Es Por la nativa a dar de baja el “aporte patronal mensual permanente”.
El 7 de mayo de 2009 a eso de las 15:00 horas representantes del gremio Atilra, del Centro de la Industria Lechera (CIL) y SanCor firmaron el Acta Acuerdo 748/09 por medio del cual se determinó la obligación –por parte de todas las industrias lácteas– de pagar un “aporte patronal mensual permanente” adicional a las cargas sociales establecidas por la legislación vigente.
El documento, en representación de CIL, fue firmado por Jorge Secco, Jorge Mario Roldán, Jorge Alejandro Gardonio, Alejandro Raúl Ottoboni, Miguel Ángel Morales, Aldo Abel Arricar y Rubén Alberto Iemma, mientras que por parte de SanCor el encargado de validar el aporte fue Marcelo Beldi (responsable del área de Recursos Humanos de la cooperativa láctea). A fines de enero de 2010 el acuerdo comenzó a regir al ser homologado por la entonces secretaria de Trabajo kirchnerista Noemí Rial.
Existen 35.496 trabajadores lácteos a nivel nacional –según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo correspondientes al tercer trimestre 2016– de los cuales al menos 28.000 estarían afiliados a Atilra. En la actualidad el “aporte permanente” es del orden de 3200 pesos por trabajador, lo que le permitiría recaudar al gremio unos 90 millones de pesos mensuales por ese concepto.
El “aporte permanente” no fue convalidado ni aceptado por la entidad que nuclea a las pequeñas y medianas Pymes lácteas (Apymel), varias de las cuales, al negarse a pagar el mismo, fueron denunciadas en la Justicia por los abogados de Atilra. Y en los últimos meses varias industrias socias de CIL están experimentando dificultades para abonarlo. SanCor, por su parte, ni siquiera tiene recursos suficientes para pagar salarios en los plazos correspondientes.
Los funcionarios nacionales encargados de evitar el colapso de SanCor establecieron un protocolo de manual para reestructuar la empresa, de manera tal que los fondos públicos destinados al salvataje (un crédito a tasas subsidiadas del Fondear) sirvan para evitar, en la medida de lo posible, grandes pérdidas de empleos directos e indirectos (estos últimos por cierre de tambos que dependen de los pagos de la cooperativa). El criterio detrás de esa decisión es que no resulta viable destinar recursos a un barril sin fondo porque los mismos se evaporarían en milésimas de segundos sin resolver el problema.
El plan de reestructuración oficial contempla –entre otros aspectos– terminar con el “aporte permanente” que, en la situación de crisis de la industria láctea en general y de SanCor en particular, resulta inviable. No se trata de un capricho. Las ventas de productos lácteos en cadenas de supermercados sumaron en febrero pasado 2954 millones de pesos, una cifra 5,4% inferior a la registrada en diciembre del año pasado, según los últimos datos relevados por el Indec en 61 empresas distribuidas en todo el territorio nacional. Pero en términos reales –considerando la evolución del capítulo del IPC San Luis relativo a alimentos y bebidas– la caída en el período es del 7,8%.
Tres integrantes del núcleo duro del gobierno macrista –Mario Quintana, Gustavo Lopetegui y Miguel Braun– fundaron la industria láctea Pampa Cheese (empresa localizada en Progreso; Santa Fe) y conocen de primera mano el impacto del “aporte permanente” en los salarios que reciben los afiliados de Atilra (que son además sustancialmente superiores a los percibidos por trabajadores de otros rubros del sector alimentario).
Los dirigentes de Atilra –según un comunicado difundido la semana pasada– consideran que el pedido de dar de baja el “aporte permanente” es una acción de “fuerzas conservadoras y antisindicales que explotan la crisis para atacar al sindicato y el papel que desempeña en la prestación de servicios a sus miembros y a las comunidades lecheras en general”. Incluso llegaron a proponer, en una solicitada, que “los trabajadores de la actividad que se desempeñan en las otras empresas (lácteas) donen una parte de su sueldo para apoyar a los compañeros de SanCor” (sic).
Vale recordar que entre los “servicios a sus miembros y a las comunidades lecheras en general” se incluye el esponsoreo realizado en 2016 al Quilmes Atlético Club en el marco de un acuerdo realizado con el entonces presidente de esa institución Andrés Meiszner, hijo de José Luis Meiszner, socio del kirchnerista Aníbal Fernández y con un pedido de extradición vigente, por parte de la Justicia de Nueva York (EE.UU.), en el marco de la causa que investiga una red de corrupción en la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). El acuerdo con Atilra no fue renovado por la nueva conducción del club, liderada por Marcelo Calello, opositor a la gestión de Meiszner y denunciante del vaciamiento de la institución deportiva.
Si la dirigencia de Atilra, encabezada por Héctor Luis Ponce, no acepta resignar el cobro del “aporte permanente”, entonces la supervivencia de (lo que queda de) SanCor está en riesgo al no disponer de los fondos del salvataje. Y con ella, miles de empleos y cientos de empresas lecheras (sin considerar a proveedores de servicios e insumos industriales).
En el último año –según datos oficiales relevados en un informe del sitio Dairylando– cerraron más de 550 tambos a nivel nacional. Con la caída de SanCor, la lista de empresas lecheras desaparecidas seguramente seguirá incrementándose.
http://www.valorsoja.com/2017/05/03/tiempo-de-descuento-para-evitar-el-colapso-de-sancor-el-destino-de-los-empleos-que-dependen-de-la-cooperativa-esta-en-manos-de-atilra/#.WQmo-uU1_IU