¨Necesitamos crear mecanismos para asegurarnos que todas las empresas operen en la formalidad, tal como trabajan las empresas adheridas a COPAL (Coordinadora de las Industria de Productos Alimenticios) que ofrecen productos inocuos y saludables”, dijo el presidente de la institución, Daniel Funes de Rioja.
La informalidad fiscal y laboral merece estar entre los principales temas de agenda de la política de Estado. La problemática genera una dramática situación social que perjudica a todos, y también una injusta y falsa competitividad.
Sólo a modo de ejemplo, se estima que en la industria molinera, la venta informal de 750.000 toneladas de harina en el mercado interno genera un perjuicio fiscal de al menos 572 millones de pesos anuales, considerando IVA, Impuestos a las Ganancias, Débitos Créditos Bancarios (Impuestos Nacionales) e Ingresos Brutos (Provinciales).
Asimismo, para tal sector, el salario neto informal es un 35% menor al salario neto formal, afectando negativamente al trabajador que no tendrá sus correspondientes aportes laborales, y que tendrá una capacidad de consumo menor, estimada en 200 millones de pesos anuales. Esto, significa además una competencia desleal para la industria ya que la diferencia por los menores costos derivados de la informalidad se calcula en 400 millones de pesos al año.
Resulta imprescindible promover la formalización laboral y de las actividades en general a través del alivio de la carga impositiva en las economías regionales, la facilitación de los trámites y registros y la simplificación administrativa.
Existen exigencias y tiempos desmedidos para cumplimentar diferentes trámites necesarios dentro de la producción de alimentos. Los tiempos para inscribir un nuevo producto, según la jurisdicción, van de los tres a los nueve meses. Los documentos necesarios para el transporte de los alimentos son un capítulo aparte: transportar una bondiola desde Capital Federal al Gran Buenos Aires, un trayecto de no más de uno o dos kilómetros, requiere de 21 documentos, lo que genera la exclusión de quienes no pueden cumplir con tales requisitos administrativos, a los que se suman otras normas que esos documentos imponen.
Es por eso que, en línea con el objetivo de que la Argentina se transforme en el supermercado del mundo, la Industria de Alimentos y Bebidas (IAB) necesita que se atiendan las diferentes dimensiones de la informalidad que generan competencia desleal y, en muchos casos, terminan por opacar las discusiones técnicas indispensables para lograr una industria eficiente y competitiva.
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