Casi cuatro años después de que detectara irregularidades en la importación, almacenamiento y distribución de productos como leche en polvo, pollo o caraotas por parte de la Procesadora Venezolana de Alimentos (Pdval), la Contraloría General de la República ha vuelto a posar sus ojos en las empresas públicas de alimentos y se ha encontrado con cosas nada buenas. 
En el informe de gestión de 2012 que la contralora encargada, Adelina González, entregará en los próximos días a la Asamblea Nacional la funcionaria reveló que en la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (LA CASA) se realizaron compras sin licitación ni justificación; mientras que en la Venezolana de Alimentos La Casa (Venalcasa) constató falta de control del personal y de los productos que manejan esa compañía. El organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos, en su reporte, informó que revisó 18 operaciones, por un monto de 631 millones de bolívares, realizadas por LA CASA entre 2009 y principios de 2010 para adquirir caraotas negras, azúcar y leche en polvo; y que en ocho de ellas no hay documentos que prueben que se abrió un proceso para seleccionar a los contratistas, que se hayan recibido ofertas o el pliego de condiciones. Por su parte, en otras tres operaciones, relacionadas con la compra de granos y de leche en polvo, la Contraloría halló que fueron entregados los contratos a dedo y sin explicación por parte de las autoridades. El despelote En el informe González revela también que subalternos suyos se trasladaron hasta el Centro de Acopio «Catia I» que Venalcasa tiene en la populosa barriada caraqueña, en el cual se empaqueta la leche en polvo, y que durante la inspección se encontraron con que esa instalación «no cuenta con un supervisor para la recepción de la materia prima (…) personal técnico, coordinadores, choferes y personal de mantenimiento ni controles de entrada y salida del personal». Asimismo al revisar los movimientos de productos ocurridos entre el 1 de diciembre de 2009 y el 7 de enero de 2010 se percataron con que los mismos no estaban registrados cabalmente, lo cual impide «verificar la exactitud y veracidad de su información financiera». Para más inri constató que «no existen registros contables de la recepción (de la leche en polvo), de su incorporación al proceso productivo, del traslado a la tolva de llenado, ni la identificación de la cantidad de toneladas métricas ya procesadas o en lotes, sólo presentando el equivalente en kilogramos de productos terminados, sin distinguir los sobrantes y las mermas». En su informe correspondiente a 2008 el difunto contralor Clodosbaldo Russián denunció que en la aduana del Puerto de La Guaira (Vargas) se encontraban decenas de contenedores con decenas de toneladas de carne, pollo, leche y granos que habían sido comprados por la Pdval y los cuales estaban vencidos o por caducar. En un primer momento la denuncia pasó por desapercibida y no fue sino hasta dos años después cuando estalló el escándalo, por el cual tres exdirectivos de la empresa fueron detenidos y procesados, aunque todavía no han sido sentenciados.
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