Crisis en la cadena láctea.
La múltiple representatividad del sector primario y la posición dominante del eslabón industrial, dificultan el ordenamiento formal y estratégico de la actividad. El desencuentro político entre el Gobierno provincial y el Nacional echa nafta al fuego y la lechería argentina se pierde en su propio laberinto. Verdades y mentiras que pueden confundir el diagnóstico.
El reciente conflicto lechero, en apariencia “superado” la semana pasada, aunque lo más acertado sería definirlo como “enfriado”, encuentra una primera explicación en el desorden existente en la cadena láctea, principalmente, en “la falta de reglas de juego claras”, una expresión harto utilizada en el sector agropecuario pero que en este caso aplica perfectamente. Es decir, la lechería no cuenta con una Ley. A lo sumo existen reglamentaciones aisladas o resoluciones provinciales pero que no se encuadran en ninguna planificación estratégica de alcance nacional.
Por otra parte, la fiscalización o el control reglamentario de normas que están vigentes, poseen un débil respaldo oficial, como por ejemplo el denominado “decreto Binner” que posee Santa Fe, o la resolución 189 del Ministerio de Agricultura de la Nación sobre la Liquidación Única, que son aproximaciones a un ordenamiento de la cadena láctea, pero que en la práctica se adaptan a las disposiciones particulares de cada industria láctea. Ninguna de las dos normativas (que en este artículo no analizaremos) se aplica 100% en la actividad real.
Cabe agregar a este caos, la falta de un mercado definido bajo las reglas de la oferta y la demanda o determinado por alguna regulación del Estado, que le asegure a las partes un horizonte productivo de largo plazo.
Lo que existe es una cadena con eslabones totalmente atomizados que dificultan el diálogo y la negociación de las partes a nivel macro; y con un mercado informal de leche que crece a medida que avanzan las escasas reglamentaciones para combatir la “leche negra” (aproximadamente 10% del total nacional, reconocido por la propia Subsecretaría de Lechería de la Nación). Hoy la leche cuenta con un sistema precario de comercialización en los primeros eslabones, que sigue hablando de “litro” (líquido blanco), cuando en el mundo hace rato que lo que define el precio es la cantidad de grasa, proteína (sólidos) y las cualidades sanitarias que contiene un litro de leche.
Por lo tanto, en este laberíntico escenario se produce y comercializa la leche cruda del país.
La variable de ajuste
El productor tambero produce la materia prima diariamente, la enfría a 4° C y la “entrega” a una usina láctea de su zona (generalmente), que pasa a recolectarla una vez al día por su campo. Nótese que mencionamos “entrega” y no “vende”, porque en esta cadena, la relación comercial es bastante atípica entre los eslabones primario e industrial, ya que el productor se entera de lo que vale su producción con 30 días de demora (al mes siguiente) cuando ve la liquidación en el resumen de pago que le da la industria. Algunas lácteas incluso pagan la producción con hasta 45 días de demora, otro factor condicionante para el productor primario porque, en un contexto inflacionario, constantemente va detrás de la inflación sin saber cuánto percibirá por la producción ya “entregada”. Claramente, históricamente, el valor de la materia prima es definido por la industria, nunca por el remitente. En este punto es donde se originan los reiterados conflictos entre las partes.
En la actualidad, el productor posee muy pocas herramientas para negociar el precio de su producción por anticipado, lo que motivó a la provincia de Santa Fe en abril de 2014, a dictar la Resolución 439 denominada “Acuerdo Lácteo” que, entre otros puntos que hacen a la transparencia de la cadena, aborda la opción de compraventa de leche cruda bovina en el ámbito formal de la Bolsa de Comercio de Rosario, para que productor e industrial, firmen un contrato que establezca plazo, volumen y precio en la producción de la materia prima. Por diversos motivos, entre ellos el cultural, esta modalidad de compraventa no tuvo asidero y nunca prosperó dentro de la cadena. Incluso, el artículo N° 8 de la Res. 439 establece que “los productores primarios tienen derecho, al igual que el industrial, a pedir la formalización de las condiciones de compra y venta que pactan entre las partes, no pudiendo una parte negarse al pedido de la otra”.
Pero pareciera que los operadores lácteos no desean facilitar los negocios del sector, desestimando estas herramientas comerciales en un ámbito de prestigio y seriedad como lo es la Bolsa de Comercio de Rosario.
El peso de las partes
Otro factor que desnuda la dominancia de la industria por sobre la producción primaria es la visibilidad de la representación sectorial que cada eslabón posee en la actualidad. En este sentido, hay un dato revelador: las industrias están representadas por dos entidades, mientras que la producción da cuenta de 17, entre asociaciones, cámaras y mesas sectoriales (quizás más).
Las industrias lácteas han logrado definir su pertenencia según el tamaño y volumen que procesa cada una. Por un lado, las 30 industrias más grandes del país conforman el Centro de la Industria Lechera (CIL), que en conjunto representan aproximadamente el 70% de la leche procesada. El otro gran núcleo representativo es la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL), que reúne a unas 400 pymes diseminadas en toda la cuenca lechera. Así, el 85% del volumen industrializado por las lácteas argentinas está representado en alguna de estas dos entidades.
Se estima (porque no existen estadísticas actualizadas) que en Argentina hay unas 1.000 usinas lácteas, pero un 20% de ese total son microindustrias queseras que procesan un pequeño volumen de leche, que no participan prácticamente de la cadena comercial a ninguna escala regional de importancia y que no participan del juego sectorial, ergo no son representativas.
