De las decisiones de estos tiempos dependerá la oportunidad para la actividad en los próximos años. SanCor aparte, el gremio debe replantearse su estrategia económica y de política interna.
Por Elida Thiery – Con un título de fantasía, el viernes el Ministerio de Agroindustria de la Nación comunicaba un logro de la cartera de Trabajo. “Acuerdo para el desarrollo de la industria láctea” se enunciaba en algo que ya venía siendo anticipado por el medio de un funcionario del sector y que se negociaba hacía varias semanas, con la previa inmediata del paro nacional que la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina ejercía como muestra de su fortaleza.
Lo cierto es que venía desde muy arriba la definición de limitar el poder de Atilra y se ejecutaba con firmeza.
Héctor Ponce quiso evitar todo tipo de voces críticas en medio de la negociación, aunque no tuvo éxito. Fueron los tamberos los que empezaron a diseminar su desventaja frente a los trabajadores de la industria láctea y a esto se sumaron los industriales, ya cansados de los interminables aportes a uno de los gremios más sólidos que dejara la gestión kirchnerista, pero ante el cual siempre se terminaron inclinando.
Atónitos, los tamberos veían el crecimiento de espacios cinco estrellas para los lecheros y un deterioro constante para el primer eslabón de la cadena. Parece que ese tiempo terminó y el límite comenzó a aplicarse.
Fue precisamente con la oposición hasta 2008, atravesando toda la crisis de la 125 y las sucesivas bajas lecheras que a partir del año siguiente aquella gestión Fernández de Kirchner le concediera el deseo de tener ingresos extraordinarios como ningún otro sindicato, momento en el que no se podía debatir nada, simplemente aceptar todo lo que se definía en una mesa chica. Con ajustes tal como lo hacían los sueldos, el famoso “aporte solidario” llegó a un tope ahora.
De los 3.838 pesos a los que había trepado actualmente, de la mano de una paritaria del 40 por ciento, aunque se quisiera maquillar con cifras inferiores, ahora las empresas deberán pagar hasta fin de año 1.500 pesos que van directo al bolsillo de Atilra y nada tienen que ver con los aportes patronales tradicionales. Sin embargo, aquí hay una variante que las pymes tienen a su favor.
Las empresas que tengan hasta 70 empleados, o una facturación de 700 millones, según la definición de la Sepyme, deberán abonar 750 pesos por empleado por mes, para tal caso. Sin embargo, aquí se añade la baja del juicio que Apymel le hiciera junto a 49 empresas a Atilra, e incluso la demanda del propio gremio a las empresas por la deuda contraída desde que se decidiera cesar este pago excesivo. De todas maneras, seguirán en marcha los juicios relacionados a la mutual lechera y a la obra social, Ampil y Ospil, respectivamente.
Por lo tanto, es un logro haber sellado este aporte, que si bien no es correcto, en una suma fija y en pesos, sin estar atado a porcentajes. “Si no acordamos nada nuevo para enero, va a seguir siendo de 750 y 1.500 pesos el aporte solidario” decía un referente de la industria, con toda la certeza de poder llegar a negociar de aquí a fin de año un nuevo convenio colectivo que genere una salida ante semejante irregularidad, que nada tiene que ver con los trabajadores y sus derechos, sino con el beneficio directo al gremio, que en definitiva es la caja del sindicato para sostener sus gastos de mantenimiento cotidiano, que pareciera que los venía sosteniendo bien con otros fondos extraordinario que cuatro grandes le hacían llegar cada vez para contener la conflictividad.
Aunque hay recelos entre las industrias más importantes y las pymes, por la diferencia del número solidario, lo cierto es que es la primera vez que se pone un cerco al avance, e incluso que internamente se lo cuestiona tanto a “Etín” que tuvo que recoger el piolín tan largo que le dieron los años de libre albedrío.
Originado todo en la crisis de SanCor, agigantada por el mal trato de muchos medios de comunicación que aterraron a productores, que se fueron retirando hasta dejar a la cooperativa en una instancia de proceso de materia prima que hoy oscila entre los 800 y 900 mil litros diarios, lejos de los dos millones habituales, la firma con sede en Sunchales ya negocia hoy la llegada del crédito del FondeAr por 450 millones de pesos. Se podría dar en dos o tres entregas, siendo la primera por algo más de la mitad del fondo, para cancelar la deuda más urgente y así cautivar la confianza de quienes producen leche, que tienen además la afección del mal clima del verano.
Los ánimos están más calmos, porque la instancia de negociación y diálogo aclara un poco el panorama, sin embargo se sabe de la continuidad en la reestructuración, de las alternativas de SanCor ante semejante sacudón, debiendo todo ser aprobado por una asamblea, que será convocada próximamente para encuadrar la situación legalmente.
Muchos esperan los meses de agosto y septiembre, para conocer formalmente la situación financiera de la cooperativa, cuando se deba presentar el balance ante la Comisión Nacional de Valores, momento en el que no quedará espacio para la duda, sino para la ratificación de una crisis que consiguió transformar la realidad de la lechería, al menos en uno de sus aspectos más olvidados, el del vínculo laboral en las empresas. Sigue quedando pendiente la política lechera para la producción primaria, un hecho que aún no tiene pautas, ni pistas para su desarrollo.
Elida Thiery