El empresario Jeremy Kerr prometía hundir las exportaciones de leche de fórmula, el principal producto de Nueva Zelanda. Quería que se prohibiese el uso de un pesticida.
El empresario neozelandés Jeremy Kerr ha sido condenado a ocho años de prisión tras declararse culpable de dos cargos por intento de chantaje, por haber enviado varias cartas amenazando con envenenar la producción de leche en polvo para bebés y hundir las exportaciones del país.
Los hechos sucedieron en 2014: Kerr hizo llegar varias misivas a la Federación de Granjeros de Nueva Zelanda y al gigante alimentario Fonterra, en las que amenazaba con contaminar con pesticida 1080 varios cargamentos de leche de fórmula destinados a la venta en el extranjero, especialmente a China. La amenaza no era baladí: Nueva Zelanda es el mayor exportador mundial de este producto, que supone la principal fuente de ingresos de esta nación, y un envenenamiento por su consumo fuera de sus fronteras podría haberle costado al país miles de millones de euros.
Kerr exigía al Gobierno neozelandés que prohibiese el uso de 1080, muy extendido en el país, lo que en un primer momento llevó a éste a calificar el caso de “ecoterrorismo”. Sin embargo, la investigación ha concluido que las amenazas tenían una motivación económica: Kerr era propietario de una empresa que fabricaba un pesticida alternativo, cuyo uso esperaba potenciar obligando al país a renunciar al 1080.
Un producto controvertido
Lo tenía difícil, dado que una comisión parlamentaria recomendó su uso en 2011: las autoridades neozelandesas aseguran que es biodegradable, efectivo, seguro para las personas y no se introduce en la cadena alimentaria. Los grupos ecologistas, sin embargo, dicen que no discrimina entre plagas y otros animales, y que no está demostrada su inocuidad.
Aparentemente, la idea se le ocurrió después de que Fonterra tuviese problemas en 2013, después de que se difundiese el rumor de que algunos de sus productos contaminados podían causar botulismo. Resultó ser falso, pero muchos países prohibieron su importación.
La investigación, y la aplicación de medidas adicionales de seguridad, les han costado a Fonterra y a las autoridades neozelandesas alrededor de 25 millones de dólares. Desde la compañía, sin embargo, han querido resaltar el impacto emocional del incidente en sus consumidores. “Es difícil imaginar una amenaza peor a los niños y las familias”, ha declarado la gestora de seguridad de la firma, Maury Leyland.
El caso, de hecho, ha tenido tanta repercusión en Nueva Zelanda que incluso el Primer Ministro John Key se ha pronunciado al respecto. “Llegar a eso por razones de beneficio personal, lanzar una campaña de pánico y asegurar que se van a llevar a cabo amenazas que podían matar a bebés es un comportamiento despreciable”, ha dicho.
http://www.elconfidencial.com
