En la reunión que este jueves mantuvieron representantes de las comisiones de lechería con el presidente Mauricio Macri, se propusieron mejoras en el sistema de fiscalización existente, de la mano de la AFIP y el Senasa, en un trabajo coordinado con las provincias; como así también desarrollar un código de buenas prácticas comerciales, con el apoyo de la Secretaría de Comercio.
Según informó el Ministerio de Agroindustria, “en la búsqueda de una mayor transparencia en las actividades de la cadena láctea se instó a la implementación del Remito electrónico, la posibilidad de instrumentar el sistema para descontar facturas como herramienta de financiamiento, facturas entre industrias y la validación de los datos de los laboratorios a fin de consolidar un sistema de pago por calidad y la construcción de Mercados a Término para dar previsibilidad a la actividad”.
Por su parte, el Banco Nación presentó una nueva línea de financiamiento a productores tamberos para inversiones y capital de trabajo asociado por hasta $ 5 millones y con un plazo máximo de 7 años. Esta línea posee dos particularidades: tiene modalidad UVA (con una reducción de la cuota inicial respecto del resto de las líneas en pesos) y es clave la participación de la usina, que actúa como ‘agente de retención‘ para el repago del préstamo, y asimismo da una referencia sobre la antigüedad y habitualidad del productor respecto de la entrega de leche a la usina. Estos son créditos que pueden ser a sola firma hasta 5 años, ampliándose a 7 años utilizando la garantía de prenda sobre la hacienda.
En relación al consumo interno, se dispuso generar acciones conjuntas con los Ministerios de Desarrollo Social y Salud. En este sentido, se insistió en priorizar la participación de las industrias sobre los intermediarios y poner foco en la estacionalidad de la actividad para efectuar compras inteligentes.
Respecto a la infraestructura, fue solicitada la continuidad de mejoras en la red de caminos de acceso a los tambos y una coordinación entre Nación, Provincias y Municipios. Otro aspecto a trabajar fue la conectividad en las zonas rurales.
“Ni mala ni buena”
“La reunión no fue ni mala ni buena”, le dijo Jorge Chemes a Campolitoral, al cierre del encuentro. “Con respecto a las necesidades de la coyuntura (tema precio) no hemos podido avanzar. Más bien se trataron cuestiones de mediano y largo plazo, y se habló de la conformación de una comisión técnica que va a empezar a trabajar técnicamente sobre la transparencia del mercado y la institucionalización, con la participación de CRA sobre nuestro proyecto”.
Por otro lado, se habló del tema de las exportaciones, y de cómo la devaluación las favorece, y de la preocupación por los cupos de Brasil, pero eso se va a ver a mediano y largo plazo”, afirmó. “Además, el titular del Banco Nación Javier González Fraga anunció un línea nueva de créditos a largo plazo con tasas y más flexibilidad para capital de trabajo e inversiones. Finalmente, la AFIP anunció una flexibilización en los embargos, en las deudas de planes caídos, y que se pueden renovar a más largo plazo. Fuera de esto no hay nada más. En lo inmediato no conseguimos nada”, insistió.
A futuro, adelantó que van a tener una reunión en la Comisión de Lechería de CRA la semana que viene “en la que vamos a tratar este tema y veremos qué nos piden nuestros productores. La verdad es que íbamos con la esperanza de otro resultado para la inmediatez, como intervenir en la cadena para lograr un equilibrio, porque el dinero está en la cadena pero no quieren intervenir porque es un negocio entre privados”.
Lo urgente y lo importante
Según Eduardo García Maritano de Carsfe, la urgencia de falta de precio es una realidad pero en eso nunca se va a meter el Estado. “Es como si la soja cae a $ 3.000 y los productores le piden al Gobierno que intervenga”, explicó. “La institucionalidad de mercado evita el abuso de una parte sobre la otra, porque en momentos de crisis la captación de la renta es total”. Y aclaró que “si tuviéramos una pizarra que dice que se paga $ 10 el kilo de sólidos sería una referencia, pero acá siempre se llega tarde y mal. No hay autoridad jurídica para aplicarlo”.
El tambero fue drástico al expresar que “Argentina vive el sueño de los abuelos, pero eso se terminó. Hay que luchar para que siga habiendo gente en el campo, y eso se logra con reglas claras. La clase política trabaja para la urbanidad y poniendo parches. Y también hay mucha culpa nuestra”, reconoció.
Según el ruralista, el Estado no puede en la estructura jurídica argentina obligar a un privado a pagar un precio que no está dispuesto a pagar. “Para que sea obligatorio, el Estado se tiene que poner en comprador en última instancia, y eso es una virtual junta nacional de la leche. Pero el Estado sí puede intervenir aplicando las leyes, y si bien el mercado institucionalizado no garantizará precio, sí garantizará que no haya abusos. Habrá que pensar modelos productivos viables con las fluctuaciones de precios”.
“La última esperanza del productor era que cuando no hubiera leche, el precio iba a subir, pero esto tampoco se cumplió, porque no hay reglas claras, ni institucionalidad de mercado. Los precios se traccionan desde la demanda, y en la cadena está el dinero. Y lo paradójico es que el productor se funde trabajando y el consumidor no puede pagar los precios de los lácteos. Insisto: el Estado sí se puede meter: haciendo cumplir la ley y revirtiendo situaciones dominantes”, disparó.
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Fuente: Campolitoral
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