Los contratos lácteos

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Las organizaciones de productores, un nuevo escenario para los ganaderos de leche asturianos
M.ª ELENA DÍAZ PALACIOS EX DIPUTADA SOCIALISTA EN LA JGPA BENIGNO FERNÁNDEZ FANO VETERINARIO Con la aprobación por el Parlamento europeo (PE) el pasado 15 de febrero del denominado «paquete leche» culmina un largo proceso de debate en el seno de las instituciones comunitarias que se inició en 2009, en un contexto marcado por una grave inestabilidad en el sector lechero europeo, con la creación del denominado Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la leche (GAN). Este grupo de trabajo presentó un informe y unas recomendaciones sobre la situación del sector lechero en Europa, que fueron debatidas en el Consejo Europeo el 27 de septiembre de 2010, el cual acordó solicitar a la Comisión que presentase una propuesta de actuación sobre tres de las cuestiones planteadas por el GAN: las relaciones contractuales, el poder de negociación de los productores y las organizaciones interprofesionales. La Comisión respondió a esta petición elaborando una propuesta de reglamento que modificaba el reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las relaciones contractuales en el sector de la leche y los productos lácteos. Ésta es la propuesta de la Comisión que, con las modificaciones pertinentes, se aprobó el pasado miércoles.
Este reglamento se configura como una más de las medidas previstas por la Comisión para conseguir lo que ha venido denominando desde hace años «aterrizaje suave» del sector lechero, es decir, la minimización de los potenciales efectos perjudiciales que podrían producirse como consecuencia de la desaparición de las cuotas lecheras en la campaña 2014-15, aprobada en el año 2003 en el marco de la denominada Reforma Intermedia de la PAC. La propia Comisión alerta del grave desequilibrio en el poder de negociación que se produce entre ganaderos e industria transformadora por el distinto grado de concentración que presentan ambos sectores, de forma que un gran porcentaje de ganaderos no saben a menudo qué precio recibirán por su producción en el momento de entregar la leche a la industria, precio que frecuentemente es fijado por ésta a posteriori atendiendo a criterios que están completamente fuera del control de los ganaderos. Si a ello unimos que éstos tienen generalmente muy poca capacidad de elección respecto a la industria a la que entregan la leche, podemos concluir fácilmente que los ganaderos productores de leche en el seno de la Unión se sitúan en una posición de clara inferioridad al resto de los eslabones que conforman el sector lechero (industria y distribución) en lo que respecta a su capacidad de negociación sobre aspectos fundamentales para garantizar la viabilidad de sus explotaciones como son el precio y las condiciones de entrega de la producción.
La Comisión, para intentar equilibrar el poder de negociación de las partes, apuesta decididamente por la implantación de Organizaciones de Productores de Leche (OPL) definiendo a nivel comunitario su finalidad, objetivos y algunas características fundamentales de las mismas y dejando algunos aspectos abiertos a regulación por parte de los estados miembros. Uno de los elementos clave de la nueva normativa es la capacidad que se otorga a los estados de decidir sobre el carácter obligatorio o no de la implantación de contratos entre industrias y productores en todo el territorio nacional. Ahora bien, una vez que el Estado ha optado por la obligatoriedad de los mismos (como es el caso de España) el reglamento establece con claridad las condiciones mínimas que debe contener el contrato, que incluyen tres aspectos esenciales: la duración, el volumen de leche y el precio de entrega de la misma, que se mantendrá inamovible durante todo el período de vigencia del contrato. Es decir, el reglamento posibilita que los contratos establezcan, por primera vez en España, el precio de entrega de la leche, lo que salva definitivamente, al tener la UE competencias plenas en materia de competencia, las reiteradas y a lo que se ve infundadas reticencias al respecto de la autoridad española de la competencia que durante años han venido frenando cualquier regulación nacional de este aspecto, esencial para la estabilización del sector productor de leche en España.
A este respecto conviene recordar que en nuestro país el real decreto 460/2011, de 1 de abril, trató ya de allanar el camino para la aplicación de esta normativa comunitaria (contenida en aquel momento aún en borradores) atendiendo a las peculiaridades de nuestro sector lechero, con una fuerte presencia de intermediarios, es decir, de operadores que se dedican simplemente a comprar leche para después colocarla en la industria transformadora, una figura prácticamente desconocida en el resto de la Unión Europea. Básicamente este RD regula la creación de OPL a la vez que intenta definir mejor el papel que deben jugar las interprofesionales en la organización del sector lácteo nacional.
En Asturias, la aplicación de este paquete legislativo comunitario va a ser relativamente sencillo en relación con el resto del país por la feliz circunstancia de que en torno al 70% de la producción de leche de la región es recogida por Central Lechera Asturiana, la cual, en tanto que sociedad agraria de transformación que es, en un principio, no precisa ni establecer contratos con los ganaderos ni crear una Organización de Productores. De hecho, al ser propietaria del 56% de Corporación Alimentaria Peñasanta (Capsa), es y seguirá siendo la capacidad de liderazgo y negociación en el seno del consejo de administración de esta sociedad de los ganaderos representantes de Clas, lo que determine el precio percibido por la leche y el resto de las condiciones de su relación con su industria transformadora.
Para los ganaderos asturianos que no están vinculados a Clas, es evidente que éste es un momento crucial para garantizar el futuro de sus explotaciones. Cabe aconsejarles prudencia y buen asesoramiento antes de tomar la decisión de integrarse en una OPL (a la que se vincularán por un período mínimo de tres años) en cuyo seno se fijarán las condiciones del contrato con la industria, incluido el precio a percibir por su leche. Dado que es mucho lo que está en juego, para ellos sobre todo, pero también para la economía regional, cabe pedirles que sepan separar el trigo de la paja y no atiendan a algunos cantos de sirena que buscan más el lucro personal de unos pocos que el interés general de conseguir precios razonables y estables que den seguridad a un sector muy necesitado de ella. Porque hay muchos intereses en juego y existe un riesgo cierto de equivocarse, creemos que no estaría de más una campaña de información y orientación por parte de las autoridades políticas regionales que contribuya a clarificar el panorama y a identificar los objetivos de interés general que deberían guiar la creación de las OPL y los criterios de adscripción de los ganaderos a las mismas. Porque en este caso, como en otros muchos, el interés particular y el general pueden aunarse perfectamente y reforzarse mutuamente.
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Así lo expresó Domingo Possetto, secretario de la seccional Rafaela, quien además, afirmó que a los productores «habitualmente los ignoran los gobiernos». Además, reconoció la labor de los empresarios de las firmas locales y aseguró que están «esperanzados» con la negociación entre SanCor y Adecoagro.

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