Pedido formal de las autoridades de CIL.
Los representantes de las principales industrias lácteas argentinas presentaron el jueves pasado un recurso administrativo para solicitar la anulación de la normativa que establece que un 95% del pago de la leche debe estar referenciado al contenido de sólidos (grasa y proteína) y las características higiénico-sanitarias.
Las autoridades del Centro de la Industria Lechera (CIL) entienden que la resolución 344/13 del Ministerio de Agricultura –firmada por Lorenzo Basso y publicada en el Boletín Oficial a fines del mes pasado– es inaplicable en el contexto actual porque dejaría fuera del mercado a una cantidad significativa de tambos que producen leche con una calidad inferior a la media.
El reclamo también indica que el hecho de que las bonificaciones estén comprendidas en apenas el 5% restante de la conformación del precio (la relación vigente hasta entonces era de 80-20%) interfiere con la libertad de elección de los empresarios del sector.
La presentación de CIL además señala que existen aún en el mercado una cantidad considerable de empresas lácteas –que se dedican en su mayor parte a abastecer exclusivamente al mercado interno– que aún no implementaron la “liquidación única” establecida por la resolución conjunta 739/11 y 495/11 de los ministerios de Agricultura y de Economía.
El “sistema de pago de la leche cruda por atributos de calidad composicional e higiénico-sanitaria”, implementado por la Subsecretaría de Lechería de la Nación, pretende “transparentar la relación comercial de aproximadamente 1200 industrias con alrededor de 11.500 tambos” al “establecer reglas claras e igualitarias que propicien la sana competitividad del sector” y “proteger a los pequeños productores de leche: a igual calidad, igual precio”.
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