El establecimiento vendía la leche a un precio inferior al de la adquisición.El establecimiento vendía la leche a un precio inferior al de la adquisición.
Desde 2012 el Gobierno de Cantabria ha sancionado a ocho establecimiento con multas que en algunos casos han alcanzado los 15.000 euros.
Octavo establecimiento sanciado desde que en 2012 El Gobierno de Cantabria pusiera en marcha la campaña de inspección para controlar el precio de venta al público. En esta ocasión, la multa asciende a 3.000 euros que deberá abonar un establecimiento que vendía leche con pérdida fuera de los supuestos que recoge la Ley de Comercio de Cantabria. Es decir, ofrecía a sus clientes el producto a un precio inferior al de la adquisición según factura.
El objetivo, según el Ejecutivo cántabro, es «defender la libre y leal competencia entre todas las empresas distribuidoras y proteger los derechos de los ganaderos de Cantabria para evitar una caída de los precios que haga inviables sus explotaciones».
El procedimiento se sigue desde la Dirección de Comercio a instancias de la Dirección General de Pesca y Alimentación de la Consejería de Desarrollo Rural encargada de visitar diversos establecimientos, hipermercados y supermercados, para comprobar los precios de venta al público y las variaciones de éstos respecto a los de visitas anteriores.
Los resultados son enviados y comprobados por el Servicio de Comercio y Consumo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, que, en vista del aumento o disminución de los precios en los distintos períodos observados, inspecciona aquellos establecimientos en los que se hayan producido disminuciones de precios, levanta acta con el PVP en el momento de la inspección y se requiere la factura de compra.
Posteriormente, a la vista de esta factura, si el precio de compra por el comerciante a su proveedor es inferior al PVP, se inicia el expediente sancionador.
Desde el lanzamiento de esta iniciativa son ocho las sanciones recogidas: tres en 2012, cuatro en 2013 y una en 2014, y las sanciones han llegado en algunos casos hasta los 15.000 euros, siendo calificadas todas ellas como graves.
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