YA hace unos años, alguien dijo aquello de que “no hay nada más negro que la leche” y si bien aquella expresión estaba referida a los tejemanejes que utilizaban las industrias lácteas (o sus intermediarios) para blanquear legalmente lo que se llama “leche negra” -que no es más que leche fuera de cuota-, no me negarán que la bomba lanzada hace unos días desde la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) con su multa a las industrias lácteas, ha dejado aquel episodio relegado a la categoría de mera anécdota.
Como sabrán, la CNMC ha impuesto multas por un importe total de 88,2 millones de euros a nueve empresas y dos asociaciones que operan en el mercado lácteo. Y en dicha resolución, en la que entre otros participó la exvicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia, se reconocen diferentes prácticas anticompetitivas que han perjudicada, grave y continuadamente, a los ganaderos entre los años 2000 y 2013.
Esta resolución recoge que las prácticas ahora penadas ya fueron anteriormente denunciadas en ámbitos menores, prácticas como el reparto del mercado de compra y recogida de leche entre las empresas transformadoras impidiendo o al menos dificultando que los ganaderos pudieran cambiar de comprador; la estrategia de acuerdo de precios de compras con una coordinación aplicada disciplinadamente por los jefes de compra y las estrategias coordinadas de presión al ganadero, con el fin de reducir la cantidad de leche comprada a los ganaderos, lo que podía desembocar en la pérdida de la cuota láctea para el ganadero.
La CNMC, como en toda película de espías que se precie y por lo que se recoge en el documento de 125 páginas, ha efectuado una serie de inspecciones en los domicilios empresariales y del examen de la información obtenida en las mismas se deduce la existencia de indicios racionales de la comisión, por parte de varias empresas, de una infracción consistente en intercambios de información y/o acuerdos para el reparto de mercado y la fijación de condiciones comerciales, en el mercado de aprovisionamiento de leche de vaca.
Es decir, traduciendo al lenguaje popular, que dichas empresas acordaban entre ellas cuándo bajar el precio, en qué cuantía y qué rutas de recogida iba a efectuar cada una de ellas para que los ganaderos ni se sublevasen ni se pusiesen farrucos. ¡Hasta ahí podíamos llegar!
Los encuentros entre directivos o jefes de compra y los intercambios de emails fueron continuos y en ellos se recogen los acuerdos alcanzados entre todas las empresas. Ahora bien, dejando bien claro que siempre ha habido y habrá clases, la propia resolución de la CNMC recoge la existencia de un grupo G-4 (Lactalis/Puleva, Danone, Pascual y Capsa), a similitud de lo que ocurre en el mundo con el G-8, que son los que llevaban la batuta de la orquesta. Y aunque suele decirse que la realidad supera la ficción, mi escasa sesera no alcanza para captar lo que dice una de las empresas cuando, al ser preguntada por los intercambios de precios, responde tan majamente aquello de que ese intercambio de datos “respondía únicamente a las labores de inteligencia comercial”. O sea, que algunas empresas cuentan con su propio CNI o servicio de espías. En fin, que no somos nada.
En este compadreo y reparto de rutas y ganaderos (incluso llegando a cederse entre ellos algún que otro ganadero, a pesar de su negativa) han participado casi todas las empresas que alcanzan el 80% de la leche. Pero conviene recordar (para que los consumidores sepan la actuación de los dirigentes de la leche que consumen) cuáles son las principalmente afectadas: Danone (23,2 millones); Corporación Alimentaria Peñasanta-Asturiana (21,8 millones); Grupo Lactalis-Lauki y President (11,6 millones); Nestlé España (10,6 millones); Puleva Food (10,2 millones) y Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual), con 8,5 millones y que otras cuantas (Leche Rio, Reny Picot, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria) si se han quedado sin ser empapeladas no es porque no estuviesen en la pomada sino porque la infracción ha prescrito.
Euskadi, al margen
No obstante, quisiera reseñar, al hilo del escándalo, que una vez más ha quedado claro que Euskadi es un país serio y que sus empresas y cooperativas no han participado en este festín que las empresas se han dado a cuenta de los ganaderos. Euskadi cuenta con una estructuración láctea, a mi entender, modélica con una cooperativa dominante, Kaiku, donde los ganaderos cuentan, y mucho, y además esta cooperativa participa mayoritariamente en una empresa transformadora, Iparlat, en la que la ética y sus objetivos en pro del sector ganadero son su razón de ser y la guía de sus actuaciones en el día a día. Por ello, no conviene que ni ganaderos (tanto los que están dentro como los que siguen fuera) ni consumidores lo olviden fácilmente.
Cuando los principios se olvidan, cuando los ganaderos rehuyen de sus responsabilidades cediendo en exceso el control de las empresas a tecnócratas sin alma y los intereses de estos pocos dirigentes se acaban por imponer frente a los de sus numerosos ganaderos de base, ocurre lo que ocurre. Y muestra de ello es lo recogido en la resolución, por lo que tengo que admitir que no me ha extrañado nada conocer que algunos ganaderos, asturianos por más señas, han comenzado a pedir que rueden cabezas.
Por Xabier Iraola Agirrezabala
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