Resolución radicada ayer ordena realizar pesquisa sobre la polémica transacción.
La Cámara de Representantes se propone investigar la transacción de compraventa de la empresa Indulac por parte de la Cooperativa de Productores de Leche (Coople), según se desprende de una resolución radicada ayer a esos efectos.
La medida, radicada por el presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez y el vicepresidente, José Torres Zamora, ordena la pesquisa a su Comisión de Agricultura y Recursos Naturales.
La extensa exposición de motivos de la resolución cuestiona la legitimidad de dicha transacción y recoge, como área de preocupación, las conclusiones de la Orden de Cese y Desista que emitió la Oficina de Reglamentación de la Industria Lecherera (ORIL).
“Recientemente ha formado parte de la discusión pública la compraventa de los activos de la Industria Lechera de Puerto Rico Inc., mejor conocida como Indulac, por parte de Coople, por un valor de $34 millones. La compraventa se pagará a un término de 40 años utilizando los mismos dividendos de Indulac”, reza la medida.
Cuestionan conflicto
Una de las áreas que será objeto de la investigación es el alegado conflicto de intereses que denunció ORIL en su orden del pasado diciembre.
“Llama la atención la composición de las entidades envueltas en la transacción en cuestión”, se indica.
“Se trata de los mismos protagonistas en ambos lados de la mesa de negociación. Surgen serias dudas sobre conflictos de interés y faltas a los deberes fiduciarios de aquellos envueltos en la transacción de compraventa que requieren investigación”, agrega.
Establece también la medida que “el secretario de Agricultura, Carlos A. Flores, también se opuso a esta venta”, y cuestionó los beneficios de la transacción para el sector de la leche.
Se ordena a la Comisión realizar una “investigación exhaustiva” sobre la compraventa “y a su vez, investigar los procesos, manejo, participación de funcionarios públicos y la disposición de bienes públicos con relación a los activos de Indulac en dicha transacción”.
La medida otorga 180 días al organismo legislativo para rendir un informe que incluya hallazgos, conclusiones y recomendaciones al cuerpo.
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