La agriculturización, la falta de representatividad gremial, la carencia de estructura y una cadena rota, como factores en la pérdida de calidad de vida tranqueras adentro.
Según el trabajo publicado esta semana, las necesidades básicas de los trabajadores de los tambos de la cuenca lechera central tales como salud, educación, recreación, comunicación, jubilación y protección laboral, entre otras, no están siendo satisfechas. Es una situación que los coloca en un bajo nivel de condiciones de vida, según una de las conclusiones a las que arribaron investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), estudio del que colaboraron profesionales del Ministerio de la Producción y del INTA. El dato aporta cifras reveladoras sobre un período entre 1988 y 2008, proceso donde las necesidades insatisfechas de los trabajadores que quedaron afuera del sistema luego de la gran expulsión de mano de obra que se produjo en ese lapso, según revelan los datos de tres censos agropecuarios. Según el estudio, cerraron 926 tambos sólo en el departamento las Colonias.
“En suma, se perdió en esa zona un 50% de los tambos en tan solo 20 años y con ellos se expulsaron del sector a más de 900 familias tamberas”, explicó Patricia Sandoval, que formó parte del grupo investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la UNL.
Se trata de empleados comúnmente denominados “tamberos”, que se dedican al ordeñe de las vacas y a las actividades asociadas, utilizando generalmente la mano de obra de su familia, razón por la cual es indispensable que residan en el mismo campo o al menos en un lugar cercano. “El tambero y su familia son sujetos sociales de fundamental importancia en la producción lechera, ya que constituyen la mano de obra y porque su presencia asegura y construye tejido social en el sector rural. Sin embargo, han sido afectados y desplazados por el proceso de agriculturización de los últimos 25 años”, argumentó Sandoval.
En Las Colonias
Para saber cuál era la situación en los tambos, el grupo de investigación realizó entrevistas en profundidad a tamberos de establecimientos asociados a una cooperativa de larga data en el departamento Las Colonias, trabajo por el cual obtuvieron información que permitió caracterizar el perfil actual de ese actor social y su familia. La investigadora comentó que dicho departamento, perteneciente a la cuenca lechera más importante de Latinoamérica, perdió más del 50 por ciento de sus establecimientos lecheros en este período. A la hora de encontrar las causales del fenómeno, enumeró algunas explicaciones: “se dio un proceso de crecimiento tecnológico del agro que en general no tuvo un recorrido paralelo con las condiciones de vida de pequeños productores y familias tamberas. “Así, los beneficios económicos de la agricultura no fueron los beneficios económicos de los empleados y trabajadores rurales”, destacó.
En el lugar, los investigadores definieron un universo de estudio y aplicaron un cuestionario. Realizaron nueve entrevistas en profundidad a los tamberos y tres a informantes calificados, de las cuales se extrajeron los segmentos que permitieron construir los resultados. El análisis de la información se realizó volcando los resultados de la desgrabación de entrevistas, las categorías identificadas y los entrevistados, al tiempo que se fueron encontrando nuevas categorías conceptuales a medida que se avanzaba hasta llegar a la saturación de respuestas.
“Es una línea de investigación que fundamos hace unos 15 años, con extensión, sociología y desarrollo rural. Vemos que la problemática de la lechería se agravó con el desplazamiento de la agricultura. Quisimos hacer visibles las condiciones de vida del trabajador tambero. Propulsamos un modelo sustentable territorial donde todos los actores son fundamentales, donde se construye tejido social con las personas y las instituciones”, explicó Sandoval.
Para la investigadora, la comparación del actual marco legal con el anterior es francamente perjudicial para el tambero. “La ley de 1999 los transforma en empresarios de un día para el otro, pero con las obligaciones y no con los derechos. Habla de remuneración, que es para un trabajador y no un socio. Los llena de obligaciones, se tienen que pagar la jubilación, el seguro a sus subcontratados, su propia ART, etc.”, enumera. Y el otro déficit es el de las necesidades básicas en tanto salud, vivienda, esparcimiento o seguridad, agravados por la crisis de las lluvias, con caminos que no están en condiciones: están virtualmente aislados. “Queremos generar resultados para que lleguen a los decisores con políticas para el sector lechero, que a la vez se traduzcan en caminos, escuelas, conectividad. Es un trabajo tan rústico y sacrificado que los que viven de esto no lo quieren para sus hijos”, resumió.
