La alianza UPA-COAG considera «lamentables y totalmente inaceptables» las valoraciones realizadas por la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, en relación a la multa de 88,2 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) a once empresas lácteas por prácticas ilegales y pactar precios.
La alianza ha recordado que la multa, si finalmente llega a materializarse y no se reduce tras las reclamaciones judiciales anunciadas por las empresas, «sólo» representa un 10 por ciento de lo que la propia CNMC estima que habrían ganado «ilícitamente» con sus prácticas, en relación a la preocupación manifestada por la ministra sobre la viabilidad de las empresas sancionadas.
Ante este dato, ha incidido que es «totalmente inaceptable» que la preocupación de la ministra se dirija hacia las «pobres empresas» y no hacia los miles de ganaderos afectados, muchos de los cuales ya no están en el sector por los «ruinosos precios» que las industrias denunciadas pactaban por la leche.
Asimismo, la alianza ha asegurado que «está muy claro» que en este caso ha habido quien, «utilizando prácticas prohibidas», ha obtenido «pingües beneficios» a costa de miles de ganaderos. «Está muy claro que aquí hay culpables y hay víctimas, por lo que no cabe otra preocupación que no sea la de resarcir a las víctimas de los perjuicios causados por los culpables», ha lamentado en un comunicado.
EXPEDIENTE DE LA CNMC
El expediente de la CNMC tuvo su inicio a raíz de un estudio sobre el sector lácteo remitido por el Servicio para la Defensa de la Competencia de Castilla y León, que decide intervenir a partir de las denuncias públicas realizadas por la Alianza UPA-COAG contra las prácticas «abusivas» de las empresas lácteas.
Según estimaciones de la organización, en diez años los ganaderos de Castilla y León habrían dejado de percibir alrededor de 320 millones de euros debido al pacto de precios entre las empresas ahora sancionadas,.
Para la Alianza UPA-COAG, «por una elemental cuestión de justicia», esta «ingente» cantidad de dinero sustraída a los productores de leche deberá revertir en los ganaderos como compensación por el «enorme fraude» que se ha cometido contra ellos, «y como forma de que a las industrias lácteas que se han enriquecido ilegalmente no les salga prácticamente gratis tal fechoría».
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