El proyecto de ley del gobierno entró al Parlamento
La mención a la creación de un fideicomiso para la compra y arrendamiento de tierras para productores lecheros pequeños y medianos, que prevé desalojos abreviados para el que no cumpla, le insumió el sábado 15 al ministro Tabaré Aguerre dos minutos de su discurso de una hora en el cierre de la Expo Prado.
Sin embargo, el titular del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) trabajó en el proyecto de ley que ingresó hace 15 días al Parlamento desde mediados de 2010.
La idea es que el sector crezca en productividad, como lo viene haciendo desde hace un tiempo para superar los 2.500 litros de leche por hectárea de la media nacional, aunque existen tambos que ya superan los 7.500 litros por hectárea.
El ministro Aguerre anda con el power point en el bolsillo, el mismo que le permitió en la sesión del Consejo de Ministros del lunes 27 de agosto pasado defender el proyecto ante el presidente de la República, José Mujica, y sus colegas del gabinete.
Pasada esa prueba, el Poder Ejecutivo envió tres días después el proyecto de ley, de 14 artículos, que ahora está a consideración de la Cámara de Representantes.
El proyecto
El gobierno empezó por reconocer “la importancia de la producción lechera en el desarrollo socio económico de la República” y recordó que “la cadena agroindustrial láctea en Uruguay ha registrado en los últimos 20 años una importante dinámica de crecimiento exportador”.
En la fundamentación de lo que denominó Fideicomisos Financieros para el Incentivo de la Producción Lechera, el gobierno agregó que “este crecimiento obedeció al desarrollo competitivo auténtico, basado en las ventajas que ofrece el país para la producción de leche a bajos costos, en una actividad que es fuertemente promotora del desarrollo local”.
El Poder Ejecutivo remarcó que otro rasgo “es la muy fuerte integración agroindustrial de la producción” y recordó que “un poco más del 80% de la producción de leche es procesada en plantas industriales”.
Más adelante, la iniciativa oficial destaca que “una característica distintiva del sector es su gran tradición en cuanto a cooperación y organización de sistemas asociativos. La relación entre la fase primaria y la industria es clave para la competitividad y esta última tiene un papel potencialmente importante en la articulación entre ellas”.
Por otra parte, la producción lechera “se ha incrementado a una tasa cercana al 4% anual en los últimos años como consecuencia del aumento de la productividad por hectárea y por vaca”. Sin embargo, a ello se contrapone “una reducción en el número de productores”, lo que representa “una suerte de erosión del capital social”.
El proyecto agrega que “las mejoras en los niveles de eficiencia son una consecuencia directa de los cambios tecnológicos en la base forrajera de pasturas y suplementos alimenticios, sanidad y gestión de la producción, para lo cual se requiere un plazo mínimo de 12 años”.
Sin embargo, el sector lechero “enfrenta algunas dificultades estructurales que amenazan esta prosperidad, lo cual requiere el desarrollo de instrumentos complementarios modernos”.
Una de las limitantes que intenta levantar la iniciativa oficial es la escasez de tierras para arrendar, así como los altos precios de los arrendamientos. Según se consigna en el proyecto de ley, “el arrendamiento de la tierra en la producción lechera, en términos promedio fue por US$ 139 la hectárea”, un precio superior al promedio de los arrendamientos en ganadería, lechería/ganadería, forestación y arroz, y “solo superado por la agricultura” y esta combinada con la lechería.
El otro dato relevante es que en el promedio nacional la gran mayoría de los contratos, el 60%, “son por menos de tres años”.
Por ello, el proyecto de ley justifica la necesidad de “buscar alternativas viables para que la pequeña producción lechera no sea desplazada de la actividad”, pues “solo con estabilidad y condiciones previsibles en el mediano y largo plazo de acceso a la tierra será posible” que continúen.
Por otra parte, la mayor parte de los productores lecheros tienen entre 50 y 60 años de edad, por lo que “el acceso al patrimonio lechero heredado por las nuevas generaciones afectará la integración social de la producción lechera”.
El FFIP estará integrado por representantes del MGAP, un agente operador, un fiducidario, los productores beneficiarios, los inversores y las empresas industrializadoras de leche. La idea es que participen las AFAP.
“Y se genera soberanía”, dijo Aguerre en su discurso en la Expo Prado. “Qué cosa más soberana que el ahorro de los uruguayos sea canalizado a través de un instrumento para comprar tierra uruguaya y ofrecérselo en un arrendamiento predecible y estable a productores que necesitan esa tierra para trabajar”, concluyó.
Cinco datos claves
La lechería “ocupa una persona cada 50 hectáreas y más del 80% de los productores vive en el predio”, según el proyecto de ley que crea un fideicomiso para compra y arrendamiento de tierras a tamberos.
Además, “la industria agrega cerca del 50% de valor sobre la materia prima” y cuenta “con un importante sector de servicios nacionales apoyando la producción.
El empleo directo generado en la fase primaria ocupa cerca de 20 mil personas y la secundaria entorno a 3.500”, asegura la iniciativa del Poder Ejecutivo que ahora considera el Parlamento.
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