Los supermercados están escribiendo las leyes con demasiada frecuencia”. Lo decía Gérard Choplin, exdirector de la Coordinadora Europea de Agricultores, cuando le preguntamos en este artículo sobre la voluntad de la Unión Europea de quitar poder a las distribuidoras para devolvérselo a los productores.
El discurso del Comisario Europeo de Agricultura, Phil Hogan, el pasado 6 de octubre en el Castillo de Dublín, fue contundente: »
“Si los productores no obtienen un precio justo por su trabajo (si no pueden ganarse la vida decentemente) entonces tenemos un gran problema. Las ganancias del gasto de los consumidores europeos en comida se está reduciendo contínuamente a causa de un desequilibrio claro de poder entre los productores y otros enlaces de la cadena de distribución alimentaria”.
Con el apoyo del presidente de la Comisión, el informe del Grupo Operativo sobre Mercados Agrícolas y la consulta pública sobre Prácticas Comerciales Desleales en el sector (PCD) que se cerró el pasado 17 de noviembre, todo indica que se está trabajando muy en serio para que esos superpoderes de las distribuidoras se desvanezcan de una vez por todas.
Para saber cómo viven la guerra contra los supermercados declarada en Europa las dos partes implicadas, hablamos con la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS) y con Álvaro Areta, del servicio técnico de la (COAG).
ASEDAS no está de acuerdo con la postura que está adoptando el discurso del Comisario de Agricultura. Es más, afirman que “las manifestaciones del Comisario Hogan son absolutamente desproporcionadas y desafortunadas. Hacer generalizaciones sobre el funcionamiento de un sector tan complejo es un acto de imprudencia impropio de una persona que ostenta el cargo de un comisario”.
Alegan que “reproduce un debate absolutamente superado en España desde hace años, utilizando antiguas premisas basadas en análisis poco precisos sobre el funcionamiento real de la cadena agroalimentaria y apoyándose en el mantra del reequilibrio”.
“Conviene destacar tres aspectos fundamentales. El primero, que las prácticas comerciales abusivas no son habituales y que se pueden dar en cualquiera de los eslabones, es decir, que no son exclusivas de ningún eslabón, y mucho menos de la distribución”, señalan desde ASEDAS, citando la Ley española 12/2013 de Mejora para el Funcionamiento de la Cadena Agroalimentaria, un documento que se considera pionero en Europa pero que sin embargo lleva 3 años en proceso de implantación.
“En segundo lugar, otro hecho es que más del 90% de los productos que venden los agricultores lo hacen a la industria de transformación”, indican en defensa de los comerciantes minoristas.
“Por último, cada producto agrario es diferente y sigue sus propios canales, por lo que cualquier generalización supone un error conceptual gravísimo”.
Sin embargo, desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos españoles (COAG) Álvaro Areta, de los servicios técnicos, explica que “en muchas ocasiones, hoy la rentabilidad que se genera para el productor se encuentra por debajo de los costes y esto se debe a una concentración de poder en otros eslabones de la cadena, que se usa para presionar a la baja los precios en origen y para imponer determinadas prácticas abusivas a los agricultores”.
Pone un ejemplo muy claro: “El sector lácteo español es dependiente de las importaciones. La distribución utiliza la leche en sus lineales como producto reclamo. Venden leche, incluso por debajo del precio que han pagado por ella para atraer al consumidor al supermercado y luego ganan con otros productos. Les da igual perder con la leche porque ganan con el detergente, por ejemplo”.
Seguro que algunos no tardan en aplaudir la magnífica estrategia de márketing de la empresa. Pero, en realidad, lo que esto supone es que hoy los supermercados ganen mucho, sí, pero que en el futuro ya no puedan vender artículos como la leche o que los precios suban por las nubes.
“Esa práctica, de manera sistemática, lo que produce es una pérdida de valor en la cadena. Al final repercute con las propias explotaciones ganaderas, que no pueden asumir que no se estén pagando los costes reales. Así desaparece un sector: se empieza a depender de las importaciones y esas industrias extranjeras pueden decidir subir los precios en España, ya que no habrá una industria fuerte que pueda competir con las importaciones”.
Para la COAG, la solución no pasa por fijar precios mínimos. “Pero si hay que tomar medidas para que los costes que tienen los agricultores se cubran; que no se produzcan situaciones de imposición de precios por parte de industria y distribución al agricultor por debajo de sus costes de producción».
¿Cómo se consigue esto? «Nosotros consideramos acertado tener una contratación obligatoria, que se prohíban determinadas prácticas abusivas, como puede ser la venta a pérdidas”.
Otra medida tiene que ver con el caos de legislaciones que reinan en la UE. “Trabajamos en el mercado único de la UE y cada estado miembro tiene una legislación propia, por lo que se reclama una armonización de legislación a nivel europeo”.
“Nosotros, como COAG, promovemos los circuitos cortos, el contacto directo entre agricultor y consumidor. Pero entendemos que tiene que haber una red de distribución, de supermercados e hipermercados. Tenemos una necesidad mutua de existencia. Lo que no apoyamos es que haya una concentración de poder tal en determinadas cadenas que provoque que en el resto de eslabones de la cadena no se genere ningún valor”.
Porque en España, 4 cadenas dominan el 56.7% de la distribución de alimentos. Son Mercadona (24.1%), Carrefour (8.7%), Dia (8.4%) y Eroski (5.5%), según los datos de septiembre de Kantar.
“Al final, el productor está en una situación de imposición. Tiene que haber una supervivencia por parte de todos los eslabones de la cadena. Se trata de que ganemos todos. Si no la cadena es insostenible en el tiempo”.