne los 45,5 millones disponibles para que lleguen a todos los ganaderos. Según sus cálculos, estas ayudas concedidas por Gobierno de Rajoy sólo las recibirían 228 ganaderos asturianos, un 10 por ciento del total, mientras que en Galicia beneficiarían a casi el 50 por ciento. Asimismo, ve «injustificado» que los productores andaluces puedan recibir la denominada ayuda de mínimos siempre que estén cobrando un precio por kilo de leche inferior a 0,34 euros, y que los asturianos no obtengan esas mismas ayudas si perciben un precio superior a 0,27 euros.
La consejera ha explicado que el Ejecutivo autonómico solicita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la modificación del sistema de distribución de las ayudas al sector lácteo para compensar la pérdida de ingresos de los ganaderos afectados por el descenso del precio de la leche.
Álvarez ha emplazado a la ministra Isabel García Tejerina a diseñar un modelo que aúne los fondos disponibles, es decir, los 20 millones de ayuda directa aprobados por el Consejo de Ministros y los 25,5 millones asignados a España por la Comisión Europea.
Aboga por un criterio de reparto que primer los criterios de equlibrio y racionalidad
En una carta remitida el pasado viernes a García Tejerina, la consejera plantea «la reformulación conjunta de las ayudas al sector» para que los fondos lleguen a todos los productores de leche y aboga por el diseño de un modelo de apoyo que prime los criterios de «equilibrio, racionalidad y consolidación de la actividad en España». Al mismo tiempo, ofrece la «total colaboración» del Principado para avanzar en esa posible solución alternativa.
La titular de Desarrollo Rural traslada a la ministra su inquietud ante la «crispación» que está ocasionando el procedimiento empleado por el Ministerio para abordar la crisis de precios.
Álvarez precisa a la ministra que el Gobierno de Asturias manifestó, desde el primer momento, su total desacuerdo con el Real Decreto que establece las normas reguladoras para la concesión de las ayudas directas del Ejecutivo central (los 300 euros por vaca a los ganaderos que no cubren costes de producción), una medida que «perjudica singularmente a los productores lácteos de Asturias».
Estas ayudas concedidas por Gobierno de Rajoy sólo las recibirían 228 ganaderos asturianos, un 10 por ciento del total, mientras que en Galicia beneficiarían a casi el 50 por ciento, precisa la Consejería . La propuesta del Ejecutivo asturiano, negociada con los representantes de los productores, consiste en que los fondos alcancen a todas las explotaciones de forma proporcional a su producción, dentro de los límites de la cuota que tenían asignada.
Cree que el reparto del Magrama «ayuda a agudizar la crisis del sector»
Sin embargo, abunda que el criterio que pretende imponer el Ministerio lejos de ayudar a compensar las dificultades económicas y a aliviar la crisis general en la que se encuentra el sector, «contribuye a agudizarla en tanto que introduce distorsiones de mercado, no reconoce la labor de organización y mejora realizada por los productores, y abre diferencias injustificadas e injustificables entre territorios».
La responsable de Desarrollo Rural expone que la aplicación del Real Decreto en los términos difundidos «agudizaría todavía más los efectos indeseables del mismo». Así, tacha de inadmisible que, a partir de una base estadística tan escueta como la que el Ministerio utiliza para el cálculo (toma como referencia tres explotaciones en toda España, correspondientes a Castilla y León, Galicia y Andalucía, para aplicar a más de 17.000 ganaderías), se establezca un «arbitrario y simplista criterio de territorialización».
El hecho de que esa fórmula permita, por ejemplo, que los productores andaluces puedan recibir la denominada ayuda de mínimos siempre que estén cobrando un precio por kilo de leche inferior a 0,34 euros, y que los asturianos no obtengan esas mismas ayudas si perciben un precio superior a 0,27 euros es «difícilmente comprensible, absolutamente injustificado», argumenta Álvarez.
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