El Ministerio de Vivienda y Aduanas exigirán la inscripción de las empresas en el registro que establece la ley, para que se hagan cargo de los residuos que generan
Empresas que vendan, importen o distribuyan envases, de cualquier tipo, están obligados a hacerse cargo de ellos. El gobierno está decidido a profundizar el cumplimiento de la ley de Envases e insistir en la responsabilidad de quienes ponen en el mercado productos envasados en recipientes no retornables. Pero no se trata solo de envases de bebidas o productos lácteos. También están obligados quienes comercialicen café, té, yerba y especias, productos de panadería y galletería, productos de cacao y artículos eléctricos y electrónicos, como por ejemplo celulares o televisores.
Para cumplir con esa norma el Poder Ejecutivo decidió endurecer los controles a esas empresas. Desde el pasado lunes 16 de abril la Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) iniciaron el control de inscripción de las empresas que importan productos envasados en recipientes no retornables en el registro que establece la ley vigente. Según consta en la resolución emitida por ambos organismos, la inscripción en el registro “será condición necesaria para que las empresas puedan importar los productos envasados alcanzados por la reglamentación”.
La directora de Planificación de la Dinama, Marisol Mallo, dijo a El Observador que el control de registro se realiza desde la reglamentación de la ley de Envases, en 2007, pero que lo que se comenzó a implementar ahora es “un instrumento de control más potente que frena la importación hasta tanto las empresas no cumplan” con la normativa.
Hacerse cargo
La ley de envases, aprobada en 2004 y reglamentada en 2007, establece que para obtener el certificado de inscripción las empresas deberán contar con un plan de gestión de los residuos de envases de los productos por ellos envasados o comercializados, y deberán prever el cumplimiento de los objetivos de reducción, retornabilidad, reciclado y valoración de esos residuos.
Hasta el momento, ese plan solo se lleva adelante en cinco departamentos: Rivera, Rocha, Flores, Maldonado y Canelones. Según indicó Mallo, el plan es que para este año pueda estar implementado en Montevideo, y continuar su extensión en el resto del país.
Todas las empresas deben hacerse cargo de la gestión de los residuos, aunque el plan no esté implementado en el departamento en el que se encuentren. La Cámara de Industrias lleva adelante un fideicomiso de gestión de envases y coordina las empresas adherentes al sistema. Cada una de ellas por la gestión de los residuos abona una cuota de acuerdo a la cantidad de desechos de envases que coloca en el mercado. Además, a las empresas que se suman tarde al plan, se les cobra una retroactividad con multas y recargos desde que la norma está vigente. Mallo aseguró que hoy son unas 1.400 las empresas inscriptas en el registro, y que ese número “viene creciendo a partir del impacto de cortar la importación para que se cumpla la norma”. Semanas atrás, eran menos de la mitad las registradas.
Cómo es
En los departamentos en los que se está implementando efectivamente la gestión de envases, cada plan se adaptó a la realidad territorial, indicó la jerarca, pero en todos los casos tienen un sistema de recolección diferenciado. “Se trata en general que sea en centros de recepción donde las grandes superficies y centros de comercialización son clave”, dijo. En Canelones y en Maldonado, por ejemplo, hay contenedores con la leyenda “Tu envase sirve”, para que los usuarios colaboren con el plan.
“Ese material es recolectado, preclasificado por clasificadores contratados por el sistema y luego los que tienen capacidad de procesamiento se derivan a industrias para generar otros productos”, indicó Mallo. Esa es la idea para implementar en todo el país, o al menos en las capitales departamentales.
Una de las ideas originales de cuando se elaboró la ley era también dar respuestas sociales a la realidad de los hurgadores y se preveía que quienes recolectaran los plásticos tendrían un empleo formal, un sueldo base y se les pagaría a su vez por la cantidad de envases que lleven. La idea es que eso también sea aplicado en la capital cuando se instale el plan.
Sanciones
La reglamentación de la ley prevé fuertes sanciones para las empresas que no cumplan con la ley. Sin embargo, la administración central no ha tomado “medidas de dureza” hasta el momento, dijo Mallo. Asimismo, agregó que “en la medida en que se avance en el proceso se estará en condiciones de aplicar tanto la sanción económica como la prohibición de la comercialización”, aseguró. La ley prevé que quienes incumplan la normativa con infracciones “leves” (incumplimientos administrativos) deberán abonar entre 50 y 1.000 unidades reajustables ($ 28.870 a $ 577.400). Las infracciones leves pero mayores a incumplimientos administrativos costarán entre 100 y 4.000 UR ($ 57.740 a $ 2.309.000). Y las infracciones graves, entre 200 y 7.000 UR, lo que equivale a $ 115.480 y $ 4.041.800.
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