Tambero asociado
Según el mismo trabajo, una de las razones de los problemas es el cambio de la situación legal del sector a partir de la aparición de la Ley del Tambero Asociado, “que devino en un cambio en la situación legal de los trabajadores, con las consecuentes modificaciones de su anterior estilo de vida”. Según el trabajo, “las condiciones materiales del tambero son las de un obrero rural, solapada por la categoría jurídica de tambero asociado, de carácter autónomo. El duro trabajo manual polifuncional es la propiedad inherente a este agente social, que si bien para el aspecto legal es individual, en la realidad se trata de un sujeto social colectivo, la familia trabajadora tambera. En términos específicos para la zona en estudio, se concluye que este sujeto social se encuentra actualmente en estado de vulnerabilidad”, opinó Sandoval.
Por último, y a la ahora de encontrar soluciones, afirmó que esa vulnerabilidad de las familias rurales se puede resolver -en gran medida- con la intervención del Estado en sus diferentes niveles jerárquicos, en articulación con instituciones del sector privado para mejorar las condiciones de vida del sector, lo que significa proveerlos de buenos caminos, electricidad, señal de internet y de telefonía celular, atención de la salud, recreación y la educación, entre las principales cuestiones. “La gente del campo tiene las mismas necesidades básicas que la gente de la ciudad”, finalizó.
Para Alberto Balbi, titular de OSPRERA Santa Fe, tal precariedad es innegable. “El mediero hace un contrato por un porcentaje de la recaudación, y lleva gente y a su propia familia a trabajar. La mayoría de los establecimientos tiene su mediero porque es responsable de todo lo que pasa en el tambo y el que a su vez busca la gente. Es un trabajo rústico, ganan poco y hay situaciones en negro. El mediero es monotributista, pero sus subcontratados no lo son”, explica.
“No estamos haciendo muchos operativos por la gravedad de la situación del agua, pero hay mucha gente que no la está pasando bien. Queremos que se normalice esto, salir de la zona de desastre y entonces vamos a salir a hacer los operativos a toda la provincia para regularizar a nuestra gente, para que cobre lo que le corresponde. Hoy, muchos están excluidos de la sociedad, ni siquiera tienen ART”, disparó el representante de los trabajadores rurales.
Según Balbi, un trabajador rural gana de básico $ 12.000, a lo que se le suma el salario familiar, y las changas que permite la ruralidad, mediante las cuales, se las “rebuscan” con sus animales y granja. Además, se lamentó de la factura política que les pasó el gobierno anterior al no homologar importantes acuerdos con la patronal. “Acordamos aumentos del 35 % pero Cristina homologó sólo el 24. Venegas anunció el aumento del Fondo de Desempleo al 35 % de lo que estaba, y con eso el trabajador tiene la obra social y los beneficios del gremio de acuerdo a su antigüedad”, manifestó.
El problema de fondo
Según el abogado especializado en derecho agrario Horacio Maiztegui, el tema no pasa por la figura legal, sino por la gravedad de la crisis estructural del país. “El problema es del país, donde tenés que ser economista, porque sino te fundís. La Ley 25.169 brinda el marco legal que posibilita llevar adelante la producción lechera bajo esa modalidad. Presenta un esquema con un dueño y un tambero independiente asociado (autónomo), que permite que cobre el doble o triple que el sueldo de un peón y que permite a su vez tomar otros empleados”, sostuvo. Y explicó que la otra forma que se utiliza es la del trabajador rural bajo la figura del peón ordeñador, que cobra escasos $ 8.000, bajo el marco de la Ley 26.727. El problema, según Maiztegui, es que no se respetan los valores de la cadena, donde el productor no está protegido por el Estado y no se lleva la misma porción que el industrial o el comerciante. “El escaso valor de la materia prima frente al alto valor de la industria y el comercio, hace que no se respeten las proporciones como en el resto del mundo (33 % para cada uno)”.
