Entrevista de Tiempo Argentino al ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela. El funcionario señaló que busca subir la producción agrícola y diversificar la comercialización.
Hay dirigentes que dicen que soy ‘técnico’ para desvalorizar mi presencia. Yo estoy acá como ministro y por lo tanto hago política. Si no pudiera hacer política en el ministerio, el primero que se va a la casa soy yo, está claro», asegura el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, a la hora desmarcarse del rótulo de técnico con el que fue caracterizado durante su ingreso a la cartera agropecuaria, y en referencia a sus antecesores en el cargo.
Durante una entrevista con Tiempo Argentino, el funcionario remarcó la necesidad de analizar lo que sucede con las cadenas de valor, donde las diferencias entre lo que percibe el productor y lo que paga el consumidor alcanzan el 1000% y generan una «distorsión y una renta exagerada en algunos eslabones». Y aseguró que las entidades de la Mesa de Enlace tienen una representatividad «limitada» a la región pampeana.
–En la semana que pasó se anunció la devolución de las retenciones al trigo de la campaña pasada, unos 206 millones de pesos. En momentos en que se busca ampliar la superficie sembrada, ¿fue un error haber anticipado que se iban a devolver 500 millones?
–A lo mejor se cometió el error de decir un monto, pero este siempre es variable en función del volumen de producción. Este primer monto que se devuelve es sobre un nivel de producción de 9 millones de toneladas, y sobre una exportación de un millón de toneladas. Ahora vamos a tener 500 mil toneladas más. Pero como el sistema está absolutamente decidido a darle continuidad, lo que hay que pensar es que si aumenta la producción y el volumen de exportación, el porcentaje para la devolución de los productores aumenta claramente. Hay otro tema que me preocupa y es que de los 30 mil productores de trigo que hay en el país se presentaron 10.500 a percibir la devolución, probablemente haya algún nivel de desconfianza o desinformación. Desconfianza me refiero en creer que no se iba a hacer, pero de todas maneras la media que están recibiendo los productores ahora es de 20.500 pesos. Puede ser que para algunos no sea el monto que deseaban, pero de todas maneras es un monto que ayuda sobre todo cuando comienza la campaña de siembra de la próxima temporada.
–La Mesa de Enlace consideró que era poco, ¿lo sorprendió esa respuesta?
–De la tradicional dirigencia rural no es tan fácil esperar respuestas que aplaudan medidas del gobierno. De todas maneras estoy seguro que estos 10 mil productores que están cobrando en este momento le están dando la bienvenida a estos pesos, lo cual es importante. Además, mucha dirigencia rural ha ejercido diálogo conmigo en innumerables ocasiones reclamando hacer más eficiente el sistema de emisión de ROE (certificados para exportar). Esto se ha hecho tal cual se pedía. En los próximos días nos vamos a juntar con todas las organizaciones que participan de la producción de trigo y cada uno de estos puntos anunciados va a tener un desarrollo metodológico y organizativo, sobre cómo se va a hacer cada una de las cosas. Es un sistema de emisión de ROE por Internet, y bajo un determinado volumen a definir, la autorización es automática. Por encima de ese volumen habrá 72 horas para emitir el certificado. Esto permite ir evaluando y valorando cómo va la marcha de emisión y comercialización.
–¿Las retenciones son el único factor que obstaculiza una mejor relación con las entidades de la Mesa de Enlace?
–Ellos, en general, critican procedimientos vinculados a la exportación, entre ellos, los ROE, de los que piden su eliminación. El otro tema central son las retenciones. Pero cuando se critica el nivel de diálogo del gobierno con el campo, me gustaría que se defina qué es campo. Porque habitualmente aparece una visión limitada, recortada, que asocia el campo a la región pampeana. Nadie niega, al contrario, valoramos lo que es la potencialidad y lo que es el actual proceso económico y social de la región pampeana, pero decisiones que se toman para la región pampeana no impactan sobre la producción de azúcar o de peras y manzanas. Con lo cual, claramente es una economía regional que no afecta horizontalmente a todo el país. Así que el campo no es solamente la dirigencia del sector de la producción de cereales y oleaginosas, el campo es bastante más que eso. Dicha esta aclaración, lo que están reclamando los dirigentes del campo es básicamente una baja de retenciones y cuestionan los procesos de comercialización, ya sea en términos de cupos o asignaciones de ROE.
–Prácticamente todo el arco opositor propone reducir o eliminar las retenciones. ¿Lo cree factible?
