Siendo como es el de la leche un asunto tan complejo, al profano interesado sólo le cabe hacer preguntas. En esa complejidad influye sobre todo el hecho de que el ganadero es más que un simple productor. Se trata de uno de los últimos resistentes que mantienen en pie el medio rural gallego, antaño sustancial en la definición de nuestra personalidad y a día de hoy casi residual. De ahí la simpatía espontánea que provocan las demandas del sector. Es este un país en que la vaca también es sagrada y dónde existe un oro blanco que no tienen parangón con otros lugares.
Pero vayamos a las preguntas. La primera obliga a que nos remontemos a los tiempos de una de las luchas míticas del país, casi al mismo nivel que la protagonizada por los Irmandiños. Un inmenso y estruendoso NON se extendió por los campos de Galicia y llegó a las ciudades en forma de pacífica acorazada de tractores. La cuota láctea era vista entonces como una maldición que condenaba a los productores, y contra la que diversos sindicalistas y políticos proponían la producción ilimitada. En eso estamos más o menos, y sin embargo las mismas siglas que antes decían una cosa ahora dicen la contraria, y exigen que la Administración regule los precios. ¿No es una contradicción flagrante? ¿No requeriría una explicación para que la gente no piense que algunos sólo se preocupan de movilizar y protestar, sin tener criterios claros? Otra pregunta nace de la disparidad de precios según la comunidad de que se trate. Basta atravesar el puertos de Os Santos para encontrase en Asturias con un panorama diferente al gallego. ¿Por qué? Tal vez allí la organización del sector hizo posible que el David ganadero le plantara cara al Goliat de la industria y la distribución. Esa aparente incapacidad organizativa quiere ser paliada con el establecimiento de precios mínimos. No es mala idea, siempre y cuando surja como un acuerdo del sector (modelo francés) y no como una imposición que la Administración lleva al BOE o al DOG. Imaginemos un precio oficial. ¿Habría que convocar un referendum entre los productores para fijar la cuantía? ¿Cómo variaría? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Qué ganancia se consideraría justa? Son muchas las objeciones, pero la principal estriba en el agravio comparativo que sufrirían otros sectores que están a merced de los avatares del mercado. No parece ecuánime ni progresista que el Gobierno intervenga para garantizar la rentabilidad de un ganadero y no la del que tiene un bar o una tienda. Preguntas de un profano.
CARLOS LUIS RODRÍGUEZ
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