La falla comercial
En sintonía con esta mirada, Carsfe sostiene que el tema comercial es la principal traba para que el tambero viva mejor. Para Eduardo García Maritano, titular de la Comisión de Lechería de la entidad, la realidad es una aunque hay distintas posibilidades de encarar un diagnóstico. “El conocimiento es la base para resolver los problemas, pero el tema clave es el del ambiente transaccional”. Y opina que la cadena de valor habla de un simbolismo donde cada integrante está conectado al otro, pero desde el punto de vista práctico lo que los conecta es la transacción misma. “Cuando uno le cede la propiedad a través de una contraprestación en dinero, y cuando esto no está alineado, la cadena no se articula, y ese es el diagnóstico de Carsfe de la cadena: funciona bien desde la demanda a la industria, pero no desde la industria a la producción. Esto lo hemos analizado y estudiado”, manifiesta.
Según García Maritano, la articulación de la cadena y su transacción como herramienta no está alineada y eso genera problemas. “Se necesita un bien transable definido, un precio y condiciones de ese traspaso de propiedad, y que la contraprestación de dinero tenga una salvaguarda acordada entre las partes”, agrega.
“Se vende una leche que no es un bien transable definido, y esto tiene una importancia fundamental en un commodity. Estas cosas tan obvias no están en los trabajos académicos”, explica.
Según el ruralista, el tambo es una actividad comercial, y los flujos de fondo deberían generar renta. “La gente que hace leche necesita generar renta para vivir de la actividad, y Argentina está haciendo poco para que la lechería sea una actividad donde ganar o perder dependa de tu gestión. Y las reglas de juego de la actividad no pueden ser acciones de abuso de unos sobre otros”, enfatiza.
Ascenso de categoría
Según García Maritano, en términos futboleros la lechería debe pasar del potrero al juego profesional. Esto implica dotar de reglas de juego comerciales a la interfase industria – producción. “La industria dice que compra leche bajo condiciones de compra venta oral. Suponiendo que sea así, el art 1.141 del Código Civil y Comercial dice que la compra venta oral el pago el pago es de contado. La industria no formaliza los contratos con los productores. La transacción no es una compra venta, sino un suministro, y dicho contrato también está especificado en los códigos, y no se cumple”. Pidió que los gobiernos impongan las leyes que ya están, porque si no pagan de contado, se debe formalizar determinando el precio. Argentina debe resolver el problema del mercado interno con un productor que se funde porque no tiene renta y un consumidor que no puede comprar un lácteo. Con un queso a $ 200/kg. hay renta para todos, pero al tambero le llegan $ 5, y este es el oportunismo. Hay que definir la leche, el precio, perfeccionar el consentimiento, implementar el pago contado, y formalizar la metodología”, reclamó.
Causas y consecuencias
Según los investigadores, se advierte una ausencia de agremiación y débiles vínculos con instituciones de la región, que caracterizan la vida del tambero. “La escasa acción colectiva se liga al trabajo en comisiones religiosas y en escuelas de nivel primario”, destacó Sandoval. Por otro lado, sostuvieron que el entorno no dispone de los servicios y prestaciones esenciales para la vida social, menos aún de lo que se disponía hace dos décadas en este sector rural y que los servicios actuales del sector agropecuario no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas de salud, seguridad laboral, comunicación, recreación, educación. Es fácil entender entonces, porqué no se consigue gente que quiera trabajar en estas condiciones, aún con los ingresos altos para la media que conlleva la actividad, en un contexto de alto desempleo urbano y rural.
Federico Aguer / prensa Unl
faguer@ellitoral.com
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