Se podría incluir dentro del ámbito industrial una tercera entidad representativa: la Junta Intercooperativa de Productores de Leche (JIPL), que reúne a las 15 cooperativas lácteas más importantes del país, entre ellas, SanCor CUL. Dichas usinas también forman parte del CIL, pero por su calidad de cooperativas, sus miembros son también productores primarios, lo cual las ubica en una situación intermedia. Si bien es cierto que la JIPL posee una voz de peso en la cadena, el Gobierno no suele convocarla por su carácter de representante “industrial” sino más bien como referente del “sector cooperativista”.
En tanto los productores están verdaderamente atomizados en su representación sectorial. Factor principal de su menguado poder de lobby en todos los órdenes de negociación, tanto frente a la industria como al poder político. Para simplificarlo diremos que la producción lechera está representada por dos facciones: la Mesa Nacional de Lechería por un lado; las Mesas provinciales de Córdoba y Santa Fe por el otro.
Si bien la mayoría de las 17 entidades de productores existentes están nucleadas en la Mesa Nacional de Lechería (que está en sintonía con los lineamientos de la Mesa de Enlace), es necesario analizar la verdadera representatividad que posee esta supra entidad sobre la cuenca lechera más importante del país (centro de Santa Fe – centro Este de Córdoba), donde poseen más adhesión las mesas provinciales, como MEPROLSAFE (Santa Fe) y CAPR OLEC (Córdoba). A este binomio también se suman cámaras de Santiago del Estero, La Pampa y Entre Ríos, pero que no poseen peso alguno cuando se analizan por separado.
Los números no mienten y las acciones tampoco. La nómina societaria de MEPROLSAFE y CAPROLEC, suman juntas alrededor de 700 socios activos. En tanto la Mesa Nacional de Lechería se encuentra más dispersa en pequeñas asociaciones que, encima, están fuera de la principal cuenca lechera. Cada una de estas pequeñas entidades (algunas de muchos años de trayectoria) cuenta con estructuras societarias de entre 10 y 50 socios, con lo cual, en forma aislada no podrían ser representativas de ninguna región en particular.
Por otra parte, las únicas veces que prosperan medidas de fuerza de verdadero impacto frente a las industrias (toma de plantas, cortes de calles y rutas, bloqueos comerciales, desperdicio de materia prima, etc), es cuando MEPROLSAFE y CAPROLEC apoyan la moción de la Mesa Nacional de Lechería; de otro modo, las convocatorias de la Mesa Nacional en la principal cuenca lechera, no tienen influencia.
Pero aquí hay que marcar otra diferencia frente al poder de la industria. Nótese que, en suma, los productores que participan en alguna organización del sector, son apenas 1.000 a 1.200, sobre un total de 11.500/12.000 tambos en actividad; apenas el 10%. Si recortamos el universo y lo ceñimos a la cuenca lechera más importante (Córdoba y Santa Fe), donde existe un conglomerado de 7.000 tambos, se entiende por qué MEPROLSAFE y CAPROLEC son las entidades más representativas del sector lechero primario.
Hay que señalar que estas dos mesas provinciales, no comulgan con los lineamientos generales de la Mesa Nacional (léase, Mesa de Enlace), lo cual divide aún más las aguas entre los productores. A aquellos se los acusa de ser “tamberos K”, por haber mantenido históricamente un contacto fluido con el Gobierno Nacional y la Subsecretaría de Lechería de la Nación, cuyos funcionarios (Jorge Arturo Videla, Juan Trossero y Roberto Socín) fueron miembros y dirigentes de CAPROLEC y MEPROLSAFE antes de asumir en la función pública. Este mote tiene sus argumentaciones pero también es cierto que gracias a las gestiones directas de estas mesas, se han solucionado varios conflictos de cadena, entre ellos, el último, que evitó que empresas del CIL bajen intempestivamente el precio de la leche.
Por último, la división sectorial también encuentra plafón en las simpatías políticas que cada facción posee. Por un lado, las mesas provinciales más representativas que poseen excelente vinculación con el Ministerio de Agricultura de la Nación y cero relación con la provincia de Santa Fe. Y por el otro, la Mesa Nacional de Lechería que encontró en el Ministerio de la Producción de Santa Fe a un interlocutor que no sólo la escucha sino que la acompaña en sus reclamos y cuestionamientos a la política nacional lechera, al tiempo que no posee ni quiere, relación alguna con la Nación. A su vez, la Subsecretaría de Lechería de la Nación no invita a sus reuniones de mesa chica a los dirigentes de la Mesa Nacional de Lechería; y el Ministerio de Fascendini no incluye en su agenda de diálogo a MEPROLSAFE. En fin, los claroscuros son tan evidentes, que creer que con semejante escenario la construcción del diálogo es posible, resulta cuanto menos, ingenuo.
El laberinto es grande y la historia posee caminos intrincados que conspiran contra una salida salvadora, pero lo cierto es que la primera gran condición para entender los conflictos lecheros, es dilucidar quiénes son los protagonistas y bajo qué intereses están actuando. Esperemos que esta nota sea de aproximación al conocimiento de la cadena, al menos para el común de los productores y la gente interesada en entender sus vaivenes.
Por Gustavo Gigena (especial para La Capital)