Experta recalca que la normativa legal debe incluir excepciones antes de crearse un rechazo mayor al método natural. Critican las sanciones a los especialistas y centros de salud. No es claro el perfil del funcionario encargado de velar por su cumplimiento
A su consulta acuden a diario casos excepcionales. Ayer le tocó revisar uno. Una madre joven de 49 kilos de peso con los senos pocos desarrollados y los pezones invertidos. Su condición le impide amamantar desde el nacimiento a su bebé. La fórmula láctea adaptada es la opción viable para garantizar su alimentación complementaria en los primeros seis meses.
No es lo que Mariela Hidalgo, especialista en Pediatría, promueve en su consultorio del Centro Médico Mar, en Santa Rita, pero el estado de salud de su paciente la obliga. Igual debe hacer con madres desnutridas o fumadoras, factores que les disminuyen la producción de leche, o las que reciben tratamientos por enfermedades como sida y cáncer.
A ese grupo se le integran las progenitoras a quienes les incomoda amamantar, sobre todo a las menores de edad, las de rápida incorporación por obligatoriedad a su vida social y laboral, y aquellas que no logran saciar con su producción de leche el hambre del niño. La reforma de la Ley de Protección, Promoción y Apoyo a la Lactancia Materna, criticó Hidalgo, no las considera.
El artículo 26 de la normativa es el único en establecer una particularidad al recalcar que solo podrán distribuirse “sucedáneos para el consumo de los lactantes cuando la lactancia materna sea imposible” y apuntar que no puede suministrarse de manera indiscriminada “entregándose preferencialmente leche en forma líquida pasteurizada de larga duración”.
En ninguno de sus 33 artículos se detallan las condiciones excepcionales necesarias, factor que a juicio de Hidalgo incentivará medidas paralelas entre las madres y especialistas, tales como colocar la fórmula láctea fuera del récipe médico, o tráfico de biberones dentro de los propios centros de salud.
Protección médica
Con las opciones paralelas, los especialistas podrían buscar protegerse sin incurrir en una falta a la norma. Dinorah Figuera, doctora y diputada de Primero Justicia en la Asamblea Nacional, califica la reforma del instrumento legal de “coercitiva, punitiva y con propósito de estigmatizar el ejercicio de la medicina con multas millonarias”.
El artículo 27, numeral 2, propone hasta una sanción de la suspensión provisional del ejercicio de la profesión durante 120 días continuos en caso de reincidencia. Se menciona un fiscalizador nombrado para velar por el cumplimiento.
“Se habla de un personal encargado de establecer el término máximo o mínimo de las multas. Pero quién es el funcionario y cuál es su perfil se desconoce. Un médico no requiere de un fiscalizador si atravesó por un proceso de estudio para obtener una conducta adecuada”.
Le ley anterior, aprobada en 2007, no especificaba sanciones. El espíritu del legislador, manifestó Figuera, se basaba en establecer una norma de promoción, no una criminalización de las empresas encargadas del comercio de fórmulas o especialistas obligados a recetarlas por la condición especial de la madre.
La diputada visualiza la inclusión repentina de la reforma a la Ley de la Lactancia Materna en la agenda de discusión de la AN como un elemento con propósito de presión y hostigamiento. Propone que la norma se deje tal como está y se elabore un reglamento posterior consultado con la sociedad civil, miembros gremiales y sindicalistas, patronos, entre otros.
AN aplaza discusión
«No se va a discutir hasta revisarla bien», indicó una fuente cercana a la diputada oficialista Odalis Monzón, principal impulsora de la reforma a la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, vigente en Venezuela desde 2007.
Días atrás, Monzón anunció que ayer se discutiría esta ley que busca garantizar la lactancia materna, hábito que asegura se ha perdido «por las transnacionales (que están) vendiendo esa fórmula (láctea)». Lo cierto del caso es que no se ha anunciado de manera oficial una nueva fecha para discutir este polémico marco legal.
La Red de Sociedades Científicas Médicas de Venezuela demostró hace cinco años que el 90 % de las mujeres no les daban pecho a sus bebés
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