–Yo, personalmente, no creo que sea tan fácil eliminar las retenciones, porque además de hacer un proceso de regulación de los precios internacionales con el mercado interno, que es lo central, genera un ingreso de fondos al Estado que le permite al gobierno generar un desarrollo de la sociedad más justo, inclusivo y equilibrado. Entonces, con el dinero de las retenciones se hacen hospitales, escuelas, infraestructura, todo lo necesario para un desarrollo armónico del país. Es difícil, además, imaginarse a un empresariado argentino que pueda ser exitoso en una sociedad quebrada o sin desarrollo armónico. Si no se ve esto, no se entiende cuál es al aporte que tienen que hacer las retenciones. A mí me parece que algún nivel de dirigencia no está tomando seriamente esto y no está proponiendo a la sociedad como va a financiar ese ingreso que se dejaría de percibir, algo que es inevitable para hacer una sociedad que tenga equilibrio. Caso contrario los sectores más vulnerables siempre quedan en ese estado. Así que no sé si se trata de fuegos de artificios, pero sí que hay algo de debilidad en esas propuestas.
–Más allá de su impacto macroeconómico, ¿las retenciones se convirtieron en un instrumento de posicionamiento político?
–Hay que trascender la discusión política sobre la existencia o no de las retenciones y sobre el monto de las retenciones. No digo descuidarlo, sino trascenderlo. Muy poco se transmite que las retenciones bajan a medida que aumenta el proceso de industrialización. Si exporto grano de trigo pago 23%, en harina pago 13%, y si exporto pan pago 5% de retenciones, con lo cual hay una coherencia absoluta entre aumentar el valor agregado, mayor trabajo y renta en el país contra el producto que se exporta. Lo que habría que discutir es alguna estrategia que permita ir disminuyendo la capacidad de envío de granos sin proceso de transformación, y empezar a trabajar en un proceso de industrialización. Ese es un claro ejemplo de cómo rediscutir las retenciones. Es un tema que uno debe estar atento para discutirlo, pero se ha transformado en una bandera de reclamos de bajas de retenciones sin analizar las consecuencias de lo que eso significa.
–El último trimestre del año pasado y en medio de un complicado escenario económico, los exportadores desaceleraron la liquidación de divisas, tras lo cual algunos legisladores del Frente para la Victoria se mostraron a favor de recrear la Junta Nacional de Granos. ¿Está a favor de ese tipo de iniciativas?
–Yo no creo que el Estado deba permanecer ajeno a la mirada y una eventual intervención sobre los procesos comerciales cuando entran en niveles de distorsión tan agravados como los que ocurrieron en el último tiempo en nuestro país. No estoy viendo con tanta seguridad la recreación de la Junta Nacional de Granos en términos del modelo que existía porque eso es una visión del Estado diferente, sería no darnos cuenta que pasaron 20 años y ha habido transformaciones en todos lados, hasta en la misma administración y diseño del Estado. Es pensar en hacerse cargo del manejo de los puertos, de toda la infraestructura, la logística, me parece que no tiene sentido. Lo que sí creo es que el Estado tiene y debiera tener herramientas que le permitan un grado de intervención cuando se produzcan distorsiones en el mercado tan profundas como para que el Estado tenga que articular.
–En abril un productor lácteo recibió, en promedio, $ 2,60 o 2,70 por el litro de leche. ¿Qué sucede en esa cadena de valor para que cueste $ 12 o $ 13 en el supermercado?
–Bueno, no es qué pasa en esa cadena de valor. Pasa en casi todas. La diferencia más chica entre lo que cobra un productor –de lo que sea– y lo que paga el consumidor está en el orden del 400 o 500%, y hemos detectado ahora diferencias del 900 o 1000 por ciento. Eso originó decisiones como la de la provincia de Mendoza, que acaba de crear una agencia de comercialización para poder intervenir en estos eslabones. Estamos analizando todas las cadenas de valor. Desde el punto de vista estrictamente político ponemos la mirada con mucho énfasis en que el productor tenga una retribución acorde a su capital y trabajo, pero fundamentalmente a su esfuerzo, sobre todo en la agricultura familiar. Por el otro lado, que el consumidor tenga acceso en cantidad y calidad del producto a precios razonables. Para que eso ocurra tiene que estar armonizado el enganche de cada una de las cadenas con la logística y la distribución. Acá lo que se observa son comportamientos muy difíciles en los sectores de la comercialización de los productos. Hace 15 días en Mendoza un zapallito valía un peso al productor y nueve pesos en la góndola. Aunque los valores sean chicos, es una diferencia del 900 por ciento. Ahí hay que trabajar, por eso me parece que un esquema que permite ordenar esta cuestión es el programa Precios Cuidados porque de alguna manera pone en consideración de la ciudadanía –y esta rápidamente entiende los mecanismos– precios de referencia que regulan la presencia y calidad de las otras marcas. Claramente hay una distorsión y una renta que se produce que queda exagerada en algunos eslabones de la cadena, que no es normalmente lo que la cadena o ese eslabón deberían dar como rentabilidad. Se apropian de rentabilidades de otros eslabones. Eso lo padecen las dos puntas, el productor que normalmente no recibe un precio acorde, sobre todo en el caso de los productos perecederos, donde hay un grado de especulación, y lo paga el consumidor cuando va a la góndola, uno no cobra y el otro paga el doble.
–¿En qué cadena de valor se exacerba más este tipo de comportamientos?
