Defensa de la Competencia inició el análisis del caso
La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia -un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía- evalúa como «preocupante» la posibilidad de que existan «barreras a la movilidad» de los productores lecheros entre industrias del sector.
Por ello, resolvió «iniciar una medida preparatoria orientada a conocer el mercado de la leche remitida a las plantas industrializadoras, y en especial las condiciones que afecten la traslación de los remitentes de un comprador a otro».
El presidente de la comisión, Javier Gomensoro, dijo a El País que este es un paso previo para ver si hay elementos que permitan iniciar una «investigación de oficio».
La resolución refiere a la consulta presentada por la Asociación Nacional de Productores de Leche y la Intergremial de Productores de Leche sobre la «presunta conducta unilateral de la empresa Indulacsa, la que desde mayo de 2012 y en varias ocasiones habría comenzado a ajustar los precios de la leche que le compra a los productores de forma sucesiva a la baja, sin mediar negociación ni haberse justificado las razones». Entre mayo y julio, Indulacsa llevó el precio pagado de $ 7,80 a $ 6,30 por litro remitido.
Ambas gremiales manifestaron en la consulta «la imposibilidad de cambiar la empresa láctea a donde remitir su producción, existiendo un mercado segmentado y que los intentos de colocar el producto a otros compradores fueron estériles, no contando además con la posibilidad de dejar de producir, en atención a las características del ciclo productivo».
Esto es lo que al órgano de Economía le preocupa, que puedan existir barreras para que los productores cambien de industria láctea a la que remiten.
Indulacsa negó «tener posición dominante» (ya que recibe el 7% de la producción lechera local y Conaprole el 60%) y fundamentó en «razones comerciales» la baja de precios, «fundamentalmente la imposibilidad de acceder al mercado venezolano», indica la resolución. Este es el mercado que hoy paga más por los lácteos uruguayos.
El informe técnico que encargó la Comisión sostuvo que «desde el punto de vista jurídico no se aprecian elementos que a la luz de la información suministrada permitan advertir, en esta particular instancia, la existencia de conductas contrarias a la normativa vigente». Tampoco desde el punto de vista económico existen ilegalidades, señaló el informe.
El País Digital
