El Tribunal Supremo de Justicia a través de su Sala Político Administrativa, declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por Nestlé Venezuela, C.A., contra la sentencia N° 2012-2347, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo el 15 de noviembre de 2012.
TSJ declaró sin lugar el recurso de nulidad ejercido, contra un acto administrativo del 18 de marzo de 2008, dictado por el entonces Instituto para la Defensa y Educación del Consumidor y del Usuario (Indecu), hoy Indepabis.
El acto impugnado confirmó la medida preventiva contenida en la providencia del 10 de febrero de 2008, emanada conjuntamente del Indecu y el Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer), la cual acordó el retiro de 50 contenedores de leche de diversos tipos propiedad de Nestlé para su procesamiento, envasado, distribución y comercialización y le impuso una multa por 2.500 Unidades Tributarias, por haber causado retardo en la movilización oportuna de otros 36 contenedores más.
Con la sentencia de la Sala del Alto Juzgado, cuya ponente fue la magistrada Mónica Misticchio Tortorella, queda confirmado el fallo de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo del 15 de noviembre de 2012, y firme la providencia administrativa impugnada.
Según se desprende de la decisión, en diciembre de 2007 ingresaron en la Aduana Principal de Puerto Cabello una serie de contenedores de diversos tipos de leche importados por Nestlé Venezuela, S.A. Posteriormente, en febrero de 2008, el Presidente del Indecu y el Director General del Sencamer revisaron los documentos suministrados por la Administración de la referida aduana y luego de la respectiva investigación se decretó la medida que ordenó a Nestlé el retiro y distribución de los 50 contenedores de leche que se encontraban en una almacenadora.
Además la investigación concluyó que existían otros 36 contenedores en situación de abandono legal, almacenados en la referida Aduana, por lo que se sancionó a Nestlé con multa de 2.500 U.T. de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 25 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Defensa Popular Contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a Control de Precios (Ley Contra el Acaparamiento), por haber incurrido en el delito de boicot por falta de diligencia oportuna que causó retardo en la movilización de dichos alimentos.
Señala la sentencia del Máximo Tribunal que es deber del Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor. En este sentido, los entes fiscalizadores no solo están en el deber de velar por el cumplimiento de las obligaciones de los productores de alimentos y servicios, sino que adicionalmente están dotados del poder coercitivo para revisar –aun de oficio– y sancionar las actividades omisivas o contrarias a las establecidas para salvaguardar un bien jurídico de la seguridad alimentaria.
“Sobre la base de lo expuesto, es fácil concluir que la protección de la seguridad alimentaria, ciertamente priva sobre el derecho a la libertad económica de los particulares que ejercen actividades relacionadas con el ramo de alimentación, desde la producción o importación, hasta la distribución”, señala la decisión del TSJ.
Agrega el fallo que en presente caso Nestlé Venezuela, S.A. mantuvo una conducta indiferente frente a la seguridad alimentaria de la población venezolana, evidenciada en el retraso injustificado de la distribución y comercialización de los productos lácteos.
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