No es de poca monta la polémica que enfrenta por estos días a Fedegan y al Ministerio de Agricultura por cuenta del manejo del Fondo de la Carne y de la Leche, que se compone de recursos públicos y se nutre de las contribuciones que pagan periódicamente cerca de 400.000 empresarios del sector, de todos los tamaños. Con recaudos anuales cercanos a los 100.000 millones de pesos, el Fondo en cuestión es el segundo en importancia de la actividad agropecuaria –de 16 que existen–, después del que existe para el café.
La figura puede sonar curiosa, pero se encuentra consagrada en la Carta Política y busca impulsar aquellos segmentos para los cuales se hacen este tipo de contribuciones. La ley autoriza que estos fondos sean manejados por entidades de naturaleza privada, si bien la Corte Constitucional ha señalado, en diversas ocasiones, que deben ser administrados en una “urna de cristal”, y que quien lo hace requiere exhibir estándares sobresalientes de democratización.
En otras palabras, los gremios encargados necesitan ser ampliamente representativos de los agricultores o ganaderos que pagan las contribuciones parafiscales. Ello incluye la elemental garantía de elegir y ser elegido a los cuerpos directivos de la entidad privada responsable de tan delicado mandato.
Desde hace cerca de tres años, el Ministerio de Agricultura –que tiene responsabilidades de vigilancia y control en este asunto– ha venido recordándole al Fondo de la Carne y de la Leche su obligación de avanzar en dicho terreno. En respuesta, Fedegan se ha negado tozudamente a aceptar el reclamo. La observación hecha, por cierto, también se le ha cursado a otros gremios privados encargados por la ley de manejar recursos parafiscales en renglones diferentes.
En los últimos tiempos, tanto de parte del Ministerio como de la Contraloría, Fedegan ha recibido varias glosas a su gestión como administrador del Fondo, las cuales debe responder, pues muchas de ellas son extremadamente delicadas. Los informes muestran una realidad realmente inquietante.
El caso más preocupante es el de Friogan, que ha resultado un rotundo fracaso financiero, con deudas acumuladas que superan los 50.000 millones de pesos. Lo grave de todo esto es que gran parte de la capitalización y de los avales con los que se creó esta red de frigoríficos, provinieron del Fondo Nacional de la Carne y de la Leche, que tiene comprometido en esa compañía cerca del 48 por ciento de su patrimonio.
Dada su calamitosa condición financiera, Friogan debió solicitar recientemente su admisión ante la Superintendencia de Sociedades, dentro de la llamada ley de insolvencia, que no es otra cosa que un proceso concursal con los acreedores, a fin de buscar la reestructuración empresarial que esta ley facilita. Hasta ahí las cosas no serían tan graves si, simultáneamente, la sociedad en líos no hubiera arrastrado al proceso también al Fondo de la Carne y de la Leche.
Por cuenta de esa situación ha sucedido algo inédito en la historia de la parafiscalidad colombiana, en el que, por primera vez, un fondo que representa el patrimonio de cerca de 400.000 contribuyentes se ve envuelto en un proceso que antes se conocía como un concordato. Eso es poco menos que escandaloso.
Así las cosas, el Gobierno, como era su deber hacerlo, no le renovó a Fedegan, a partir del primero de enero de este año, la administración del Fondo de la Carne y de la Leche, que ha pasado, mientras se aclara todo este entuerto, a manos de Fiduagraria, la fiduciaria del sector agropecuario.
El Ejecutivo actuó bien e incluso alguien podría decir que se demoró mucho. Lo que carece de toda lógica es salir a decir, como lo está haciendo Fedegan, que la administración procedió con ánimo retaliatorio para cobrarle a este gremio las reservas que ha expresado sobre el proceso de paz. Esa es tan solo una manera de querer tapar lo que en cualquier parte sería calificado como un pésimo manejo de recursos ajenos.
Ricardo Ávila Pinto
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