Agroquímicos, ley de semillas, mercado lácteo y laboral fueron los tópicos de la jornada.
El Dr. Luis Facciano (docente y coordinador de la especialidad de Derecho Agrario), le contó a Campolitoral que se trató de una jornada interdisciplinaria, en la que se tocaron algunos de los temas que están más relacionados al campo, como propiedad de semillas, aplicación de fitosanitarios, contrato agrario y negocio lácteo. “La función del abogado o la ley implica hacer normas acordes a las necesidades”. Pero aclaró que hay temas como el de la Ley de semillas, del que se habla mucho y siempre está por salir una nueva ley, “pero hay intereses económicos muy grandes y cualquier resolución tiene consecuencias”.
En cuanto a los fitosanitarios, existe una ley (11.273) “pero muchas veces no se controla o gestiona; y en ese marco se desarrolla nuestra tarea. Estamos en el corazón del núcleo productivo, tanto es así que esta carrera es la única del país, en la que buscamos una visión holística de todos los temas para que los abogados que se reciben puedan participar de la vida política (si son legisladores); en la vida productiva (si son asesores); o si son abogados litigantes o magistrados, que tengan la formación necesaria en el tema”.
En este sentido, la Dra. Alejandra Castro (coordinadora de la carrera de Derecho Agrario de la UNL), remarcó que estamos en medio de una zona altamente productiva, “por lo tanto, cualquier intento de coadyuvar al productor agropecuario a solventar todos los acontecimientos que sufre a diario son pocos. Esta jornada y esta carrera están destinadas a eso, a ayudar a los productores a enfrentar los problemas con los que se encuentran a diario”.
Mercados lácteos
Eduardo García Maritano (coordinador de lechería de CARSFE), denunció la falta de consistencia del mercado lechero, el que “se desenvuelve bajo las mismas condiciones que cuando el producto era escaso y no había exportaciones. Esto crea una falta de reglas de juego. Esas reglas están pero no se cumplen”, disparó.
El ruralista citó al fallo del colegio de Abogados de Rosario, que en este sentido especificó que “la transferencia de la leche del productor a la industria es un contrato de suministro, y eso tiene condiciones contractuales particulares que tienen que ser preservadas para que el derecho de las partes no sea vulnerado”.
También expresó que la intención de su entidad es que se cumplan las normas. “Para que haya una transacción debe haber un bien transable definido, un estándar y no un promedio de toda la facturación de la leche en la Argentina, eso no es un estándar porque se mezcla lo bueno, lo malo y lo regular. Si vos tenés transacciones hechas sobre un estándar, esas transacciones se pueden comparar, y eso genera un precio de referencia. Y en una actividad commodity como lo es la agropecuaria (soja, novillo o leche), si no tenés precios de referencia no podés ajustar costos hacia abajo. Luego, necesitás un sistema de comercialización que está contenido en un perfeccionamiento de la voluntad entre las partes. Todo eso implica formalizar la relación, y asegura mayor seguridad en el marco de la negociación”, expresó.
Finalmente, apeló a un arbitraje, el que “evita eventuales situaciones disruptivas o conflictos, y arbitrarlos de una manera rápida, porque estas son cuestiones comerciales. Pero falta voluntad política de las autoridades nacionales o provinciales para hacer cumplir las leyes y como no se puede hacer de forma compulsiva, tienen que ser las autoridades quienes deben traer a las partes y decirles que hay leyes que cumplir y buscar la manera de implementarlas de una manera armónica en beneficio de todos”.
Consultado sobre la realidad productiva de la lechería, manifestó que desde lo productivo, el clima sigue siendo el gran actor de la política lechera. “No se hizo nada, aunque Santa Fe hizo algunas cosas sobre las que se avanza tímidamente, con un precio de referencia o precios orientativos, pero no los publicita y no empodera para que el ciudadano lo sepa y lo use. Lo tiene debajo de la mesa. Estamos esperando la decisión política que ponga en marcha lo que ellos mismos anunciaron, porque si hay reglas claras el negocio prospera”.
Según el Dr. Horacio Maiztegui, hay una extinción en la relación del trabajo agrario. “Si bien la ley 26.727 es bastante nueva (2011), merece una nueva reestructuración, ya que la norma se dictó de apuro, en el mismo día en que se sancionaron más de 400 leyes y resoluciones. Se debe apuntar a la unificación del RENATRE y la Comisión Nacional del Trabajo Agrario, porque si estamos hablando de bajar el gasto público, se debe unificar todo el poder de policía del Estado en una sola órbita. Esto haría más eficiente el control de la relación entre los empleadores y trabajadores en el marco del trabajo agrario”.
Autor: Federico Aguer
Fuente: CampoLitoral
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