–En general, casi todo el sector de hortalizas responde al ejemplo que di recién respecto al zapallito: los productos hortícolas varían en función del ciclo biológico y el impacto de determinadas acciones climáticas. Eso, que es real, también lleva a otro grado de especulación. Entonces, de golpe la lechuga vale 50 pesos el kilo cuando todos saben que de ninguna manera puede valer eso. Se nota muy claramente también en productos de economías regionales, como pasa con la yerba, ni hablar con la leche. Uno puede discutir el precio de la leche, lo que no se puede discutir es que a un precio que el productor recibe de 2,80 en este momento se esté pagando cinco veces más en el supermercado.
–Más allá de Precios Cuidados, ¿qué herramientas tiene su cartera para mitigar esas distorsiones?
–En mi visión, yo creo que nosotros –me refiero al país– tenemos que trabajar en aumentar la producción, mejorar la calidad, pero con el mismo énfasis y recursos tenemos que trabajar en la organización de la comercialización. Por eso estamos promocionando fuertemente, y va avanzando de manera muy interesante, todas las situaciones que uno puede llamar mercados de proximidad, de manera que la gente perciba que un modelo de «productor directo al consumidor» le permita al productor vender el doble de lo que imaginaba y al consumidor comprar el doble de lo que esperaba. Es un negocio de «ganar-ganar» para todo el mundo y ya debe haber en el país más de 1000 ferias que están trabajando con este enfoque. Nosotros las estamos apoyando con recursos concretos para que se organicen los productores. Creo que este proceso de organización de la producción y comercialización debe transformar este tipo de esquemas en algo irreversible, que se avance en este modelo, sino los productores quedan desvalidos frente al proceso de comercialización. Si el productor queda en la tranquera, por decirlo de alguna manera, pierde la posibilidad de integrarse desde el punto de vista de la renta en el resto de los eslabones. Ahí está la clave.
–En el sector lácteo dos empresas, La Serenísima y Sancor, comercializan buena parte de la producción. ¿Cómo se rompe con eso?
–No hablaría de romper eso, sino fortalecer el sector de las pymes, que claramente tienen una potencialidad enorme, pero que si no tienen un apoyo concreto en términos de definiciones de normas, apoyo político y recursos financieros es difícil que puedan aguantar. Finalmente Sancor es producto del sistema cooperativo y La Serenísima es producto de capitales nacionales, no me propongo ir en contra de eso. Lo que sí creo es que hay un grupo de empresas de nivel intermedio que tienen mucha potencialidad y que claramente necesitan del Estado un empujón, un soporte, para que puedan subir un escalón más en su proyecto de producción y de comercialización.
–¿Qué nivel de representatividad le da a las entidades que conforman la Mesa de Enlace?
–Estamos hablando de organizaciones centenarias dentro del sector, con lo cual le doy una alta valoración. Lo que me parece es que tienen a su vez una cuestión que es el resto de las economías regionales. Las tradicionales instituciones del sector tienen escasa representación como tal en las economías regionales, que a su vez mueven gran parte del país. Con lo cual es una representación limitada. Y quiero usar esta palabra con justeza porque no estoy hablando de «limitada» como poca sino de acceso a la representación de otros productores. Los productores de arándanos tendrán una representación por un lado, los de azúcar por otro y las más tradicionales del campo están atados por el modelo de desarrollo histórico que tuvo el país a lo que ocurre en la región pampeana y específicamente, para darle más fuerza, en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. Si nosotros nos quedamos con eso estamos olvidándonos del resto del país.
Ley de semillas y agricultura familiar
–Luis Basterra, presidente de la comisión de Agricultura de la Cámara Baja, dijo que la ley de semillas va a tener prioridad este año. ¿Ya está terminado el proyecto? (más info Suple Eco).
–Se avanzó hasta terminar con un proyecto que anda dando vueltas. Vamos a abrir un mecanismo de discusión para que todos los sectores participen nuevamente con su aporte y análisis crítico. De lo que está, diría que primero hay que analizar con mayor profundidad el tema de la participación de la agricultura familiar en el esquema de producción de semillas. Segundo, hay que fortalecer con más contundencia qué significa el cuidado de los recursos genéticos de nuestro país como reserva nacional, y tercero, si pensamos en hacer una ley que dure unos cuantos años, no puede ser que no se hable de biotecnología.
–¿Cómo se compatibiliza el pago de regalías a las grandes semilleras con el fortalecimiento de la agricultura familiar?
–La agricultura familiar puede estar exenta de pagar regalías, por ejemplo. Es una posibilidad. La agricultura familiar hoy es capaz de tener una ocupación territorial, una producción de alimentos que, claramente –y desde el punto de vista político–, obliga al gobierno a estar muy atento a su desarrollo. ¿Este sector tiene que tener el mismo tratamiento que cualquier otro? No, creo que no.
–Algunos sectores la llaman «ley Monsanto» por el beneficio que llevará a esa multinacional.
–Hay algunos que les conviene dar la degradación de «ley Monsanto», cosa de entrar en un deterioro de los principios que se han discutido.
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