La lucha por la supervivencia de una granja con 80 frisonas en A Laracha
José Manuel Barbeito solo ha arrojado por la fosa séptica la leche que le dan sus 80 vacas frisonas tres veces en su vida. La primera fue durante las movilizaciones contra la cuota láctea, los topes de producción que fijó Bruselas cuando España ingresó en la CEE; la segunda, a raíz de un paro de los transportistas y la tercera, ayer. Este ganadero de A Laracha (A Coruña) secunda junto a su socia y esposa, Teresa Fariña, ambos de 50 años, la huelga de entrega de leche convocada por los sindicatos agrarios, que hoy puede quedar desconvocada tras un principio de acuerdo alcanzado ayer. Una medida de presión en protesta por los bajos precios que les impone la empresa que les compra el producto y que han arrastrado desde 2007 su modesto medio de vida al borde del precipicio. Carmen, la madre de José Manuel, no puede ni mirar el reguero blanco. «Me hace mucho daño. Que se sacrifique tanto para luego verla correr por ahí abajo…»
Su hijo José Manuel reprime las lágrimas mientras la escucha. «Es una huelga muy dura para nosotros, pero la situación es extrema. Llevamos meses perdiendo dinero», explica sentado en la cocina de su casa, a pocos metros de las 80 reses que, ajenas a la huelga, siguen colmando disciplinadamente sus ubres a la espera de ser ordeñadas como siempre, de lunes a domingo dos veces al día, a las siete de la mañana y a las siete de la tarde. Hoy su producción, unos 1.200 litros diarios, rebosará los tanques de frío de la granja y parte de ella acabará, sin que Carmen pueda siquiera mirar, en la fosa de aguas negras.
La Casa de Nelo, el nombre con el que se conoce a esta explotación de A Laracha desde tiempos del tatarabuelo de José Manuel, empezó a vender leche en 1955. Su historia es la historia del sector lácteo en Galicia, un ámbito en el que ni la democracia ni la libertad de mercado han convertido en iguales a los ganaderos y los amos de las industrias. Cuando no había carretera que llegara a la casa, era una lechera, a pulso o a caballo, quien cargaba la leche hasta la vía donde paraba el camión de Leyma. Ella, la lechera, marcaba el precio, influido por lo que le pagaba la empresa. Cuando la mujer se jubiló, la familia Barbeito Queijeiro pasó a transportar las jarras hasta la carretera. Y también era Leyma quien fijaba el precio del producto que ellos vendían.
Por aquel entonces los costes de mantener la granja se cubrían sin problema. No había tractor (lo compraron en 1967), las vacas no comían pienso y la normativa no era exigente en cuanto a las instalaciones (hasta 1972 la Casa de Nelo tenía cohorte de estiércol, no cuadra). “La leche era dinero que entraba a mayores y daba para crecer”, rememora Carmen. En los setenta, las frisonas sustituyeron a las vacas do país y en los noventa llegó la cuota láctea, la moderna maquinaria, las reformas exigidas por el respeto al bienestar animal. Pero Leyma siguió, eso sí, fijando el precio al que la familia Barbeito Queijeiro les vendía la leche.
Aunque la Casa de Nelo seguía sin voz para decidir el precio de venta, la producción de leche aún dejaba margen de beneficio y las crisis pasajeras, que las había, se iban sorteando. Hasta que llegó 2007. “Desde entonces estamos en caída libre”, lamenta José Manuel. Los precios del gasóleo y de los piensos que comen las vacas no dejan de subir mientras la empresa que les compra la leche —ahora es Leche Río. porque esta firma de Lugo adquirió la coruñesa Leyma— les paga cada vez menos: en 2007 les abonaba 0,38 euros por litro y ahora reciben 0,28.
“Esta granja no cubre costes. Tiramos de los ahorros y de la pensión de jubilación de mis padres y nos apretamos el cinturón todo lo que podemos. Pero ya no podemos más”, confiesa José Manuel. Con una sonrisa amarga recuerda cómo un día fue convocado por Leche Río a una reunión en Lugo. Pensó que la empresa, por fin, se avenía a negociar el precio. Fue una quimera. “Me llevaron allí solo para comunicarme lo que me iban a pagar con un ‘si lo quieres bien y si no, te marchas”. Pero la alternativa que le ofreció el representante de Leche Río a José Manuel aquel día también era una falsa ilusión. A diferencia de otros sectores, la sociedad que este ganadero tiene con su esposa para comercializar leche no puede elegir a quién le vende el producto. “Es imposible marcharse y buscar otra central. Las pocas que hay están compinchadas y si te vas de una, las otras no te cogen”, lamenta. Ramón Saleta, del sindicato Unión Agrarias, explica que la normativa “permite al ganadero cambiar de empresa pero hay un pacto encubierto” entre estas industrias que lo hace imposible. “A la granja que lo intenta [buscar otras empresas] no le dicen directamente que no, pero le ponen un millón de excusas y, al final, es imposible”, añade el sindicalista de Bergantiños.
En la relación comercial entre José Manuel y Leche Río no ha habido hasta ahora, según el ganadero, ni un solo papel de por medio, descartando el contrato en blanco que la empresa le envió un día sin éxito para que firmara. Él no se entera de cuánto le va a pagar Leche Río hasta que cobra, algo que suele ocurrir pasado un mes y medio desde la recogida de la leche por parte del camión de la empresa lucense. “Los ganaderos no saben cuánto van a cobrar, si van a poder comprar maquinaria, si van a tener dinero para pagarle la Universidad a su hijo… Esto no es un sinvivir sino un desvivir”, denuncia el representante de Unións Agrarias en Bergantiños. Saleta explica que en la cadena que lleva la leche desde la granja hasta la estantería del supermercado donde se venden los tetra-bricks es el ganadero el eslabón perjudicado: la distribuidora fija un precio de venta bajo al consumidor y la industria le proporciona el producto blindando sus ganancias y endosándole la rebaja a José Manuel y sus compañeros de faena.
En octubre entró en vigor una ley del Gobierno central que obliga a ganaderos e industrias a firmar un contrato que estipule el precio del litro de leche y el tiempo de vigencia. La norma, sin embargo, no prevé la intervención de la Administración en caso de desacuerdo entre las partes. Los sindicatos reclaman que la Xunta marque al menos un precio de referencia basado en diversos parámetros objetivos como los costes de producción, que ellos cifran en 0,34-0,36 euros por litro, cuatro céntimos más de lo que reciben ahora. Solo así, concluye Ramón Saleta, se pondrá fin de verdad al “derecho de pernada” del que gozan las industrias lácteas en las 11.000 granjas de Galicia.
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