Comercio prorrogó por 10 días la presentación de datos, de algo parecido a espionaje industrial.
La Unión Industrial Argentina (UIA) saludó ayer la confirmación de que sus asociados tendrán 10 días más para presentar las declaraciones juradas impuestas dentro de un sugestivo régimen de información de precios, aunque el tema es motivo de profunda preocupación en el empresariado.
Se trata de la prórroga de los plazos previstos en la Resolución 29 del secretario de Comercio de la Nación, Augusto Costa. Lejos de la vieja receta que recomienda regenerar la confianza para atraer inversiones, el sucesor de Guillermo Moreno quiere saber cómo arman la estructura de costos de cada artículo y a quiénes le vende su producción la gran industria.
Como en una película de espionaje, por increíble que parezca, Costa pide que la información sea relevada cliente por cliente, producto por producto. “Van a ser camiones de documentación cuyos datos nadie sabe cómo se van procesar y usar”, dijo un industrial cordobés alcanzado por la norma.
La UIA trató ayer el tema en reunión de junta directiva encabezada por Héctor Méndez y, sugestivamente, en un comunicado deslizó: “Se espera que, durante este período (los 10 días de prórroga), se genere un ámbito de análisis conjunto de los alcances e implicancias de la reglamentación de la citada resolución”, dijo.
Es más, la cúpula fabril no pierde la esperanza de poder conversar del asunto con el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, durante una reunión que se produciría después de Semana Santa, según el compromiso del ministro.
La resolución 29 tiene implicancias insospechadas para las empresas. Las más complicadas para poder brindar la información son aquellas de capital internacional, cuyas casas matrices cotizan en bolsas del exterior. Las regulaciones impiden taxativamente dar a conocer este tipo de datos.
¿En manos de quién caería la información sobre cuántas toneladas de un determinado producto y a qué precio se le vende a un cliente?, interrogan en esos ámbitos.
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