La crisis de inflación y desabastecimiento está alcanzando niveles desesperantes que hacen casi imposible acceder a bienes esenciales
«La escasez de leche pasteurizada pasa de 70% porque la leche cruda a puerta de corral se está desviando al mercado de la fabricación de quesos informales, que pagan entre 20 y 22 bolívares (3,18 – 3,5 dólares) el litro, mientras que las pasteurizadoras no pueden comprarla a esos precios porque tienen una regulación estricta que no les permite trasladar los costos al producto final», explicó Edecio Pineda, presidente de la Asociación de Productores de Leche (Asoprole), consultado por El Nacional.
Este fenómeno es una consecuencia más de una economía que quedó totalmente desequilibrada tras 15 años de un intervencionismo estatal mal administrado por el chavismo.
El problema son los drásticos controles de precios que impone el Gobierno. Por un lado, porque en algunos casos obligan al absurdo de vender a pérdida, ya que los fabricantes tienen insumos que aumentan de precio, pero no pueden trasladarlos a sus productos.
Por otro lado, como no todos los bienes están sometidos al mismo control de precios, se crean desniveles muy grandes. Es el caso de lo que está ocurriendo con la industria láctea.
Al haber quesos cuyos precios no están regulados, los productores dejaron de hacer leche, que sí tiene los valores ajustados, y empezaron a fabricarlos. Como consecuencia, ya casi no se produce leche líquida y, la poca que se vende, se agota de manera casi instantánea.
Así, es difícil conseguir el kilo de queso blanco artesanal desregulado por menos de 60 dólares. En cambio, el litro de leche pasteurizada está regulado en 1 dólar.
Considerando que la leche cruda cuesta unos 3 dólares, los productores dicen que sólo sería sostenible fabricar la leche pasteurizada si luego se pudiera ubicar en el mercado por 4-5 dólares el litro.
La situación es un poco mejor en el caso de la leche en polvo, lo que aliviana un poco la crisis. Pero Pineda aseguró que este producto también escasea, lo que deja a las familias venezolanas obligadas a reducir drásticamente el consumo de un producto tan esencial para el crecimiento de los niños.
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